La Unidad de Inteligencia Financiera reportó 8 mil 670 millones de pesos inmovilizados durante la actual administración; el balance incorpora el rastreo de recursos y la recuperación de activos como otro frente de la estrategia federal de seguridad
El Gobierno federal comenzó a colocar el seguimiento del dinero como otro indicador de su estrategia contra el crimen. A las capturas, decomisos de drogas y aseguramientos de armas se suman ahora las cuentas inmovilizadas, el rastreo de operaciones financieras y la recuperación de activos vinculados con estructuras ilícitas.
Durante la conferencia matutina de este viernes 28 de agosto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, presentó los resultados correspondientes al periodo de octubre de 2024 a agosto de 2026: 2 mil 395 personas incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas, 24 mil 622 cuentas inmovilizadas y 8 mil 670 millones de pesos bloqueados.
UIF sigue el dinero detrás de las estructuras criminales
El balance permite observar una vertiente de la estrategia de seguridad que ocurre fuera de los operativos policiales y militares: detectar cómo circulan los recursos, identificar personas y estructuras consideradas de riesgo para el sistema financiero e impedir que determinadas cuentas continúen operando.
De las 24 mil 622 cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 corresponden, de acuerdo con la UIF, a integrantes de organizaciones criminales de mayor presencia e incidencia en el país. Esto representa prácticamente una de cada tres cuentas bloqueadas durante la actual administración.
La UIF también participa en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, dentro de la cual ha inmovilizado otras mil 443 cuentas relacionadas con ese delito.
Las cifras requieren una distinción: una cuenta inmovilizada no equivale por sí misma a una sentencia ni permite considerar automáticamente a su titular responsable de un delito. La UIF genera inteligencia financiera e identifica personas y estructuras que representan riesgos para el sistema financiero; los procedimientos penales y la determinación de responsabilidades corresponden a otras etapas e instancias.
Cinco entidades concentran el mayor número de cuentas bloqueadas
El reporte presentado en Palacio Nacional ubicó a Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Baja California como las cinco entidades con mayor número de cuentas inmovilizadas.
El desglose territorial permite incorporar otro componente al análisis: las acciones financieras no necesariamente coinciden con los lugares donde ocurren las capturas o decomisos, ya que buscan identificar dónde se concentran o movilizan los recursos sujetos a investigación.
Quintana Roo aparece con 25 cuentas inmovilizadas, lejos de las entidades que encabezan el registro nacional, pero dentro del mapa de operaciones alcanzadas por las acciones de inteligencia financiera.
Caso García Luna-Weinberg lleva el rastreo hasta la recuperación de activos
El Gobierno presentó además un caso concreto para mostrar hasta dónde puede avanzar la ruta financiera.
Reyes Colmenares informó que el Estado mexicano recibió el pasado 25 de agosto 5 millones 805 mil 693.50 dólares, provenientes de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades en Florida, como resultado del litigio relacionado con la familia Weinberg y la red vinculada con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.
De acuerdo con la información presentada por la UIF, entre 2008 y 2018 se identificó un esquema relacionado con desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El análisis financiero permitió reconstruir movimientos, triangulaciones y una estructura de empresas vinculadas con García Luna y la familia Weinberg.
En mayo de 2026 se obtuvo una sentencia favorable al Estado mexicano contra integrantes de la familia Weinberg en Florida, mientras que todavía existen otros activos pendientes de liquidación. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los 5.8 millones de dólares recuperados serán destinados a proyectos educativos en la Montaña de Guerrero.
El caso permite conectar los distintos eslabones de la estrategia financiera: identificar movimientos de dinero, reconstruir redes empresariales y operaciones, emprender acciones legales y, cuando los procedimientos lo permiten, recuperar activos.
De las capturas al seguimiento de los recursos
La presentación de la UIF amplía la manera en que el Gobierno de Claudia Sheinbaum comunica los resultados de su estrategia de seguridad.
El indicador ya no se limita a cuántos presuntos integrantes de organizaciones criminales fueron detenidos, cuántas armas se aseguraron o cuánta droga fue decomisada. La inteligencia financiera incorpora otra ruta: dinero, cuentas, empresas, operaciones financieras y recuperación de activos.
La lógica es complementaria. Detener a operadores busca afectar la estructura humana y operativa de una organización; inmovilizar recursos pretende reducir su capacidad económica y dificultar el uso del sistema financiero para actividades ilícitas.
El reto será convertir inteligencia financiera en resultados judiciales
El crecimiento de las acciones de la UIF coloca también un parámetro para medir la efectividad de esta vertiente de la estrategia. Bloquear una cuenta puede interrumpir el acceso a determinados recursos, pero el resultado de largo plazo dependerá de las investigaciones, procedimientos judiciales y acciones que permitan acreditar el origen ilícito de los activos cuando corresponda.
El caso García Luna-Weinberg muestra precisamente el siguiente tramo de esa ruta: pasar del seguimiento de operaciones financieras a litigios que permitan recuperar recursos.
La presentación de este viernes deja así una señal adicional dentro de la política federal de seguridad: el Gobierno busca golpear no sólo a quienes operan las estructuras criminales, sino también los recursos que permiten financiarlas y conservar su capacidad económica.