La opacidad alcanza contratos, costos y datos sobre la operación de la aeronave, en medio de señalamientos sobre un presunto uso personal por parte de un funcionario municipal para sobrevolar un edificio donde se encontraba su pareja.
El helicóptero de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen quedó bajo llave informativa durante cinco años. El gobierno de Estefanía Mercado reservó parte de la información sobre los costos, operación y contratación de la aeronave después de que NEXO solicitara conocer cuánto cuesta mantenerla, quién la opera, bajo qué condiciones se contrató y qué controles existen para autorizar sus vuelos.
La petición cobra especial relevancia por los señalamientos que existen alrededor del uso del helicóptero. Habitantes de Valle Aurora reportaron que el 25 de julio de 2025 la aeronave permaneció aproximadamente 20 minutos sobre las inmediaciones de un edificio habitacional. Los vecinos entregaron un video del sobrevuelo.
Alrededor de ese episodio surgieron señalamientos de que un funcionario municipal presuntamente habría utilizado la aeronave por motivos personales para sobrevolar el lugar donde se encontraba su pareja, quien estaba en el rooftop.
Precisamente por ello buscó las bitácoras, autorizaciones y controles de la aeronave: documentos que permitirían determinar quién autorizó el vuelo, cuál fue su propósito y si correspondió a una operación oficial.
NEXO revisó además la información pública difundida por el Ayuntamiento durante aquella fecha y no encontró algún comunicado que permitiera identificar un operativo relacionado con el sobrevuelo.
Aunque la ausencia de esa información no demuestra un uso irregular, mantiene abierta una pregunta que los registros oficiales podrían responder, pero que el Ayuntamiento reservó.
El contrato quedó dentro del perímetro de seguridad
El Comité de Transparencia del Ayuntamiento clasificó información referente al “estado de fuerza operativo, características tecnológicas, esquemas de mantenimiento e instrumentos contractuales de la flota aérea municipal”.
La autoridad argumentó que divulgar esos elementos podría proporcionar información útil a grupos delictivos y comprometer la seguridad del personal.
“Transparentar estos datos no empodera al ciudadano, sino que dota de inteligencia táctica a la delincuencia, debilitando las instituciones del Estado”, señala la respuesta entregada a NEXO.
La protección de rutas, capacidades tecnológicas, protocolos o información relacionada con operativos tiene una justificación vinculada con la seguridad pública.
La controversia comienza cuando el mismo candado alcanza los instrumentos contractuales. Conocer cuánto dinero público se destina a la aeronave, quién recibe esos recursos y bajo qué condiciones fue contratado el servicio no equivale necesariamente a revelar cómo opera la policía.
Y en este caso existe un elemento adicional, esa información podría contribuir a esclarecer señalamientos sobre un presunto uso personal de un recurso destinado a la seguridad pública.
