La disputa entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Instituto Nacional Electoral (INE) dejó de limitarse al ámbito jurídico. En apenas unos días, el dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas, trasladó el conflicto a una estrategia de comunicación nacional en la que acusa al Gobierno federal y a las autoridades electorales de intentar censurar a la oposición.
Después de anunciar que impugnará la resolución del INE que ordenó retirar las publicaciones donde vinculaba a Morena con el crimen organizado, Moreno ha mantenido el tema en el centro de su agenda política mediante conferencias de prensa en distintos estados, mensajes en redes sociales y una columna publicada este sábado en El Universal, donde sostiene que el nuevo marco regulatorio sobre derechos de las audiencias representa un intento por controlar las voces críticas.
En su artículo, el dirigente priista afirma que las disposiciones impulsadas bajo el argumento de proteger a las audiencias constituyen un mecanismo para limitar la libertad de expresión y advierte que el Gobierno busca silenciar a la oposición de cara al proceso electoral de 2027.+
Ese mismo discurso ha sido replicado en sus redes sociales y durante actividades partidistas en entidades como Chiapas y Morelos, donde ha insistido en que la resolución del INE y la discusión sobre los derechos de las audiencias forman parte de una estrategia para restringir el debate público.
Del litigio electoral al discurso político
La narrativa del dirigente priista muestra un cambio de enfoque. Lo que comenzó como un procedimiento derivado de publicaciones específicas en redes sociales ha evolucionado hacia un discurso centrado en conceptos como censura, libertad de expresión, Estado de derecho y defensa de la oposición.
Incluso, tras el hallazgo de un artefacto explosivo en las oficinas del PRI estatal en Guerrero, Moreno vinculó ese hecho con el clima de confrontación política y responsabilizó al Gobierno federal de cualquier agresión que pudiera sufrir él o integrantes de su partido, además de anunciar que buscará llevar el caso ante instancias internacionales.
Aunque se trata de hechos distintos, el líder nacional del PRI los ha incorporado dentro de una misma narrativa sobre presuntas presiones contra la oposición.
«Hacemos responsable al gobierno de la República, encabezado por Claudia Sheinbaum, de cualquier agresión, daño o pérdida de vidas humanas que pueda ocurrir. Exigimos una investigación seria, resultados y castigo para quienes hicieron esto. También llevaremos la denuncia ante la comunidad internacional para que se sepa lo que está ocurriendo en México y cómo buscan intimidar a la oposición».
Como parte del seguimiento al caso, el PRI formalizó la denuncia ante la Unidad de Atención Temprana 2 de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, donde quedó integrada una carpeta de investigación para esclarecer el hallazgo del artefacto explosivo localizado en sus oficinas estatales de Chilpancingo. En el documento, la dirigencia solicita el desahogo de las diligencias necesarias para identificar a los responsables, fincar las responsabilidades correspondientes y reforzar la seguridad en las inmediaciones del inmueble. Además, se hace constar que, de acuerdo con trabajadores del partido, nadie observó movimientos inusuales antes del hallazgo del artefacto.
Un debate con antecedentes en el propio PRI
Uno de los elementos que ha pasado prácticamente inadvertido en la discusión pública es que la legislación sobre derechos de las audiencias no surgió con el actual gobierno.
El reconocimiento de esos derechos quedó incorporado en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013 y posteriormente se desarrolló en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. En ese periodo, el PRI era la principal fuerza política en el Congreso de la Unión y respaldó el paquete legislativo que dio origen al marco jurídico que hoy vuelve al centro del debate.
Con el paso de los años, esas disposiciones fueron modificadas, impugnadas y revisadas por distintas autoridades, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que convirtió los derechos de las audiencias en uno de los temas más controvertidos dentro de la regulación de los medios de comunicación.
Una narrativa rumbo a 2027
Más allá del recurso legal promovido contra la resolución del INE, la estrategia de Alejandro Moreno muestra que el conflicto ha dejado de ser únicamente un litigio electoral.
En paralelo a las acciones legales, el PRI reforzó su estrategia de comunicación en redes sociales con imágenes y materiales gráficos donde insiste en llamar «narcopartido» a Morena y presenta la resolución del INE como un acto de censura.
La reiteración del mensaje en columnas de opinión, redes sociales y actos partidistas apunta a colocar el debate sobre la libertad de expresión como uno de los ejes del discurso opositor rumbo al proceso electoral de 2027.
Mientras el Tribunal Electoral resuelve la impugnación anunciada por el dirigente priista, la disputa también se libra en el terreno de la opinión pública, donde el PRI busca presentar el caso como un debate sobre los límites entre la regulación electoral, los derechos de las audiencias y la libertad de expresión.