Informar sobre corrupción y seguridad: una sentencia de muerte para periodistas locales
Los periodistas asesinados en México en 2026 tenían algo en común: ejercían principalmente desde el ámbito local y cubrían asuntos capaces de incomodar a autoridades, corporaciones policiales, empresas o grupos criminales.
Entre el 8 de enero y el 16 de julio, seis periodistas fueron asesinados en Veracruz, Nuevo León, Guerrero y Puebla. Sus coberturas incluían seguridad pública, corrupción, servicios municipales, administración de recursos, medio ambiente y conflictos relacionados con el agua.
Veracruz, territorio hostil para el periodismo que incomoda al poder
Tres de los seis periodistas asesinados en México durante 2026 trabajaban en Veracruz. Dos de los crímenes ocurrieron en Poza Rica, mientras que el tercero comenzó con el secuestro de una periodista en Nanchital.
Carlos Leonardo Ramírez Castro, Luis Ángel López Valdez y Roxana Berenice Guzmán Ramírez informaban sobre seguridad, hechos policiales, política municipal, servicios públicos y problemas comunitarios. La concentración de casos convierte a Veracruz en el principal foco de esta violencia durante el periodo analizado.
Periodistas asesinados en México en 2026
| Periodista y medio | Estado | Fuente o temas que cubría | Cómo murió |
|---|---|---|---|
| Carlos Leonardo Ramírez Castro — director de Código Norte de Veracruz y colaborador de medios locales | Veracruz, Poza Rica | Seguridad pública, detenciones, accidentes, homicidios, secuestros y posibles actos de corrupción de autoridades | Hombres armados ingresaron al restaurante donde cenaba y le dispararon. Había recibido amenazas de policías municipales y anteriormente estuvo incorporado a un mecanismo local de protección. |
| Juan David Gámez — propietario de Táctica SS | Nuevo León, García | Seguridad, corrupción, narcotráfico, hechos violentos, accidentes y operativos policiales | Fue asesinado a tiros mientras conducía su motocicleta cerca de su domicilio. La investigación también analizaba amenazas de muerte recibidas previamente. |
| Luis Ángel López Valdez — reportero de Vanguardia de Veracruz y director de Reportaje Policiaco Veracruzano | Veracruz, Poza Rica | Información policial y seguridad pública | Un grupo armado le disparó mientras conducía su vehículo durante las primeras horas del 11 de junio. Contaba con medidas estatales de acompañamiento y vigilancia. |
| Roxana Berenice Guzmán Ramírez — directora de Pulso Informativo del Sureste | Veracruz, Nanchital | Servicios públicos, política municipal, seguridad y problemáticas ciudadanas | Hombres armados ingresaron a su domicilio y la secuestraron. Sus restos fueron identificados casi un mes después. |
| Manuel Alejandro Moreno Serna, “Alex Serna” — periodista ambiental independiente | Guerrero, Zihuatanejo de Azueta | Gestión del agua, daños ambientales, explotación de recursos y posibles actos de corrupción de empresas y autoridades | Desapareció el 20 de junio. Días después se difundió un audio en el que afirmaba estar secuestrado, y su muerte fue confirmada el 3 de julio. La fuente consultada no precisa públicamente el mecanismo exacto de su muerte. |
| Josué Martínez Contreras — director de Noticias San Martín Texmelucan | Puebla, San Martín Texmelucan | Seguridad, servicios públicos, administración municipal, protección civil y manejo de recursos públicos | Fue asesinado a tiros mientras se encontraba con su hijo cerca de su domicilio. Ocho meses antes había denunciado amenazas relacionadas con su cobertura del sistema local de agua. |
El riesgo de fiscalizar al poder local
Los casos presentan circunstancias distintas y las fiscalías todavía deben determinar si cada asesinato estuvo relacionado directamente con el trabajo periodístico de las víctimas. Sin embargo, la comparación revela un patrón: los periodistas informaban desde comunidades donde las fuentes, las autoridades investigadas y los posibles responsables de las amenazas estaban muy cerca.
El riesgo no se limitaba a investigar a grandes organizaciones criminales. También aparecía al cuestionar el funcionamiento de una policía municipal, el uso de recursos públicos, la falta de obras, la operación de un sistema de agua o las afectaciones ambientales atribuidas a una empresa.
Además, en al menos cuatro casos existían reportes públicos de amenazas anteriores: Carlos Castro, Juan David Gámez, Alex Serna y Josué Martínez. En otros dos casos había medidas de protección o intervención de organismos estatales.
La pregunta pendiente para las autoridades
La rendición de cuentas no comienza después del asesinato. También exige revisar qué hicieron las autoridades cuando tuvieron conocimiento de las amenazas, cómo evaluaron los riesgos y por qué las medidas disponibles no evitaron los crímenes.
Las investigaciones deberán establecer los móviles y sancionar tanto a los responsables materiales como a los posibles autores intelectuales. Mientras eso no ocurra, cubrir corrupción, seguridad pública y gobiernos municipales seguirá representando un riesgo extremo para el periodismo local.
Los seis asesinatos no solo silenciaron a periodistas. También dejaron a sus comunidades con menos información para vigilar a quienes ejercen el poder.