Ronald Johnson afirmó que la cooperación bilateral busca ir más allá de drogas, armas y detenciones para identificar cuentas, activos, facilitadores y redes financieras que permiten operar a las organizaciones criminales.
La estrategia de México y Estados Unidos contra los cárteles empieza a concentrarse con mayor fuerza en un frente distinto al de los operativos tradicionales: seguir el dinero que sostiene sus estructuras.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó durante el CI-FIRST International Financial Crime Forum que ambos gobiernos buscan afectar no sólo drogas, armas y operadores, sino también los recursos ilícitos, las redes financieras, los facilitadores y los mecanismos de corrupción que permiten a las organizaciones criminales mantener sus operaciones.
“Vamos tras lo que más les duele a los cárteles: su dinero”, sostuvo Johnson al explicar el enfoque de la cooperación bilateral en materia financiera.
Seguir el dinero para reconstruir la red
El planteamiento parte de una lógica sencilla: detrás de cada operación criminal existe una estructura financiera que paga armas, precursores químicos, transporte, reclutamiento, propiedades, intermediarios y redes de protección.
Por ello, las investigaciones buscan identificar transacciones sospechosas y seguirlas hasta cuentas, activos, empresas, personas y facilitadores que permitan reconstruir estructuras más amplias.
La estrategia modifica también el alcance de los golpes contra el crimen organizado. Detener a un operador afecta una parte de la estructura; localizar y bloquear los recursos que utiliza puede limitar su capacidad para sustituirlo, financiar nuevas operaciones o mantener otras células activas.
Inteligencia financiera y coordinación bilateral
El enfoque expuesto por Johnson implica una coordinación que no se limita a cuerpos de seguridad. También involucra autoridades financieras, organismos de inteligencia, instituciones encargadas de aplicar la ley y entidades capaces de rastrear operaciones económicas.
Entre las herramientas mencionadas aparecen el intercambio de información, los grupos de trabajo bilaterales, las sanciones financieras y la coordinación con autoridades encargadas de identificar movimientos de recursos ilícitos.
El objetivo es convertir esos hallazgos en investigaciones, bloqueos de cuentas, recuperación de activos, sanciones y acciones contra quienes facilitan el funcionamiento económico de las organizaciones criminales.
Johnson también colocó la corrupción dentro del mismo circuito. Las redes criminales no operan únicamente con sicarios o transportistas, sino también mediante intermediarios y facilitadores capaces de mover recursos, ocultar activos o abrir espacios dentro de estructuras legales.
De los operadores a sus bienes y empresas
La persecución financiera ya forma parte de investigaciones relacionadas con organizaciones mexicanas. En Estados Unidos, autoridades han utilizado procesos de decomiso, investigaciones patrimoniales y sanciones para intervenir propiedades, efectivo y otros bienes presuntamente vinculados con operadores del crimen organizado.
En México, la misma lógica ha cobrado relevancia en investigaciones sobre contrabando de hidrocarburos, lavado de dinero y empresas utilizadas para mover o justificar recursos.
El seguimiento patrimonial permite ampliar los expedientes más allá de quienes ejecutan directamente las operaciones y avanzar sobre las estructuras económicas que hacen posible que una organización continúe funcionando.
Una cooperación que busca cerrar rutas financieras
El mensaje de Washington no anuncia una operación contra un cártel específico, sino una línea de trabajo más amplia: seguir el dinero incluso cuando cruza fronteras y reconstruir las redes económicas que permiten mantener activas a las organizaciones criminales.
La estrategia coloca bajo la lupa cuentas, propiedades, empresas, intermediarios y facilitadores, además de los operadores visibles de cada grupo.
Para México y Estados Unidos, el objetivo ya no es únicamente decomisar cargamentos o capturar integrantes, sino reducir la capacidad financiera con la que los cárteles pueden reorganizarse después de cada golpe.
En ese terreno, la cooperación bilateral entra a una fase menos visible que los operativos de seguridad, pero potencialmente más profunda: atacar la estructura económica que sostiene al crimen organizado.