El dirigente nacional del tricolor anunció que impugnará la resolución del INE que ordenó retirar las publicaciones donde llama «narcopartido» a Morena; el instituto respondió que únicamente aplica una legislación impulsada por el propio tricolor en 2014.

La confrontación entre el PRI y el Instituto Nacional Electoral (INE) escaló luego de que el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, anunciara que impugnará la resolución que le ordena retirar publicaciones en las que llama «narcopartido» a Morena. En respuesta, el consejero Arturo Castillo recordó que la legislación utilizada para sustentar esa medida fue aprobada en 2014, cuando el PRI era mayoría en el Congreso de la Unión.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE dictó medidas cautelares para que Moreno elimine de sus redes sociales cinco publicaciones en las que vincula a Morena con el crimen organizado, al considerar que, de manera preliminar, podrían constituir expresiones relacionadas con la prohibición de calumnia prevista en la legislación electoral.

Lejos de acatar la decisión sin cuestionamientos, el líder priista anunció que recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y adelantó que también denunciará al INE ante organismos internacionales, al sostener que la resolución representa un intento por censurar a la oposición.

A mí no me van a callar, no me van a censurar.

El debate llegó al Consejo General del INE

La polémica también marcó la sesión del Consejo General del INE, donde el representante del PRI, Emilio Suárez Licona, acusó al instituto de proteger al oficialismo y «desmantelar la democracia» al ordenar retirar las publicaciones del dirigente priista.

Según el legislador, la autoridad electoral busca limitar las expresiones de la oposición y abrir la puerta para restringir las críticas al gobierno.

La respuesta llegó de inmediato por parte del consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, quien rechazó que el instituto actuara por razones políticas y recordó que el INE únicamente aplica la legislación vigente.

Si no les gusta esto, si les parece que esto desmantela la democracia, no le carguen al INE la responsabilidad de las normas que ustedes mismos aprobaron. Cámbienlas, pero no nos responsabilicen por aplicarlas.

Castillo precisó además que las publicaciones fueron analizadas en la calidad de Alejandro Moreno como dirigente nacional de un partido político y no como senador de la República, por lo que no resultaban aplicables los argumentos relacionados con la inmunidad parlamentaria.

El caso abrió un nuevo debate sobre los límites de la libertad de expresión en el ámbito político. Mientras el PRI sostiene que la resolución constituye un acto de censura y una restricción indebida al debate público, el INE argumenta que las medidas cautelares derivan de las reglas que prohíben la difusión de posibles calumnias durante la competencia política y que su objetivo es evitar un daño mientras se resuelve el fondo del procedimiento.

En ese sentido, la orden del instituto no determina todavía si las expresiones utilizadas por Moreno constituyen una infracción, sino que tiene un carácter provisional mientras concluye la investigación.

La disputa continuará en tribunales

Alejandro Moreno confirmó que el PRI impugnará la resolución ante el Tribunal Electoral y advirtió que también buscará llevar el caso a instancias internacionales, al considerar que existe una afectación a la libertad de expresión. Incluso publicó una versión del comunicado traducida y dirigida a la comunidad internacional.

Paralelamente, el dirigente priista endureció su discurso contra Morena, al asegurar que continuará utilizando la tribuna pública para denunciar lo que considera vínculos entre integrantes del partido gobernante y la delincuencia organizada.

Con ello, el conflicto deja de ser únicamente un litigio electoral para convertirse en un nuevo frente de confrontación política entre el PRI, el INE y el partido en el poder, cuya resolución podría fijar criterios sobre los límites entre la crítica política y la calumnia en el debate público.

Alito escala el conflicto y anuncia denuncias internacionales

Horas después de anunciar que impugnará la resolución del INE, Alejandro Moreno volvió a arremeter contra el consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, a quien acusó de actuar como un «operador» del gobierno de Morena y no como un árbitro electoral imparcial.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el dirigente priista sostuvo que el instituto incurre en una «persecución política» y argumentó que el artículo 61 de la Constitución protege la inviolabilidad parlamentaria de los legisladores por las opiniones que expresan en el ejercicio de su cargo.

Moreno también adelantó que presentará denuncias contra Castillo y los demás integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias ante organismos internacionales, al asegurar que el órgano electoral busca «doblar a la oposición» mediante sanciones y medidas cautelares.

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