Alejandro Arcos promovió dos amparos que involucran a autoridades de los sistemas penales local y federal. Los expedientes aparecen durante el proceso interno de Morena y reactivan antecedentes relacionados con su paso por Aduanas y una investigación de la UIF
Alejandro Enrique Arcos Romero promovió el 24 de junio dos juicios de amparo relacionados con autoridades judiciales de los sistemas penales local y federal en Ciudad de México. Desde 2023 se le identifica como colaborador cercano de Rafael Marín Mollinedo durante su gestión en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Los expedientes 1177/2026 y 1204/2026 comenzaron el mismo día ante dos juzgados de Distrito del Estado de México y siguieron rutas distintas. En uno aparece un juez de control del fuero común con sede en el Reclusorio Norte; en el otro, jueces federales especializados en el Sistema Penal Acusatorio con sede en el Reclusorio Sur.
Los registros públicos consultados no identifican hasta ahora el delito, carpeta de investigación o causa penal que permita establecer el origen de ambos procedimientos. Tampoco acreditan por sí mismos la existencia de una orden de aprehensión contra Arcos, por lo que la relevancia de Norte y Sur se encuentra en las autoridades judiciales que intervienen, no en un eventual lugar de reclusión.
Un juez de control aparece en el primer amparo
El juicio 1177/2026 quedó radicado en el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan. Entre las autoridades señaladas aparece un juez de control del fuero común.
Su denominación completa es Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de México. Está adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Dos del Centro de Justicia Penal del Fuero Común, con sede en el Reclusorio Norte.
El expediente registró actuaciones entre el 24 de junio y el 15 de julio. La participación de esa autoridad confirma la vertiente penal del procedimiento. Sin embargo, la información pública no permite identificar el acto que Arcos buscó combatir mediante el amparo.
La presencia de un juez de control puede responder a distintos actos de un procedimiento penal. Por sí misma, no acredita una orden de captura, una imputación ni responsabilidad penal atribuida a Arcos.
El segundo expediente llega a la justicia federal
El 1204/2026 fue presentado también el 24 de junio y quedó radicado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México. Las actuaciones disponibles identifican entre sus destinatarios a jueces de Distrito especializados en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad de México, con sede en Reclusorio Sur, además de otras autoridades.
La diferencia entre ambos expedientes abre dos vertientes: el 1177/2026 alcanza una autoridad penal del fuero común y el 1204/2026 involucra autoridades del sistema penal federal. La coincidencia en la fecha de presentación no permite concluir que los dos juicios deriven de una misma investigación o persigan protección frente al mismo acto.
Tampoco significa que Arcos se encuentre recluido entre dos centros penitenciarios. Los reclusorios Norte y Sur son establecimientos preventivos de Ciudad de México que cuentan con instalaciones judiciales asociadas; ninguno corresponde al penal federal de máxima seguridad conocido como Altiplano, ubicado en el Estado de México.
El antecedente llegó a Presidencia desde 2023
Los cuestionamientos sobre Arcos no surgieron con los amparos de 2026. Desde enero de 2023, cuando Rafael Marín encabezaba la ANAM, publicaciones nacionales identificaban a Arcos como integrante de su equipo cercano y recuperaban señalamientos financieros que habían aparecido dos años antes.
En junio de ese mismo año su nombre llegó incluso a una conferencia del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Arcos fue mencionado durante una pregunta sobre nombramientos y conflictos internos en Aduanas; el mandatario reconoció la existencia de “pleitos” dentro de la institución y señaló que serían investigados.
Ese episodio adquiere relevancia tres años después porque todavía falta establecer públicamente qué resultado tuvo aquella revisión. Los amparos promovidos en junio de 2026 agregan ahora una ruta judicial distinta, sin que la documentación disponible permita vincular ambos acontecimientos.
El caso reaparece durante el proceso interno de Morena
La nueva revisión sobre Arcos adquiere dimensión política por su cercanía documentada con Rafael Marín, actualmente participante del proceso interno de Morena en Quintana Roo. Una investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reconstruyó su presencia durante la gestión de Marín en ANAM y posteriormente lo ubicó en actividades relacionadas con el proyecto político del aspirante.
La investigación no señala a Marín como responsable de las operaciones financieras atribuidas a Arcos ni existe, con la documentación disponible, sustento para trasladarle posibles responsabilidades penales. El punto de rendición de cuentas se concentra en la permanencia de un colaborador con antecedentes públicos dentro de su círculo cercano, primero desde una responsabilidad gubernamental y posteriormente en su actividad política.
El antecedente cobra mayor peso porque Marín participa actualmente en una competencia interna donde su operación política ya había quedado bajo escrutinio por otras vías. Las controversias electorales relacionadas con su promoción y las medidas cautelares dictadas por el IEQROO constituyen un expediente distinto y no deben confundirse con los procedimientos relacionados con Arcos.
La UIF investigó a Arcos desde 2021
Detrás de la ruta judicial de 2026 existe un antecedente que se remonta cinco años. El Acuerdo 10/2021 de la Unidad de Inteligencia Financiera incluyó expresamente a Alejandro Enrique Arcos Romero con carácter de “investigado” dentro de la Lista de Personas Bloqueadas.
La investigación financiera estuvo relacionada con personas y empresas vinculadas por la UIF con la estructura atribuida a Florian Tudor. Ese antecedente ya existía antes de que Arcos fuera identificado públicamente dentro del equipo de Rafael Marín en Aduanas y constituye el punto documental más antiguo localizado hasta ahora.
No existe evidencia suficiente para afirmar que los amparos 1177/2026 y 1204/2026 deriven de aquella investigación de la UIF. Lo acreditado hasta este momento establece una secuencia distinta: Arcos tenía antecedentes de investigación financiera desde 2021, fue identificado posteriormente en el círculo cercano de Marín en ANAM y en 2026 promovió dos amparos que alcanzan autoridades de los sistemas penales local y federal.
El delito, el acto reclamado y la eventual relación entre esos procedimientos permanecen todavía fuera de los registros públicos disponibles. Su identificación determinará el siguiente capítulo judicial del caso.