La presidenta confirmó que México obtuvo un resultado ampliamente favorable en el arbitraje promovido por Vulcan Materials, pero aclaró que el laudo permanece reservado por 30 días y que el proceso aún podría derivar en nuevas acciones legales.
Aunque el arbitraje internacional promovido por la empresa estadounidense Vulcan Materials concluyó con una resolución ampliamente favorable para México, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este martes que el caso aún no está completamente cerrado, ya que el laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) permanece bajo confidencialidad y ambas partes todavía cuentan con mecanismos legales previstos en el procedimiento.
Durante la conferencia matutina, la mandataria respondió a cuestionamientos sobre el fallo dado a conocer el lunes, luego de que la Secretaría de Economía informara que el tribunal desestimó prácticamente la totalidad de la demanda presentada por la filial Calizas Industriales del Carmen (Calica), que reclamaba cerca de 1 mil 700 millones de dólares por el cierre de sus operaciones mineras en Quintana Roo.
De acuerdo con la resolución, únicamente prosperó una reclamación relacionada con la clausura de un predio ocurrida en enero de 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que representa una compensación equivalente a menos del 1% del monto originalmente exigido; es decir, que la indemnización rondaría los 15 millones de dólares.
«No podemos dar más detalles»
Sheinbaum explicó que, por las reglas que rigen este tipo de arbitrajes internacionales, el contenido íntegro del laudo permanece reservado durante un periodo de aproximadamente 30 días, por lo que evitó pronunciarse sobre aspectos específicos planteados tanto por la empresa como por los reporteros.
«No podemos dar más detalles por estos 30 días», señaló la presidenta al explicar que tanto el Gobierno de México como Vulcan Materials ya conocen la resolución, pero deben respetar el periodo de confidencialidad establecido por el procedimiento arbitral.
La mandataria agregó que el Gobierno federal analiza el contenido del fallo para determinar las acciones legales que correspondan, ya que tanto México como la empresa aún cuentan con la posibilidad de promover recursos dentro del propio mecanismo del CIADI.
¿Cómo comenzó el conflicto?
La disputa entre México y Vulcan Materials se remonta a varias décadas atrás. A través de su filial Calizas Industriales del Carmen (Calica), la empresa obtuvo permisos para explotar bancos de piedra caliza en la zona de Playa del Carmen, material que durante años fue exportado hacia Estados Unidos mediante el puerto de Punta Venado.
Sin embargo, a partir de 2018 comenzaron procedimientos administrativos y clausuras por presuntas violaciones a las condicionantes ambientales establecidas en las autorizaciones otorgadas a la empresa.
Vulcan sostuvo que las autoridades mexicanas incumplieron los compromisos asumidos bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y calificó como arbitrario el cierre de sus operaciones extractivas.
Por su parte, el Gobierno mexicano argumentó que las medidas respondieron al incumplimiento de la legislación ambiental y a los daños ocasionados por décadas de explotación minera, entre ellos la afectación de cenotes, cavernas y ríos subterráneos.
La creación del Área Natural Protegida
Uno de los momentos más importantes del conflicto ocurrió en 2024, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decretó el Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, que abarca alrededor de 54 mil hectáreas en la costa de Quintana Roo.
Dentro de ese polígono quedaron incluidos los terrenos donde operaba Calica, con el objetivo de proteger selvas, humedales, acuíferos, cenotes y especies de flora y fauna de alto valor ecológico.
La declaratoria impide nuevas actividades de extracción minera dentro de la zona protegida y convirtió el caso en uno de los conflictos ambientales más relevantes entre México y una empresa extranjera.
¿Qué pasará con Punta Venado?
Durante la conferencia también se cuestionó a la presidenta sobre el futuro del puerto de Punta Venado, otro de los puntos sensibles del conflicto.
Sheinbaum explicó que, por ahora, no puede ofrecer detalles adicionales debido al periodo de confidencialidad del arbitraje.
No obstante, recordó que una parte de los terrenos continúa siendo propiedad de Vulcan Materials, mientras que la operación portuaria involucra competencias del Estado mexicano, por lo que el tema forma parte de los asuntos que aún deberán resolverse una vez que concluya el proceso.
La mandataria tampoco confirmó versiones sobre una eventual negociación para asignar otros terrenos a la empresa a cambio de desistir de nuevas reclamaciones, al señalar que por el momento no es posible profundizar en ese aspecto.
México evita el pago millonario
El lunes, la Secretaría de Economía confirmó que el tribunal arbitral únicamente reconoció una reclamación relacionada con la clausura de un predio en 2018, desechando prácticamente todas las demás pretensiones económicas de Vulcan Materials.
Aunque la empresa estadounidense afirmó que el tribunal determinó que México incurrió en diversas violaciones al TLCAN, también reconoció que la compensación económica concedida fue insignificante frente a los casi 1 mil 700 millones de dólares que reclamaba originalmente.
El Gobierno federal sostuvo que el resultado refleja su compromiso con el respeto a la inversión extranjera, siempre que ésta cumpla con la legislación mexicana y con la protección del medio ambiente.
El conflicto aún no termina
Pese al fallo favorable para México, el caso Vulcan todavía no puede considerarse totalmente concluido.
Durante las próximas semanas ambas partes podrán analizar el contenido completo del laudo y decidir si ejercen los mecanismos legales disponibles dentro del propio procedimiento arbitral.
Mientras tanto, permanecen pendientes temas como el futuro de Punta Venado, la implementación del plan de manejo del Área Natural Protegida Felipe Carrillo Puerto y la definición de las acciones que marcarán la siguiente etapa de uno de los litigios ambientales y comerciales más importantes que ha enfrentado Quintana Roo en los últimos años.