El senador de Morena enfrenta una acusación en Nueva York por presuntamente colaborar con Los Chapitos. La Cancillería difundió tres documentos sobre el caso, aunque mantiene reservadas las notas diplomáticas y parte de la coordinación para su posible extradición. La FGR no ha informado una imputación ni una orden de captura en México
El Departamento de Justicia acusa formalmente a Inzunza de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer esas armas; los cargos son acusaciones y deberán probarse ante un tribunal.
La Secretaría de Relaciones Exteriores reservó hasta 2031 las notas diplomáticas, correos, minutas y comunicaciones vinculadas con el procedimiento. Después de que la decisión se hizo pública, la Cancillería difundió tres documentos generales, aunque mantuvo clasificadas las notas diplomáticas relacionadas con los expedientes judiciales.
La medida impide conocer qué información entregó Estados Unidos, qué actuaciones ha solicitado y en qué etapa se encuentra la eventual extradición. La Cancillería argumentó que revelar esos documentos podría perjudicar la relación diplomática y vulnerar la confianza entre ambos gobiernos.
Estados Unidos acusa a Inzunza de colaborar con Los Chapitos
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Inzunza, a Rocha Moya y a otros ocho funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presunta conspiración para importar drogas y delitos relacionados con armas de alto poder.
El expediente sostiene que el senador habría actuado como enlace entre funcionarios estatales y dirigentes de Los Chapitos. También le atribuye participación en una estructura que presuntamente facilitó protección política y gubernamental a cambio de respaldo electoral y sobornos.
La DEA participó en la investigación estadounidense. Después de que la acusación se hizo pública, Estados Unidos solicitó a México la detención provisional con fines de extradición de los señalados, entre ellos Inzunza. El Gobierno mexicano respondió inicialmente que la petición no contenía los elementos probatorios necesarios para ejecutarla.
Las autoridades involucradas en el caso Inzunza
| Autoridad | Actuación documentada | Situación pública |
|---|---|---|
| Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York | Presentó la acusación por narcotráfico y delitos relacionados con armas | El proceso penal permanece abierto |
| DEA | Participó en la investigación estadounidense | No ha confirmado públicamente una captura |
| Fiscalía General de la República | Abrió una investigación y recibió la declaración de Inzunza | Sin imputación ni orden de captura mexicana informada |
| Ejército y CNI | Investigaron previamente al grupo político de Sinaloa por posibles vínculos con Los Chapitos | No existe un operativo de captura confirmado |
| Secretaría de Relaciones Exteriores | Procesó las comunicaciones y solicitudes estadounidenses | Reservó los documentos hasta 2031 |
La FGR no informa avances contra Enrique Inzunza
La Fiscalía General de la República abrió una carpeta después de conocerse la acusación estadounidense y recibió a Inzunza para declarar. Sin embargo, hasta ahora no ha comunicado una imputación formal, una orden de aprehensión en México ni una solicitud para retirarle la inmunidad procesal como senador.
Inzunza ha negado los cargos y aseguró que no mantiene negociaciones con autoridades estadounidenses. En mayo afirmó que permanecía en Sinaloa y que respondería únicamente ante requerimientos emitidos por instituciones mexicanas.
La falta de resultados públicos de la FGR contrasta con la actuación de Estados Unidos, donde el expediente ya identifica los cargos, las conductas atribuidas y las penas que podría enfrentar en caso de ser declarado culpable.
Ejército ya había investigado al círculo político de Sinaloa
Antes de que la acusación estadounidense se hiciera pública, el Ejército mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia investigaron los posibles vínculos del grupo político encabezado por Rocha Moya con Los Chapitos.
Documentos obtenidos por Proceso señalan que la indagatoria alcanzó al entorno político de Inzunza y reunió información sobre funcionarios, familiares y operadores vinculados con el Gobierno de Sinaloa.
La existencia de esa investigación no confirma que el Ejército participe actualmente en un operativo para detener al senador. Tampoco existe información oficial que acredite la intervención de la CIA en su búsqueda.
Inzunza permanece acusado en Estados Unidos, localizable en México y sin enfrentar públicamente un proceso penal ante tribunales mexicanos. Mientras la FGR mantiene sin resultados visibles su investigación, la reserva impuesta por la Cancillería impedirá conocer hasta 2031 el alcance de la coordinación para su eventual extradición.