El bloqueo de recursos y el aseguramiento de dos propiedades en territorio estadounidense amplían el cerco financiero alrededor del gobernador con licencia de Sinaloa. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera revisa cuentas, contratos y movimientos de sus hijos, funcionarios y siete empresas vinculadas con su entorno
Autoridades de Estados Unidos aseguraron más de 65 millones de dólares en cuentas, activos y propiedades relacionados con familiares y empresas del círculo de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, de acuerdo con reportes difundidos durante los últimos días.
Las medidas financieras también alcanzarían dos departamentos ubicados en territorio estadounidense, como parte de las investigaciones abiertas después de que fiscales federales acusaron a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa.
El aseguramiento en Estados Unidos coincide con una investigación paralela en México. La Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda, bloqueó preventivamente cuentas del gobernador con licencia y comenzó a rastrear movimientos financieros de sus hijos, personas servidoras públicas y sociedades mercantiles relacionadas con su entorno.
La cifra de 65 millones de dólares y el aseguramiento de los dos inmuebles han sido atribuidos al Departamento del Tesoro estadounidense. Hasta este corte, las autoridades de ese país no han publicado el desglose de las cuentas, los titulares, la ubicación precisa de las propiedades ni la resolución mediante la cual se ejecutaron las medidas.
Acusación en Nueva York abrió la revisión financiera
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 29 de abril una acusación contra Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y ocho funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa por conspiración para importar drogas y delitos relacionados con armas.
La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sostiene que los acusados habrían utilizado sus cargos para proteger las operaciones de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, a cambio de respaldo político y sobornos. Rocha Moya enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una posible condena de cadena perpetua en caso de ser declarado culpable.
Las imputaciones son acusaciones y deberán probarse ante un tribunal. Rocha Moya ha rechazado los señalamientos y sostiene que no existen pruebas que lo relacionen con actividades del narcotráfico.
El expediente estadounidense contempla el decomiso de ganancias, propiedades y bienes utilizados para facilitar los delitos imputados. Esa vía permite a las autoridades rastrear y asegurar activos situados dentro de Estados Unidos, aunque estén registrados a nombre de familiares, empresas o terceras personas, siempre que logren acreditar su relación con los recursos investigados.
UIF bloquea cuentas y sigue el dinero en México
La actuación mexicana comenzó después de la acusación estadounidense. La UIF solicitó a las instituciones bancarias información sobre cuentas, contratos, saldos, transferencias e identificaciones relacionadas con Rocha Moya y posteriormente amplió la revisión a su familia.
El organismo ordenó el bloqueo preventivo de las cuentas del gobernador con licencia y de otros funcionarios incluidos en el expediente estadounidense. La inmovilización derivó de reportes presentados por instituciones del sistema financiero mexicano, cuyos mecanismos antilavado se activaron ante los señalamientos procedentes de Washington.
La UIF aclaró que el bloqueo no representa una declaración de responsabilidad penal. Se trata de una medida administrativa destinada a evitar que los recursos sean retirados, transferidos o dispersados mientras se determina su origen y destino.
Las instituciones financieras mexicanas también revisan las operaciones de José de Jesús, Rubén, Ricardo y Eneyda Rocha Ruiz, hijos del gobernador con licencia. Hasta la información publicada en mayo, la vigilancia sobre sus cuentas y empresas no implicaba que todos sus activos hubieran sido bloqueados.
Siete empresas ligadas a los hijos de Rocha están bajo revisión
La investigación de la UIF alcanza a siete sociedades relacionadas con los hijos y socios de Rocha Moya:
| Empresa bajo revisión | Vínculo identificado |
|---|---|
| A&R Inyecta Soluciones | Relacionada con integrantes de la familia Rocha Ruiz |
| A&R Soluciones y Estadísticas | Operada por Ricardo Rocha Ruiz |
| Agronegocios y Servicios El Águila del Norte | Con participación de José de Jesús Rocha Ruiz |
| Chocosa Ranch | Vinculada con el entorno empresarial de la familia |
| Construcciones Suaqui | Incluida en las solicitudes de información financiera |
| Constructora Chocosa | Relacionada con integrantes de la familia Rocha Ruiz |
| Grupo Rofcar | Constituida por José de Jesús Rocha Ruiz |
Las autoridades buscan determinar si las compañías participaron en triangulaciones, movimientos sin justificación económica o esquemas de lavado de dinero. Algunas obtuvieron contratos de la Secretaría de Obras Públicas, el DIF estatal y los Servicios de Salud de Sinaloa durante la administración de Rocha Moya.
Entre las empresas aparece Grupo Rofcar, constituida en enero de 2011 por José de Jesús Rocha Ruiz y dedicada a la comercialización de baterías, acumuladores y aceites. También está bajo revisión Constructora Chocosa, que mantuvo operaciones con sociedades vinculadas con Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa acusado en Estados Unidos.
Dos rutas financieras alrededor del mismo expediente
Las acciones se desarrollan en jurisdicciones distintas. Estados Unidos puede congelar cuentas dentro de su sistema financiero y asegurar propiedades situadas en su territorio. La UIF, en cambio, tiene facultades para inmovilizar recursos dentro de México, analizar operaciones y entregar información a la Fiscalía General de la República.
No se ha informado públicamente si el Departamento del Tesoro solicitó directamente a la UIF el bloqueo de las cuentas. La información conocida indica que las instituciones mexicanas presentaron reportes después de la acusación de Washington y que esos alertamientos llevaron a la inmovilización preventiva.
La investigación mexicana y el aseguramiento estadounidense, por tanto, avanzan como dos rutas alrededor del mismo grupo de personas, empresas y movimientos financieros.
El cerco financiero contra Rocha Moya
65 millones de dólares
Recursos y activos que reportes atribuyen al aseguramiento en Estados Unidos.
2 propiedades
Departamentos asegurados en territorio estadounidense.
7 empresas
Sociedades relacionadas con los hijos y el entorno empresarial de Rocha Moya revisadas por la UIF.
4 hijos
José de Jesús, Rubén, Ricardo y Eneyda Rocha Ruiz aparecen en las solicitudes de información financiera.
10 acusados
Funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa incluidos en el expediente del Distrito Sur de Nueva York.
Rocha Moya solicitó licencia al gobierno de Sinaloa después de conocerse la acusación estadounidense. Aunque el proceso penal permanece abierto y no existe una sentencia en su contra, las investigaciones financieras ya se extendieron desde las personas señaladas hacia sus familiares, empresas, socios y contratos públicos.