Seis años después de impulsar desde el Congreso la Ley de Salud Mental de Quintana Roo, la agenda en la que participó Edgar Gasca conserva vigencia: el estado amplía infraestructura especializada mientras los indicadores muestran que convertir un derecho en atención efectiva sigue siendo uno de los grandes pendientes.
Hay iniciativas que terminan archivadas cuando concluye una Legislatura y otras que continúan hablando por quienes las impulsaron mucho después de que dejaron la curul. La salud mental pertenece al segundo grupo.
En 2020, cuando hablar de ansiedad, depresión, prevención del suicidio y atención psicológica todavía luchaba por ocupar un espacio prioritario dentro de la agenda pública, Edgar Gasca Arceo, entonces presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso de Quintana Roo, participó en el impulso de una legislación específica para atender el problema.
Seis años después, aquella discusión no perdió vigencia. Por el contrario: Quintana Roo sigue enfrentando el desafío de acercar atención especializada a su población y ahora desarrolla infraestructura que intenta responder a una necesidad que durante años permaneció rezagada.
La historia permite mirar el paso de Gasca por el Congreso desde una perspectiva distinta: no por el número de iniciativas que presentó, sino por aquellas que consiguieron sobrevivir a su periodo legislativo y convertirse en herramientas públicas.
Una iniciativa que sobrevivió a la Legislatura
El 22 de septiembre de 2020, Edgar Gasca presentó junto con las legisladoras María Cristina Torres Gómez, Tyara Schleske de Ariño e Iris Mora Vallejo la iniciativa para expedir la Ley de Salud Mental del Estado de Quintana Roo.
Gasca presidía entonces la Comisión de Salud y Asistencia Social de la XVI Legislatura. La propuesta avanzó en el Congreso hasta convertirse en legislación estatal en diciembre de ese mismo año.
La precisión importa: la Ley de Salud Mental no fue obra individual de Edgar Gasca. Fue resultado de un proceso legislativo colectivo. Sin embargo, su participación como promovente y como presidente de la comisión encargada de la materia permite establecer una incidencia política concreta y, sobre todo, medible con el paso del tiempo.
Porque seis años después Gasca ya no ocupa una curul, pero aquella legislación permanece dentro del marco jurídico de Quintana Roo.
228 muertes recuerdan que el problema sigue ahí
Las leyes pueden reconocer derechos. La realidad determina qué tan difícil será garantizarlos. El Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de Quintana Roo registra 228 defunciones por suicidio durante 2024, una cifra que dimensiona la magnitud del reto que todavía enfrenta el estado en materia de prevención y atención de la salud mental.
El dato, por sí solo, no permite calificar como éxito o fracaso una legislación aprobada cuatro años antes. Hacerlo sería simplificar un fenómeno complejo en el que intervienen factores sociales, económicos, familiares, médicos y comunitarios.
Pero sí demuestra algo: el problema que aquella ley intentó colocar dentro de las responsabilidades del Estado continúa vigente. Y obliga a pasar a una segunda discusión.
Ya no basta con preguntar si Quintana Roo tiene una Ley de Salud Mental. La pregunta es si una persona que necesita ayuda puede encontrarla a tiempo, cerca de su comunidad y con personal especializado.
Isla Mujeres: donde una ley se encuentra con el territorio
En Isla Mujeres esa pregunta adquiere otra dimensión. Actualmente, el DIF municipal contempla atención psicológica entre sus servicios, tanto desde su Dirección de Salud como mediante PANNAR. Es una primera puerta para quienes requieren acompañamiento.
Pero la salud mental no termina en la consulta psicológica. Hay pacientes que necesitan valoración psiquiátrica, tratamientos especializados, seguimiento clínico o una intervención inmediata ante una emergencia. Y es ahí donde la geografía importa.
Para un municipio dividido entre la isla y una Zona Continental que continúa creciendo, reconocer un derecho desde el Congreso es apenas el comienzo. El verdadero desafío aparece cuando un ciudadano necesita ejercerlo.
La información pública disponible permite identificar servicios de atención psicológica, pero no establecer con ella una disponibilidad permanente de atención psiquiátrica especializada dentro del municipio.
Eso no significa que Isla Mujeres se encuentre aislada de los mecanismos de referencia hacia otros niveles de atención. Significa que todavía existe una distancia entre reconocer jurídicamente la salud mental como un derecho y conseguir que la atención especializada esté al alcance de cualquier persona, sin importar dónde viva.
Seis años después, la infraestructura comienza a alcanzar a la ley
En febrero de 2026 apareció otra pieza de esta historia. El Gobierno de Quintana Roo anunció que la nueva torre de especialidades del Hospital General Jesús Kumate Rodríguez, en Cancún, incorporará un pabellón especializado en salud mental. La propia administración estatal reconoció con el proyecto la existencia de una “carencia histórica”.
En 2020 se construyó parte del andamiaje jurídico. En 2026 continúa construyéndose la infraestructura necesaria para llevarlo a la práctica.
No existe una relación automática entre ambos acontecimientos, el nuevo pabellón responde a decisiones posteriores del Ejecutivo estatal, a las autoridades sanitarias y a una política pública mucho más amplia; atribuírselo directamente a Gasca sería incorrecto.
Pero los dos momentos sí pertenecen a una misma evolución institucional: primero reconocer que la salud mental merece legislación, obligaciones y políticas específicas; después crear las capacidades necesarias para atenderla.
La verdadera huella de un legislador aparece después
El expediente legislativo de Edgar Gasca contiene decenas de iniciativas. Durante su paso por la XVI Legislatura participó también en asuntos relacionados con tamiz neonatal, lactancia materna, VIH y otros temas sanitarios.
Sin embargo, contar iniciativas dice poco sobre su impacto. La prueba comienza cuando termina el cargo. ¿Qué ocurrió con aquellas propuestas? ¿Cuáles quedaron archivadas? ¿Cuáles se convirtieron en ley? ¿Y cuáles continúan siendo útiles años después? En salud mental existe una respuesta concreta.
Gasca participó en la construcción de una herramienta legislativa que sobrevivió a la Legislatura que la creó y que seis años después continúa relacionada con uno de los principales desafíos sanitarios y sociales de Quintana Roo.
Su responsabilidad llegó hasta construir parte de ese marco jurídico. Aplicarlo, financiarlo, dotarlo de especialistas y convertirlo en servicios accesibles corresponde al Estado y a las administraciones que vinieron después. Esa diferencia, lejos de disminuir el valor de aquella participación legislativa, permite medirla con mayor precisión.
De la ley a la vida cotidiana
Quintana Roo tiene hoy una Ley de Salud Mental. Cuenta con servicios psicológicos, desarrolla estrategias de prevención y avanza en nueva infraestructura especializada. Pero también carga con una realidad que ninguna legislación puede borrar por decreto.
Durante el primer semestre de 2025, Quintana Roo registró 121 suicidios en sus 11 municipios, una cifra que prácticamente alcanzó en seis meses el total reportado durante todo 2024 bajo el mismo seguimiento epidemiológico
El dato confirma que aprobar una ley no significa resolver el problema que la originó y que la atención, prevención y detección oportuna siguen siendo pendientes centrales de la política pública estatal.
Para Isla Mujeres, la siguiente pregunta está todavía más cerca de casa: qué ocurre cuando una persona necesita atención especializada, cuánto debe desplazarse para conseguirla y qué tan preparada está la red pública para acompañarla antes de que una situación se convierta en emergencia. Ahí se juega ahora la siguiente etapa de aquella legislación. Edgar Gasca dejó el Congreso hace años. La ley que ayudó a impulsar, no.
Y quizá ahí se encuentre una medida más justa para evaluar el trabajo legislativo: no cuántas iniciativas llevan el nombre de un diputado, sino cuántas consiguieron abandonar el papel, convertirse en política pública y seguir siendo necesarias cuando quien las promovió ya no ocupa la curul.