La presidenta de Isla Mujeres destaca estabilidad financiera y avances administrativos, mientras el expediente municipal reconoce falta de recursos, personal y capacidad para controlar el transporte público
Meses antes de solicitar que el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) asumiera durante 15 años las principales facultades sobre el transporte público, la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, presumió la estabilidad financiera y los avances administrativos de su gobierno.
“Podemos presumir de mantener finanzas sanas y avances administrativos importantes”.
— Atenea Gómez Ricalde, presidenta municipal de Isla Mujeres
La declaración fue difundida durante la presentación del Presupuesto de Egresos 2026. El mensaje contrasta con el diagnóstico remitido posteriormente al Congreso de Quintana Roo, en el cual el Ayuntamiento reconoce limitaciones materiales, financieras, administrativas y de personal para planear, regular, operar, supervisar y modernizar el servicio.
El contraste también aparece en las cifras. El calendario oficial del Presupuesto de Egresos 2026 establece que Isla Mujeres dispone de mil 59 millones 167 mil 463 pesos, de los cuales 522 millones 364 mil 386 pesos corresponden a servicios personales.
La administración municipal ha sostenido que sus finanzas permiten fortalecer obras, programas y servicios con recursos propios. El expediente, sin embargo, no acredita cuántos trabajadores necesita contratar para recuperar su capacidad de supervisión, cuánto costaría incorporarlos ni qué reorganización administrativa intentó antes de solicitar la transferencia.
Como documentó Canal Caribe en la primera parte de esta investigación, el Ayuntamiento busca ceder el control del transporte público en Isla Mujeres, incluidas rutas, tarifas, concesiones, inspecciones e ingresos.
Más turismo y recaudación; menos capacidad municipal
La incapacidad reconocida ocurre en uno de los municipios turísticos con mayor crecimiento de Quintana Roo. Durante 2025, Isla Mujeres recibió casi 1.5 millones de turistas: Costa Mujeres concentró más de 1.2 millones y la zona insular registró 263 mil 586 visitantes.
El crecimiento hotelero genera demanda de movilidad, empleos, actividad económica e ingresos municipales. También incrementa los desplazamientos entre Costa Mujeres, Punta Sam, Rancho Viejo y Cancún. Pese a esa expansión, la propia administración admite que su capacidad institucional no creció al mismo ritmo.
Entre 2020 y 2025, el número de automóviles aumentó 52.8% y el de motocicletas, 44.5%. El gobierno municipal conocía el avance de la motorización y la expansión territorial, pero la iniciativa presentada ante el Congreso de Quintana Roo no expone una estrategia previa de fortalecimiento municipal que haya fracasado antes de optar por la cesión.
Ayuntamiento busca desprenderse de las decisiones centrales
El convenio no entrega al Imoveqroo una tarea secundaria. El Instituto asumiría la administración del transporte público de pasajeros en rutas establecidas, la modificación de recorridos, el control de unidades, las inspecciones y los procedimientos administrativos.
También podría otorgar, renovar, regularizar, modificar o revocar concesiones. Durante la vigencia del acuerdo, el Ayuntamiento quedaría impedido para emitir nuevos permisos, cambiar recorridos o autorizar tarifas.
La transferencia incluiría los ingresos obtenidos mediante pasajes, multas, sanciones, refrendos y permisos. El municipio no podría retener, condicionar ni intervenir en esos recursos una vez incorporados al Sistema Integrado de Transporte de Quintana Roo (SITQROO).
Una cesión equivalente a cinco gobiernos
- 15 años duraría el convenio.
- Cinco administraciones municipales caben en ese periodo.
- 11 integrantes del Cabildo votaron a favor.
- Cero votos en contra se registraron.
- Hasta aproximadamente 2041 podría extenderse la transferencia si comienza su vigencia en 2026.
Fuente: Ayuntamiento de Isla Mujeres y proyecto de convenio.
La obligación municipal no desaparecería
El Ayuntamiento conservaría responsabilidades en materia de vialidad, tránsito, seguridad pública, señalización e infraestructura. También tendría que permitir la construcción de paraderos y entregar concesiones, padrones, estudios tarifarios, expedientes administrativos y registros de quejas.
El acuerdo abarcaría tanto la zona insular como toda la parte continental del municipio, incluidas Costa Mujeres, Punta Sam, Rancho Viejo, Ejido Isla Mujeres y La Victoria.
El cruce en ferry quedaría fuera porque el convenio se limita al transporte terrestre de pasajeros en rutas establecidas, aunque los recorridos podrían coordinarse con las terminales marítimas.
La administración municipal no se retiraría completamente del sistema: conservaría las obligaciones territoriales, de seguridad y de infraestructura. Lo que busca transferir son las facultades que concentran las decisiones y los ingresos: rutas, tarifas, concesiones, sanciones y recaudo.
El convenio todavía no está vigente. La Comisión de Movilidad del Congreso de Quintana Roo mantiene la iniciativa con estatus de “turnada” desde el 6 de julio de 2026. Para entrar en vigor necesita la aprobación del Pleno y la publicación del decreto correspondiente.
El expediente convierte la incapacidad municipal en argumento para transferir el servicio, sin demostrar primero por qué un gobierno que presume finanzas sanas y administra más de mil millones de pesos no puede contratar personal, reorganizar su Dirección de Transporte y cumplir directamente una atribución establecida por ley.
El Cabildo ya eligió solicitar la cesión por 15 años. Ahora corresponderá al Congreso decidir si autoriza que el Ayuntamiento conserve las obligaciones territoriales, pero entregue al Imoveqroo las decisiones centrales y los ingresos del transporte público.