Siete empresas relacionadas entre sí acumularon mil 495 millones de pesos en contratos de Sedena y Guardia Nacional entre 2020 y 2024. La falla no se concentró en una licitación: durante cuatro años, los controles permitieron que compañías del mismo círculo aparecieran como competidoras sin que exista una investigación pública integral
Los contratos de Sedena y Guardia Nacional fueron adjudicados para placas balísticas, chalecos antibalas, cascos antifragmento, vestuario y equipo de campaña durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuando Luis Cresencio Sandoval encabezaba la Secretaría de la Defensa Nacional.
Los expedientes revisados muestran que las empresas compartían socios, domicilios, representantes u operaciones comerciales. Aunque aparecían como participantes independientes, la competencia se reducía al analizar las relaciones entre ellas.
No existe hasta ahora una resolución administrativa, penal o de competencia que determine formalmente una colusión. Tampoco se ha informado de una investigación específica sobre el conjunto de los 13 procedimientos señalados.
Contratos de Sedena repitieron el mismo círculo empresarial
| Procedimiento | Competencia registrada | Resultado |
|---|---|---|
| Placas balísticas, 2020 | Tres empresas relacionadas participaron entre nueve concursantes | México Montecitos fue la única que cumplió técnicamente |
| Placas para Guardia Nacional, 2022 | Dos compañías vinculadas participaron entre seis ofertas | KGB Servicios obtuvo alrededor de 286 millones de pesos |
| Placas para Sedena, 2022 | Promatech concursó frente a empresas relacionadas con la red | Recibió 319.4 millones de pesos |
| Vestuario y equipo, 2023 | Tres compañías del mismo círculo participaron en distintas partidas | Obtuvieron cerca de 51 millones de pesos |
| Cascos antifragmento, 2024 | Distribuciones Orval y PQ Servicios coincidieron en el concurso | Sumaron aproximadamente 93 millones de pesos |
La red es relacionada con el empresario Pedro Javier Quintana Yáñez y tiene como uno de sus centros a PQ Servicios e Infraestructura. También aparecen México Montecitos, Distribuidora Izztar, Distribuciones Orval, KGB Servicios de Protección Integral, Mex-Msf-Mco y Protective Materials Technology, conocida como Promatech.
El patrón no dependió de una sola dependencia ni de un único ejercicio presupuestal. Las coincidencias se repitieron en compras de Sedena y Guardia Nacional mientras empresas externas eran descalificadas o no superaban las evaluaciones técnicas.
Promatech unió los contratos con el patrimonio de Sandoval
El caso más delicado corresponde a Promatech. Una de sus accionistas, Alejandra Aguilar Solórzano, vendió en febrero de 2020 un departamento a Luis Cresencio Sandoval. Dos años después, la empresa recibió un contrato de Sedena por 319.4 millones de pesos para suministrar 48 mil juegos de placas balísticas.
| Fecha | Hecho | Punto crítico |
|---|---|---|
| Febrero de 2020 | Sandoval compró el departamento a una accionista de Promatech | Existió una relación patrimonial previa |
| Febrero de 2022 | Sedena contrató a Promatech por 319.4 millones | La empresa se convirtió en proveedora de la dependencia |
| Mayo de 2022 | Promatech fue inhabilitada por incumplimientos | La sanción duró 21 meses |
| 2023 | La compañía volvió a presentar una propuesta ante Sedena | Intentó regresar a las contrataciones militares |
| Julio de 2026 | Promatech apareció dentro de la red de siete empresas | El caso quedó integrado en un patrón más amplio |
La compraventa no demuestra que el inmueble haya sido una contraprestación ni existe una resolución que atribuya a Sandoval una intervención directa en la licitación. Sin embargo, la relación obligaba a revisar un posible conflicto de interés antes de contratar a la empresa.
Promatech incumplió el plazo de entrega y fue inhabilitada. Además, después de recibir el contrato compró alrededor de 13 millones de pesos en material balístico a PQ Servicios, otra compañía del mismo círculo empresarial.
Sedena no explica qué controles fallaron
La Sedena no ha informado qué mecanismos aplicó para detectar empresas relacionadas dentro de los mismos concursos. Tampoco se ha anunciado una revisión conjunta de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Fiscalía General de la República o una autoridad de competencia.
El problema no se limita al departamento, a Promatech ni a una licitación. Durante cuatro años, los controles de dos instituciones responsables de la seguridad nacional permitieron que compañías vinculadas compitieran entre sí y acumularan mil 495 millones de pesos sin una revisión pública integral.
