En 2020, Edgar Gasca impulsó una de las iniciativas que permitieron reconocer administrativamente la identidad de género en Quintana Roo. Seis años después, decenas de personas siguen utilizando aquella reforma, pero el costo del procedimiento y la exclusión de menores de edad muestran que convertir un derecho en una ley no necesariamente elimina todas las barreras para ejercerlo.
Una reforma aprobada hace seis años sigue produciendo nuevas actas de nacimiento en Quintana Roo. En junio de 2026, 45 personas realizaron en Benito Juárez el procedimiento para obtener documentos acordes con su identidad de género. Un año antes, el Ayuntamiento de Cancún había entregado otras 47 actas dentro de una campaña municipal. Detrás de esos documentos existe una historia legislativa que comenzó mucho antes.
El 8 de julio de 2020, Edgar Gasca Arceo, entonces diputado y presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la XVI Legislatura, presentó una iniciativa para reformar el Código Civil de Quintana Roo y garantizar el reconocimiento de la identidad de género mediante un procedimiento administrativo ante el Registro Civil.
No fue la única propuesta. La entonces diputada Judith Rodríguez Villanueva presentó días después otra iniciativa sobre la misma materia. Ambas terminaron integrándose en un dictamen conjunto que el Congreso aprobó por unanimidad en noviembre de aquel año.
La precisión es importante porque la reforma no puede atribuirse individualmente a Gasca. Sin embargo, su iniciativa forma parte documentada del proceso legislativo que modificó la manera en que Quintana Roo reconoce jurídicamente la identidad de las personas trans.
Y seis años después existe una forma concreta de medir lo que ocurrió con aquella decisión: personas que ya no necesitan acudir a un juicio para conseguir que su acta de nacimiento corresponda con su identidad de género.
Antes de la reforma, el derecho podía terminar en tribunales
Cuando las iniciativas llegaron al Congreso, Quintana Roo ya enfrentaba casos de personas que buscaban el reconocimiento jurídico de su identidad.
En noviembre de 2020, durante la discusión legislativa, se documentaba que tres personas trans habían conseguido ese reconocimiento en el estado: dos mediante la vía administrativa y una mediante un amparo.
La intervención del Congreso buscaba precisamente sustituir esa incertidumbre por un procedimiento establecido directamente en el Código Civil. La discusión no era únicamente sobre modificar un nombre en un documento.
Una identidad legal que no corresponde con la identidad de una persona puede generar dificultades cada vez que debe acreditar quién es: para estudiar, trabajar, acceder a servicios, realizar trámites o ejercer otros derechos.
Gasca sostuvo entonces que el reconocimiento jurídico abría la puerta al ejercicio de derechos relacionados con salud, educación, vivienda y seguridad.
El Congreso terminó incorporando al Código Civil los artículos que regulan el levantamiento de una nueva acta por reconocimiento de identidad de género. La reforma entró en operación en 2021.
De los tribunales al Registro Civil
En marzo de aquel año, el Gobierno de Quintana Roo anunció la aplicación del nuevo procedimiento en las oficialías del Registro Civil.
El cambio era sustancial: una persona adulta podía solicitar administrativamente el reconocimiento de su identidad sin tener que iniciar un litigio para obtenerlo.
En aquel momento, la autoridad estatal estimaba que el procedimiento podía resolverse aproximadamente en una semana.
Lo que en 2020 era una discusión dentro del Congreso comenzó entonces a convertirse en actos administrativos concretos. Con el paso de los años, la demanda empezó a hacerse visible.
Un año después de la reforma ya se reportaban alrededor de 100 solicitudes en Quintana Roo, principalmente en Cancún y Playa del Carmen. En Chetumal se habían contabilizado 20. Pero la dimensión más clara aparece al mirar lo ocurrido recientemente en Cancún.
47 actas en 2025; otros 45 trámites en 2026
El 28 de junio de 2025, el Ayuntamiento de Benito Juárez entregó 47 actas de nacimiento por cambio de identidad de género. Dos correspondieron a personas no binarias. Un año después volvió a ocurrir.
La campaña realizada en junio de 2026 cerró con 45 trámites confirmados ante el Registro Civil.
La cifra puede parecer pequeña frente a otros servicios públicos, pero representa algo difícil de observar cuando se evalúa una Legislatura únicamente por el número de iniciativas presentadas: personas utilizando en su vida cotidiana una figura jurídica creada años atrás.
Cada nueva acta es también una consecuencia administrativa de aquella modificación al Código Civil.
Gasca dejó el Congreso hace años. Judith Rodríguez tampoco pertenece actualmente a aquella Legislatura. La XVI Legislatura terminó. El procedimiento que contribuyeron a construir permaneció.
Pero seis años después apareció otra discusión: cuánto cuesta ejercer el derecho
Aquí la historia deja de ser solamente la de una reforma que funcionó. En 2020, cuando el Congreso aprobó los cambios, Gasca habló de establecer procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos para las personas que solicitaran el reconocimiento de su identidad.
Seis años después existe una diferencia entre aquella aspiración y las condiciones generales del trámite estatal.
El Catálogo Estatal de Trámites y Servicios de Quintana Roo establece actualmente un costo de 5.5 UMA para el levantamiento de acta por reconocimiento de identidad de género ante la Dirección General y Oficialía Central del Registro Civil. El asunto ya provocó una nueva discusión política.
En 2025, colectivos de diversidad sexual plantearon eliminar el cobro estatal después de que Benito Juárez exentara el derecho municipal. El argumento fue sencillo: si el reconocimiento de la identidad constituye un derecho, su ejercicio no debería depender de la capacidad económica de quien solicita el documento.
La discusión revela algo que ocurre con muchas reformas: aprobar un derecho abre una puerta; las siguientes administraciones deciden qué tan fácil resulta atravesarla.
Benito Juárez convirtió la ley en política pública local
Cancún ofrece un ejemplo de esa segunda etapa. El municipio no modificó el derecho creado en el Código Civil, pero comenzó a generar campañas para facilitar que las personas realizaran el procedimiento.
En 2025 entregó las 47 actas. En 2026 volvió a organizar una jornada específica y consiguió integrar otros 45 expedientes.
Eso significa que una reforma estatal aprobada durante la XVI Legislatura terminó generando años después una política de acompañamiento desde otro nivel de gobierno. La evolución también permite separar responsabilidades.
Gasca y los integrantes de aquella Legislatura participaron en la construcción del marco jurídico. Los gobiernos y legislaturas posteriores heredaron la responsabilidad de hacerlo accesible.
Por eso atribuir a un solo diputado las actas entregadas en Cancún sería incorrecto. Pero también sería incorrecto analizar esos documentos como si hubieran aparecido espontáneamente.
Existe una cadena institucional: una demanda social previa, iniciativas legislativas, un dictamen construido por diferentes diputados, una reforma al Código Civil, su aplicación por el Registro Civil y, finalmente, programas municipales que acercaron el procedimiento a la población.
Hay una frontera que la reforma todavía no cruzó
La campaña de 2026 reveló además otro pendiente. Autoridades municipales reportaron un aumento en jóvenes de 16 y 17 años interesados en conocer el procedimiento. Sin embargo, la legislación vigente establece que el reconocimiento administrativo únicamente puede solicitarse a partir de los 18 años.
A quienes todavía son menores se les proporciona orientación y deben esperar a alcanzar la mayoría de edad para iniciar el trámite.
La limitación no es nueva. Durante la discusión de 2020, organizaciones civiles ya habían planteado que el reconocimiento pudiera realizarse desde los 16 años. La propuesta no quedó incorporada en la reforma finalmente aprobada.
Seis años después, la llegada de adolescentes a preguntar por el procedimiento vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que aquella Legislatura dejó abierta.
Una reforma puede sobrevivir incluso a sus autores
La trayectoria de esta legislación permite evaluar de otra manera el paso de Edgar Gasca por el Congreso.
No se trata de adjudicarle individualmente una conquista colectiva ni de presentar como resultado suyo las políticas que gobiernos posteriores desarrollaron. Su incidencia puede medirse de una forma más precisa.
Presentó una de las iniciativas que contribuyeron a modificar el Código Civil; participó en la construcción del dictamen que finalmente obtuvo el respaldo del Congreso y aquella reforma sigue utilizándose seis años después.
El Congreso pudo eliminar la necesidad de judicializar el reconocimiento de identidad. No eliminó todas las barreras económicas ni resolvió el reconocimiento administrativo para menores de edad. Esas discusiones quedaron para quienes llegaron después.
Del Código Civil a una nueva acta de nacimiento
En política suele medirse a los legisladores por las iniciativas presentadas, los posicionamientos realizados o las votaciones acumuladas durante tres años. El tiempo permite aplicar una prueba diferente.
En este caso puede seguirse una línea casi completa: una demanda social llegó al Congreso, se convirtió en iniciativa, produjo una reforma y terminó modificando documentos que las personas utilizan para identificarse todos los días.
Las 47 actas entregadas en Cancún durante 2025 y los 45 procedimientos realizados en junio de 2026 muestran que aquella legislación no terminó guardada en el archivo legislativo. También muestran que todavía puede evolucionar.
Eliminar barreras económicas, determinar qué ocurre con adolescentes que buscan el reconocimiento de su identidad y garantizar que el procedimiento sea igualmente accesible fuera de los principales centros urbanos forman parte de la siguiente discusión.
Edgar Gasca participó en abrir aquella puerta desde el Congreso en 2020. Seis años después, la pregunta ya no es si Quintana Roo reconoce jurídicamente la identidad de género. La pregunta es qué falta para que ejercer ese derecho resulte igual de sencillo para cualquier persona que decida atravesarla.