La FGE recibe más de mil carpetas semanales, pero sus informes no permiten conocer cuántas terminan en sentencia. Para 2027 proyecta solicitar 2 mil 500 millones de pesos, más que los ingresos conjuntos de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos
La Fiscalía de Quintana Roo proyecta solicitar cerca de 2 mil 500 millones de pesos para 2027, aunque sus reportes públicos no permiten conocer cuántas de las más de mil carpetas que recibe cada semana llegan ante un juez, concluyen con una sentencia o consiguen la reparación del daño.
El anteproyecto sería presentado en septiembre ante el Congreso del Estado. Si se mantiene la cifra anunciada por el fiscal Raciel López Salazar, la dependencia buscaría 798 millones de pesos adicionales respecto de los mil 701 millones 996 mil 688 pesos autorizados para 2026, un incremento de 46.9%.
La institución ha señalado que destinaría los recursos a personal, infraestructura forense, oficinas, vehículos y equipamiento. Sin embargo, todavía no presenta un desglose público ni metas que permitan establecer qué resultados mejorarían con el aumento.
El tamaño de los 2,500 millones
| Institución o municipio | Recursos |
|---|---|
| FGE: presupuesto aprobado para 2026 | $1,701,996,688 |
| FGE: proyección para 2027 | $2,500,000,000 |
| Cozumel: ingresos para 2026 | $1,068,220,232 |
| Felipe Carrillo Puerto: ingresos para 2026 | $797,269,724 |
| José María Morelos: ingresos para 2026 | $434,799,103 |
| Total de los tres municipios | $2,300,289,059 |
Fiscalía de Quintana Roo no muestra cuántas carpetas resuelve
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 estimó una cifra negra de 92.9% en Quintana Roo durante 2024. Esto significa que casi 93 de cada 100 delitos no fueron denunciados o no derivaron en una carpeta de investigación.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calculó 569 mil 492 delitos en el estado durante ese año. Alrededor de 529 mil quedaron fuera de una investigación formal.
La encuesta también registró un aumento de 15% en la tasa de víctimas, que pasó de 22 mil 190 por cada 100 mil habitantes en 2023 a 25 mil 599 durante 2024.
La cifra negra no depende únicamente de la FGE, pues también intervienen el miedo, la pérdida de tiempo, las dificultades para denunciar y la desconfianza en las autoridades. Aun así, muestra el reducido alcance del sistema de procuración de justicia frente al número real de delitos.
Más de mil carpetas semanales sin seguimiento
En su balance del 16 al 22 de junio de 2025, la Fiscalía reportó mil 36 carpetas abiertas, 53 vinculaciones a proceso y 27 órdenes de aprehensión cumplimentadas.
Los datos no corresponden necesariamente a los mismos expedientes. Una vinculación obtenida esa semana puede proceder de una investigación iniciada meses o años antes. Por ello, las cifras no permiten calcular qué proporción de las carpetas avanzó.
Los comunicados institucionales privilegian detenciones, cateos, aseguramientos, órdenes de aprehensión y vinculaciones, pero no ofrecen un seguimiento completo desde la denuncia hasta la sentencia.
La FGE tampoco publica de forma regular y accesible cuántas carpetas fueron judicializadas, enviadas al archivo temporal o cerradas por falta de elementos. La apertura de un expediente confirma que una denuncia fue registrada, no que el delito se resolvió.
Detenciones no equivalen a sentencias
La Fiscalía ha reportado 330 personas detenidas por extorsión. En materia de trata informó que 133 personas fueron llevadas a proceso y mil 182 víctimas fueron ubicadas durante tres años de gestión.
Estas cifras muestran actividad operativa, aunque requieren información complementaria sobre sentencias, absoluciones, casos pendientes y reparación del daño. Una detención no acredita culpabilidad y una vinculación solo permite que el proceso continúe.
También debe separarse el trabajo propio de la FGE de los resultados obtenidos junto con autoridades federales, estatales y municipales. Sin esa distinción, no es posible determinar qué parte de los avances corresponde directamente al presupuesto de la Fiscalía de Quintana Roo.
Solicitud supera los recursos de tres municipios
Los ingresos anuales de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos suman 2 mil 300 millones de pesos. La cantidad que pretende solicitar la Fiscalía los supera por 199.7 millones.
La comparación sirve para dimensionar la propuesta. Una fiscalía estatal y un ayuntamiento tienen atribuciones diferentes, pero los tres gobiernos municipales deben financiar durante todo el año seguridad preventiva, servicios públicos, administración y obra comunitaria.
Además, los 798 millones adicionales que busca la FGE equivalen prácticamente a todo el presupuesto anual de Felipe Carrillo Puerto.
Congreso deberá exigir resultados medibles
La proyección para 2027 sería el tercer intento de la Fiscalía por conseguir una ampliación considerable. Para 2025 solicitó 2 mil 961 millones de pesos y para 2026 pidió cerca de 2 mil 500 millones, sin obtener los montos planteados.
El Presupuesto de Egresos de Quintana Roo confirma una asignación de mil 701 millones 996 mil 688 pesos para 2026. Esta cantidad no coincide con los mil 800 millones mencionados por Raciel López Salazar, diferencia que la institución deberá aclarar.
Antes de aprobar un aumento de 46.9%, el Congreso tendría que exigir el presupuesto ejercido, el rezago acumulado y metas sobre carpetas judicializadas, sentencias, identificación forense y reparación del daño.
La discusión no debe limitarse a cuánto dinero necesita la Fiscalía de Quintana Roo, sino a qué resultados ha obtenido y cómo demostrará que 2 mil 500 millones de pesos se traducirán en mayor acceso a la justicia.