El cuñado de Inés Gómez Mont fue capturado por agentes federales la noche del 9 de julio y trasladado a la Ciudad de México; su nombre aparece en el expediente por contratos penitenciarios, compañías fachada y presunto lavado de recursos públicos
Mario Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, la noche del jueves 9 de julio. La captura ocurrió sobre el bulevar Kukulcán, en Cancún, Quintana Roo. El detenido quedó a disposición de un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, en la Ciudad de México. La ficha del Registro Nacional de Detenciones (RND) señala que fue trasladado desde Cancún bajo custodia federal.
La Fiscalía General de la República (FGR) no ha informado públicamente qué delito motivó la orden cumplimentada, el número de la causa penal ni la fecha en que fue emitido el mandamiento judicial. Tampoco se ha dado a conocer el resultado de una eventual audiencia inicial.
El arresto ocurrió en Puerto Cancún, un desarrollo que concentra condominios, residencias, hoteles, marina, campo de golf, comercios y espacios de negocios. El registro oficial no precisa si Alejandro Álvarez Puga fue localizado dentro de una vivienda, oficina o establecimiento.
Cuñado de Inés Gómez Mont queda ante un juez federal
Alejandro Mario Álvarez Puga es abogado, empresario y hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, conductora de televisión. Ambos participaron en la creación de sociedades y negocios relacionados con el despacho Álvarez Puga & Asociados. El cuñado de Inés Gómez Mont aparece señalado en la investigación federal abierta contra su hermano y la presentadora por la presunta operación de una red de compañías fachada utilizadas para recibir, dispersar y ocultar recursos públicos.
La indagatoria vincula a Alejandro Mario Álvarez Puga con el funcionamiento de esa estructura financiera. Sin embargo, la autoridad no ha precisado si la captura en Cancún corresponde al mandamiento judicial generado desde las primeras investigaciones o a una nueva orden. La detención tampoco representa una declaración de culpabilidad. El Ministerio Público deberá formular la imputación, presentar sus datos de prueba y solicitar, en su caso, una medida cautelar ante el juez federal encargado del expediente.
Antecedentes: contratos penitenciarios abrieron el expediente
El origen del caso se remonta a 2016, cuando el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, entonces dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), adjudicó servicios tecnológicos a Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V.
Los trabajos estaban destinados a instalar y conectar sistemas de vigilancia, comunicación y control de centros penitenciarios federales con el centro de mando del organismo responsable de las prisiones. La investigación detectó que las propuestas entregadas durante el procedimiento de contratación presentaban características idénticas. Las empresas participantes también habrían presentado su documentación el mismo día y bajo condiciones semejantes.
Seguridad Privada Inteligencia Cibernética fue señalada por carecer de los activos, la infraestructura y el personal necesarios para realizar los servicios contratados. El domicilio fiscal revisado por las autoridades correspondía a una vivienda que no coincidía con el tamaño de las operaciones reportadas.
La operación, bajo investigación
- 2 contratos adjudicados por el sistema penitenciario federal
- 7 centros penitenciarios contemplados en el proyecto tecnológico
- 2 ,950 millones de pesos involucrados en la primera reconstrucción del caso
- 1,446 operaciones bancarias revisadas para seguir la ruta de los recursos
Fuente: Documentación pública del expediente.
Empresas fantasma dispersaron el dinero
Después de ser entregados a la contratista, los recursos habrían pasado por una red de sociedades que emitían facturas, celebraban operaciones entre sí y transferían el dinero a nuevas cuentas. El mecanismo permitía fragmentar los depósitos y dificultar que las autoridades identificaran su origen y destino. Las compañías de papel aparentaban prestar servicios, aunque no contaban con trabajadores, oficinas o bienes suficientes para respaldar las operaciones facturadas.
La FGR sostiene que parte de los recursos terminó en cuentas vinculadas con integrantes de la familia Álvarez Puga. El cuñado de Inés Gómez Mont aparece dentro de esa ruta como uno de los participantes en el entramado empresarial investigado.
El expediente fue conocido públicamente como “Caso Querubines”. La acusación considera que el modelo no se limitó a una irregularidad administrativa, sino que habría servido para desviar recursos, simular operaciones y posteriormente integrarlos al sistema financiero.
El entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, se refirió al expediente durante una conferencia presidencial de abril de 2025.
“Se cometieron una serie de falsas obras, ganaron mucho dinero ahí”.
– Pablo Gómez Álvarez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera
El exfuncionario explicó que las personas investigadas continuaban con acceso a recursos financieros debido a resoluciones judiciales, pese a las órdenes de aprehensión existentes contra algunos de los señalados. Inés Gómez Mont rechazó las acusaciones desde que se conoció el caso. En uno de sus posicionamientos públicos sostuvo: “Jamás me he robado un peso” y negó pertenecer a una organización delictiva.
Los principales involucrados
| Persona | Papel señalado en el caso | Situación jurídica conocida |
|---|---|---|
| Alejandro Mario Álvarez Puga | Hermano de Víctor, cuñado de Inés Gómez Mont y relacionado con el despacho familiar | Bajo custodia federal y a disposición de un juez |
| Víctor Manuel Álvarez Puga | Señalado como operador de la estructura de empresas factureras | En libertad en Estados Unidos; requerido por México |
| Inés Gómez Mont | Señalada como presunta beneficiaria de recursos de la red | Prófuga y con orden de captura |
| Exfuncionarios penitenciarios | Relacionados con la contratación, autorización y administración de los servicios | Enfrentan procesos, detenciones u órdenes judiciales distintas |
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La captura no cierra el caso
La detención del cuñado de Inés Gómez Mont incorpora a uno de los integrantes de la familia directamente señalado en el expediente ante un tribunal mexicano, después de varios años sin que se concretara su presentación judicial. La situación contrasta con la de Víctor Manuel Álvarez Puga. México presentó en diciembre de 2025 la solicitud para que Estados Unidos lo detuviera y entregara, 4 años después de que un juez mexicano ordenara su captura.
El empresario estuvo bajo custodia migratoria estadounidense durante 2025, pero recuperó su libertad. Las autoridades mexicanas mantienen las gestiones para que enfrente las acusaciones presentadas en el país. La audiencia contra Alejandro Mario Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont deberá aclarar el delito que le atribuye la Fiscalía, la relación de la orden con el expediente de los contratos penitenciarios y los actos que presuntamente realizó dentro de la red.
El juez también tendrá que resolver si existen elementos para vincularlo a proceso y determinar si enfrentará el procedimiento en prisión o bajo otra medida cautelar. Hasta que se conozcan esas decisiones, la detención confirma su puesta a disposición, pero no una sentencia ni responsabilidad penal definitiva.