La diputada promovió una ley para que el Gobierno de Quintana Roo y los 11 ayuntamientos incorporen gradualmente energías renovables en sus edificios; la propuesta continúa en comisión, aunque uno de sus firmantes preside el órgano encargado de dictaminarla
La iniciativa impulsada por la diputada María José “Majo” Osorio Rosas para incorporar energías limpias en edificios públicos de Quintana Roo permanece sin dictamen desde el 21 de febrero de 2025. El proyecto fue turnado a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, pero todavía no ha avanzado hacia la discusión y votación del Pleno.
La propuesta busca que las dependencias estatales, los organismos públicos y los 11 ayuntamientos reduzcan gradualmente su dependencia de la electricidad convencional mediante sistemas de energía renovable. Su aplicación estaría condicionada a estudios técnicos, viabilidad económica, suficiencia presupuestaria y capacidad institucional.
El proyecto fue presentado por Majo Osorio junto con Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Jorge Armando Cabrera Tinajero, Luz Gabriela Mora Castillo y Alexa Murguía Trujillo, todos integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México.
El expediente fue enviado a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, presidida por Jorge Armando Cabrera Tinajero. El dato resulta relevante porque Cabrera Tinajero no solo encabeza la comisión responsable de estudiar y elaborar el dictamen: también aparece como uno de los promoventes y firmantes de la iniciativa.
Una transición pública gradual, no una instalación inmediata
La iniciativa de energías limpias en edificios públicos no obliga a colocar paneles solares inmediatamente en todas las oficinas gubernamentales. Plantea primero crear un programa estatal que determine qué inmuebles son aptos, cuánto costaría la transición, qué tecnología conviene utilizar y en qué plazo puede recuperarse la inversión.
También propone la creación de un consejo encargado de aprobar el programa, revisar anualmente los avances, emitir recomendaciones y publicar un informe sobre el cumplimiento de las metas. En ese órgano participarían representantes estatales, municipales, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de instituciones públicas de educación superior.
La Secretaría Técnica tendría entre sus funciones elaborar los estudios de viabilidad, desarrollar proyectos para cada inmueble e impulsar estrategias de uso eficiente de la electricidad. La propuesta contempla que las decisiones no se limiten a comprar equipos, sino que partan de un análisis técnico, económico y financiero.
Lo que propone la iniciativa
| Medida | Alcance planteado |
|---|---|
| Programa estatal | Organizaría la incorporación gradual de energías renovables en inmuebles públicos |
| Estudios de viabilidad | Evaluarían instalación, costo, generación, consumo y beneficios |
| Consejo de seguimiento | Revisaría avances y publicaría un informe cada año |
| Presupuesto gradual | Cada ente público incorporaría recursos según su suficiencia financiera |
| Nuevos edificios | Deberían evaluar desde su planeación el uso parcial o total de energías renovables |
| Responsabilidades | Podrían aplicarse cuando una autoridad omita injustificadamente las acciones aprobadas |
El beneficio potencial contrasta con la falta de resolución
El punto favorable de la iniciativa es que podría convertir al sector público en un usuario más eficiente de la energía, reducir gradualmente el gasto por consumo eléctrico y establecer metas verificables para dependencias y municipios.
También obligaría a justificar técnicamente las decisiones. Antes de instalar sistemas renovables, cada proyecto tendría que determinar si el inmueble es apto, cuánto costaría la intervención y qué beneficios económicos o energéticos podría producir.
El contraste está en el procedimiento legislativo. A casi 17 meses de su presentación, el expediente continúa registrado como turnado y no se localizó públicamente un dictamen positivo o negativo que explique si la propuesta es jurídicamente viable, requiere correcciones o enfrenta observaciones presupuestales.
Sin dictamen, la iniciativa no puede pasar al Pleno. Por ello, todavía no existe una votación que permita conocer la postura de cada grupo legislativo ni puede afirmarse que la propuesta haya sido rechazada.
La propuesta energética
5 diputados del Partido Verde firmaron la iniciativa
11 ayuntamientos quedarían incluidos
21 artículos contiene el proyecto de ley
10 años sería el plazo máximo planteado para su cumplimiento progresivo
180 días tendría el consejo para instalarse después de la entrada en vigor
1 informe anual tendría que publicarse sobre los avances
Fuente: Proyecto legislativo presentado ante la XVIII Legislatura.
El costo puede ser uno de los puntos por resolver
La propuesta establece que la incorporación de energías limpias en edificios públicos de Quintana Roo dependería de la suficiencia presupuestaria de cada institución. Los entes públicos tendrían que considerar recursos en sus anteproyectos de egresos y también podrían utilizar instrumentos financieros para ejecutar los proyectos.
Este componente puede requerir un análisis detallado antes de emitir el dictamen. La ley generaría obligaciones para dependencias estatales y gobiernos municipales con capacidades financieras diferentes, además de gastos por estudios, instalación, adecuaciones, equipos y mantenimiento.
Sin embargo, hasta ahora no se encontró públicamente un estudio de impacto presupuestario ni un documento de la comisión que identifique este punto como la causa del retraso. Por ello, no puede afirmarse que el dinero sea el motivo que mantiene detenida la iniciativa.
La propuesta original señalaba que las primeras erogaciones se realizarían con cargo a los presupuestos de 2026 y ejercicios posteriores. Ese transitorio tendría que actualizarse si la iniciativa avanza, debido a que el ejercicio fiscal de 2026 ya se encuentra en curso.
Hospitales, escuelas y edificios históricos podrían quedar fuera
La iniciativa permite exceptuar inmuebles relacionados con seguridad, protección civil, emergencias, centros penitenciarios, educación y salud pública. También incluye los edificios considerados patrimonio arqueológico, histórico, artístico o cultural y aquellos que, por sus características, no sean técnicamente aptos.
Cada excepción tendría que quedar incorporada en el programa con una justificación técnica. Esto evitaría que la obligación se aplique de manera general a construcciones donde una intervención pudiera afectar su funcionamiento, seguridad o valor patrimonial.
El proyecto también establece que los edificios construidos, adquiridos o arrendados después de la entrada en vigor de la ley tendrían que evaluar desde el inicio la posibilidad de utilizar energías renovables, siempre con base en su viabilidad económica.
La comisión debe definir el futuro de la propuesta
La Ley Orgánica del Poder Legislativo de Quintana Roo establece que las comisiones tienen la obligación de estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas para que puedan ser votadas dentro del ejercicio constitucional de la Legislatura. La norma vigente no fija para esta iniciativa un plazo ordinario de 150 días; establece que debe resolverse antes de que concluya la XVIII Legislatura.
Por ello, la iniciativa no se encuentra formalmente fuera del periodo constitucional, aunque el tiempo transcurrido y la ausencia de una explicación pública abren preguntas sobre su avance.
La comisión presidida por Jorge Armando Cabrera Tinajero debe definir si el proyecto recibe un dictamen favorable, si requiere modificaciones para corregir aspectos técnicos y presupuestales o si existen razones para emitir una resolución negativa.
Majo Osorio aparece como una de las principales impulsoras de la propuesta y su contenido conserva vigencia frente al consumo energético de las instituciones públicas. El siguiente paso, sin embargo, ya no depende solo de haber presentado la iniciativa: requiere que la comisión responsable concluya su análisis y permita que el Pleno decida.
Una propuesta ambiental que todavía espera una decisión
La aprobación de esta ley no significaría que todos los edificios gubernamentales cambiarían inmediatamente a energías renovables. Su principal efecto sería crear reglas, responsabilidades, estudios, metas y mecanismos de seguimiento para iniciar una transición gradual.
La falta de dictamen mantiene en pausa ese proceso. También impide conocer cuánto podría invertir el Gobierno estatal, qué ahorro sería posible, cuántos edificios resultarían viables y cuáles serían las primeras dependencias o administraciones municipales en aplicar el programa.
La iniciativa de Majo Osorio sobre energías limpias conserva así sus dos caras: plantea una política que podría reducir el consumo eléctrico convencional y ordenar la transición energética del sector público, pero todavía necesita superar la etapa legislativa que permita discutir sus costos, corregir sus debilidades y convertir sus beneficios potenciales en obligaciones aplicables.