Dos hombres vinculados a proceso por el homicidio de Richard Damián habían ingresado antes como internos y después se incorporaron como colaboradores del centro; COEPRIS suspendió temporalmente sus actividades tras detectar incumplimientos sanitarios.
El homicidio de Richard Damián, quien murió por asfixia mientras los internos del Centro de Rehabilitación Jireh lo sometían, puso bajo revisión algo más que las circunstancias de su muerte: también exhibió la forma en que operaba uno de los establecimientos vinculados con la Patrulla Espiritual. Dos de los hombres procesados por el crimen habían ingresado anteriormente como internos y después terminaron convertidos en colaboradores del mismo centro.
Mario Antonio “N” y Anthony “N” permanecen en prisión preventiva después de su vinculación a proceso por su probable participación en el homicidio del joven de 28 años. Durante la audiencia, la Fiscalía General del Estado expuso que Richard presentaba un comportamiento alterado relacionado con el síndrome de abstinencia alcohólica mientras lo sometían físicamente dentro del establecimiento.
“Auxilio, me quieren matar”: los últimos minutos de Richard
Richard llevaba apenas tres días internado en Jireh. Su familia lo había llevado al centro debido a un problema severo de alcoholismo y, de acuerdo con los datos expuestos durante la audiencia, atravesaba un cuadro de abstinencia que lo mantenía ansioso y alterado.
Dos personas internadas en el establecimiento declararon que Pedro Luis López, alias “El Cosalá”, Mario Antonio “N” y Anthony “N” pidieron a los demás ocupantes que salieran del dormitorio mientras intentaban someterlo. De acuerdo con los datos expuestos por la Fiscalía, “El Cosalá” también era interno de Jireh, aunque se le consideraba el segundo al mando dentro del centro y habría dado la instrucción para someter a Richard.
Según los testimonios integrados a la investigación, el joven comenzó a gritar: “auxilio, me quieren matar”. Poco después, los gritos cesaron.
Sometido con brutalidad hasta su muerte
La Fiscalía sostuvo que Richard fue amarrado y golpeado repetidamente en el rostro, la cabeza y otras partes del cuerpo. Uno de los testigos señaló que Mario presionó la cabeza de Richard contra un colchón mientras lo sometían, hasta que este perdió el conocimiento. La necropsia determinó que murió por asfixia mecánica por sofocación y el médico legista documentó además 38 moretones en su cuerpo.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existían datos suficientes para establecer, en esta etapa del proceso, la probable participación de Mario Antonio “N” y Anthony “N” en el homicidio. Ambos deberán permanecer en prisión mientras continúa la investigación. “El Cosalá” también aparece señalado como participante en el sometimiento y permanece pendiente de localización.
De pacientes a funciones de control dentro de Jireh
El caso abrió además una revisión sobre quiénes tenían funciones de control dentro del establecimiento. La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, informó que Mario Antonio y Anthony habían pasado anteriormente por Jireh como internos y posteriormente se desempeñaron como colaboradores.
A ese esquema se suma la situación de “El Cosalá”, a quien se le consideraba como el segundo al mando dentro del centro pese a permanecer como interno. La investigación apunta así a una estructura en la que personas que habían ingresado para recibir rehabilitación terminaron desempeñando funciones sobre otros pacientes.
La Fiscalía busca determinar qué labores realizaban, bajo qué condiciones intervenían en el manejo de las personas internadas y si contaban con capacitación suficiente para atender situaciones relacionadas con adicciones y síndrome de abstinencia.
COEPRIS suspende temporalmente el centro
La investigación penal se acompañó de una revisión sanitaria. El 4 de septiembre, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios realizó una inspección en Jireh y determinó la suspensión temporal de actividades tras detectar incumplimientos a la normatividad aplicable.
En el operativo participaron autoridades estatales y federales, entre ellas la Fiscalía, Marina, Defensa, Guardia Nacional, Fuerza Estatal, Secretaría de Salud, Instituto de Psiquiatría de Baja California y COEPRIS. La revisión incluyó las condiciones de atención y los mecanismos utilizados para acreditar el consentimiento de las personas internadas.
La medida sanitaria corre de manera independiente al proceso penal por la muerte de Richard y coloca bajo revisión las condiciones en las que funcionaba el establecimiento antes del homicidio.
Jireh había sido incorporado a un programa municipal
El caso también alcanza a un centro que meses antes había adquirido presencia dentro de una estrategia municipal de atención a las adicciones. En abril, el Ayuntamiento de Tijuana destinó 7.2 millones de pesos del Fideicomiso Fondos Tijuana al programa “Rescate y Vida Nueva”, que contemplaba 300 becas para tratamientos de rehabilitación de tres meses y en el que participaba la Patrulla Espiritual.
El antecedente no vincula al gobierno municipal con el homicidio, pero sí permite dimensionar el reconocimiento institucional que había alcanzado Jireh antes de la muerte de Richard. El centro no funcionaba únicamente como un establecimiento conocido por los videos y operativos difundidos en redes sociales, sino que había sido incorporado a una política pública financiada con recursos municipales.
Bajo revisión, el modelo de atención
La muerte de Richard colocó ahora el foco sobre quiénes estaban a cargo de las personas internadas, qué preparación tenían y qué controles existían dentro del establecimiento. El hecho de que antiguos pacientes terminaran como colaboradores y que otro interno fuera considerado segundo al mando abre una revisión sobre la distribución de responsabilidades dentro de Jireh.
La suspensión mantiene bajo revisión tanto las condiciones sanitarias del establecimiento como el modelo de atención relacionado con la Patrulla Espiritual. Mientras la Fiscalía continúa el proceso penal por el homicidio, las autoridades sanitarias deberán determinar el alcance de los incumplimientos detectados y las condiciones bajo las que operaba el centro.