Los alumnos de la Preparatoria 2 fueron asesinados a balazos en Cuernavaca y otro adolescente resultó herido; con ellos suman seis integrantes de la comunidad universitaria asesinados durante 2026 y siete desde abril de 2025.

Christian Shamed y Gael, ambos de 17 años y estudiantes de la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fueron asesinados a balazos la noche del sábado 26 de septiembre en la colonia Chulavista, en Cuernavaca. Un tercer adolescente resultó herido durante el ataque.
La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que personal del Ministerio Público, de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales acudió al lugar para realizar las primeras diligencias y el levantamiento de los cuerpos. La dependencia señaló que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer el doble homicidio. Hasta este lunes no había informado de personas detenidas ni de un móvil confirmado.
El ataque vuelve a colocar a la comunidad universitaria frente a una pregunta que ya había surgido durante este año: qué capacidad tienen las autoridades para evitar que la violencia siga alcanzando a sus estudiantes, aunque los casos no correspondan necesariamente a una misma dinámica criminal.
El ataque ocurrió fuera de la universidad
Los primeros reportes ubican la agresión alrededor de las 21:30 horas del sábado, sobre una vialidad de la colonia Chulavista. Las versiones disponibles difieren sobre la dinámica previa. Algunas señalan que los jóvenes habían acudido a una celebración de cumpleaños y se encontraban reunidos en la zona; otras indican que se desplazaban en motocicletas cuando fueron atacados. La Fiscalía no ha establecido públicamente cuál fue la secuencia de los hechos ni el móvil de la agresión.
Hasta ahora, tampoco existe información que permita afirmar que fueron atacados por ser alumnos de la universidad. Su pertenencia a la UAEM forma parte del contexto de las víctimas, pero no explica por sí misma el crimen.


Siete estudiantes de la UAEM asesinados desde abril de 2025
El doble homicidio adquiere otra dimensión cuando se revisan los antecedentes de la comunidad universitaria. Con Christian y Gael, distintos recuentos periodísticos contabilizan siete estudiantes de la UAEM asesinados desde abril de 2025.
Cinco de esas víctimas fueron mujeres: Aylin Rodríguez Fernández, asesinada en abril de 2025; Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, cuyos casos ocurrieron en marzo de 2026; Michelle Itzayana Fuentes Calderón, estudiante de bachillerato de 15 años; y Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio asesinada el 12 de septiembre en Cuautla.
Sus casos han sido relacionados con violencia contra mujeres y, en varios de ellos, investigados bajo protocolos de feminicidio. Con Christian y Gael, el recuento de estudiantes de la UAEM asesinados durante 2026 llega a seis integrantes de la comunidad universitaria. La cifra, sin embargo, no significa que exista una sola causa detrás de todos los casos.
No todos los expedientes tienen la misma dinámica
Los antecedentes muestran circunstancias distintas. En algunos casos hubo desapariciones previas; en otros, ataques directos. Los asesinatos de las cinco estudiantes mujeres se investigan dentro de contextos de violencia de género, mientras que Christian y Gael murieron durante un ataque armado en una colonia de Cuernavaca.
Esa diferencia impide construir una explicación única o afirmar que los siete casos responden a una misma estructura criminal. Lo que sí puede observarse es la acumulación de víctimas vinculadas con una misma institución educativa en un periodo relativamente corto. Ese dato ayuda a entender la preocupación que existe actualmente dentro de la universidad.
La UAEM ya había activado medidas de seguridad
La violencia contra integrantes de la comunidad universitaria no apareció por primera vez con el ataque de septiembre. Después de los asesinatos de Kimberly Ramos y Karol Toledo, estudiantes mantuvieron tomada durante meses parte de la infraestructura universitaria y exigieron medidas de seguridad.

En agosto, la administración central de la UAEM presentó acciones que incluyeron cámaras de vigilancia y botones de alerta, además de otras medidas relacionadas con seguridad y bienestar universitario.
La institución también ha acompañado movilizaciones y homenajes realizados después de los asesinatos de estudiantes. Pero existe una frontera que la propia universidad no puede resolver por sí sola. Una parte importante de los hechos violentos ocurre fuera de los campus, en calles, colonias y municipios donde las tareas de seguridad pública e investigación corresponden a autoridades estatales y municipales.
La respuesta vuelve a quedar en manos de la Fiscalía
Después del doble homicidio, la rectora de la UAEM, Viridiana Aydeé León Hernández, exigió una investigación pronta y exhaustiva y pidió acciones concretas de los tres órdenes de gobierno para garantizar espacios seguros para las juventudes. La universidad informó además que acompaña a las familias de las víctimas y mantiene coordinación con las autoridades. La Fiscalía, por su parte, anunció que agotará todas las líneas de investigación.
Ahora corresponde establecer qué ocurrió en Chulavista, quiénes participaron, cuál fue el móvil y si existía alguna circunstancia previa que permita explicar por qué los jóvenes fueron atacados. Hasta ahora, ninguna de esas preguntas tiene respuesta pública definitiva.
De los casos individuales al problema institucional
La acumulación de estudiantes de la UAEM asesinados no demuestra que exista una misma causa detrás de los casos, pero sí obliga a revisar qué resultados están ofreciendo las estrategias de prevención y seguridad.
La UAEM puede establecer protocolos internos, instalar cámaras, colocar botones de alerta, acompañar a estudiantes y activar mecanismos de prevención. Sin embargo, cuando un estudiante es asesinado fuera del campus, la respuesta depende también de la capacidad de las autoridades para prevenir, investigar y sancionar los delitos.

Ahí aparece la diferencia entre una política interna de seguridad y una estrategia pública de protección a las juventudes.
La pregunta ya no es solamente cuántos casos van
Christian y Gael se suman a una comunidad que ya había despedido a cinco estudiantes asesinadas desde abril de 2025. Cada expediente deberá seguir su propia ruta judicial y no puede utilizarse para construir una causa común que las investigaciones no han establecido. Pero el acumulado sí permite formular una pregunta institucional:
¿Qué medidas concretas están funcionando para reducir la exposición de los estudiantes a la violencia y qué resultados pueden comprobar las autoridades después de los casos ocurridos durante 2026?
La respuesta no está únicamente en los comunicados posteriores a cada asesinato. Tendrá que encontrarse en las investigaciones, en las medidas de prevención, en los resultados de seguridad y en la capacidad de las instituciones para evitar que la lista vuelva a crecer.
