Un fallo federal confirmó que la dependencia militar deberá entregar versiones públicas de los contratos celebrados en 2018 y 2019 para la adquisición de un sistema de vigilancia por más de 140 millones de pesos.
La Secretaría de la Defensa Nacional deberá transparentar los contratos relacionados con el software de espionaje Pegasus, luego de que un tribunal federal confirmara el amparo que obliga a la dependencia a cumplir una resolución emitida desde 2023 por el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito desestimó el recurso presentado por la Defensa y ratificó la sentencia que ordena entregar versiones públicas de dos contratos celebrados en 2018 y 2019 con Comercializadora Antsua S.A. de C.V., empresa vinculada con la comercialización de Pegasus en México.
La decisión representa un nuevo revés para la dependencia militar, que durante cuatro años se ha negado a entregar la documentación pese a las resoluciones administrativas y judiciales emitidas en su contra.
¿Qué resolvió el tribunal?
El Tribunal Colegiado confirmó el amparo concedido en 2024 por el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México a la Red en Defensa de los Derechos Digitales, conocida como R3D.
Los magistrados determinaron que la Defensa incumplió durante un periodo excesivo una resolución vinculante, definitiva e inatacable del INAI, mediante la cual se le había ordenado localizar y entregar la documentación solicitada. Además, rechazaron el argumento de la institución militar de que los documentos no podían difundirse porque habían sido clasificados completamente como reservados.
De acuerdo con la resolución, una autoridad no puede volver a alegar la reserva de información cuando el órgano garante de transparencia ya determinó que existen documentos públicos que deben entregarse, por lo que la sentencia obliga a la Defensa a cumplir la resolución original del INAI y elaborar las versiones públicas correspondientes.
¿Qué documentos deberá entregar la Defensa?
La resolución no se limita únicamente a las carátulas de los contratos. El INAI había ordenado desde enero de 2023 realizar una búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas competentes y entregar la información relacionada con las contrataciones celebradas con Comercializadora Antsua. Entre los documentos solicitados se encuentran solicitudes de contratación, opiniones técnicas, contratos, anexos técnicos, dictámene, facturas, comprobantes de pago y documentación relacionada con la prestación del servicio.
Las versiones públicas podrán proteger datos cuya confidencialidad esté legalmente justificada, pero no podrán ocultar por completo la existencia, los montos, el objeto y las condiciones generales de las contrataciones. Los contratos están identificados con los números DN-10 SAIT-1975/P/2019 y DN-10 SAIT-1938/P/2018.
¿Por qué la Defensa mantenía reservada la información?
El litigio comenzó después de que la Defensa negara inicialmente la existencia de los contratos solicitados por R3D. Sin embargo, documentos obtenidos de la Auditoría Superior de la Federación y archivos internos filtrados por el colectivo Guacamaya demostraron que las contrataciones sí existían.
Tras la intervención del INAI, la institución militar informó el 10 de febrero de 2023 que había localizado los documentos, pero decidió reservarlos durante cinco años. La dependencia sostuvo que su divulgación podía afectar la seguridad nacional debido a que los equipos y servicios se adquirieron para la generación de inteligencia militar.
No obstante, tanto el Juzgado de Distrito como el Tribunal Colegiado concluyeron que esa clasificación no podía utilizarse para incumplir una resolución definitiva del órgano garante de transparencia.
La Defensa también argumentó que era imposible elaborar versiones públicas de documentos totalmente clasificados Esa posición fue desestimada porque no respondía al punto central del juicio, que es el incumplimiento de una resolución obligatoria y la vulneración de los derechos de acceso a la información y a la justicia.
Contratos por más de 140 millones de pesos
Las investigaciones relacionadas con el caso documentaron al menos dos contrataciones realizadas durante 2018 y 2019 bajo el concepto de “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”. El monto conjunto superó los 140 millones de pesos.
En uno de los documentos conocidos, la propia Defensa reconoció un contrato vigente entre el 12 de abril y el 31 de diciembre de 2019, así como una relación de pagos por más de 139 millones de pesos.
La Comercializadora Antsua es la proveedora vinculada con la comercialización del software Pegasus en México, mientras que el Centro Militar de Inteligencia apareció como usuario final del servicio contratado.
El caso tomó relevancia porque la existencia de esos contratos se negó previamente en respuestas oficiales a solicitudes de acceso a la información.
¿Qué es Pegasus y por qué generó polémica?
Pegasus es un programa de vigilancia desarrollado por la empresa israelí NSO Group. El sistema puede infiltrarse en teléfonos móviles y acceder a mensajes, llamadas, archivos, ubicaciones, cámaras y micrófonos sin que la persona afectada necesariamente detecte la intervención.
En México, investigaciones periodísticas y de organizaciones civiles han documentado infecciones o intentos de infección contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos y representantes de organizaciones sociales.
La investigación denominada Ejército Espía, difundida en octubre de 2022, documentó que el Centro Militar de Inteligencia utilizó Pegasus y relacionó su operación con las contrataciones realizadas con Comercializadora Antsua.
Las organizaciones involucradas sostienen que la apertura de los contratos permitirá conocer las condiciones bajo las cuales se adquirió la tecnología, los recursos públicos destinados y los controles establecidos para evitar su uso arbitrario.
Un litigio de cuatro años
La disputa por los contratos comenzó formalmente en 2022, cuando R3D solicitó las versiones públicas de la documentación. Después de que la Defensa negara contar con los archivos, la organización presentó un recurso de revisión ante el INAI.
En enero de 2023, el pleno del instituto revocó la respuesta de la dependencia y ordenó entregar la información. Aunque la Defensa admitió que localizó posteriormente los contratos, los clasificó como reservados durante cinco años, por lo que R3D presentó una demanda de amparo.
En junio de 2024, el Juzgado Decimosexto de Distrito concedió la protección judicial y determinó que las resoluciones del INAI eran definitivas, obligatorias e inatacables para las autoridades. Aunque la institución militar impugnó la sentencia, el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito rechazó sus argumentos y confirmó el amparo.¿
Qué sigue tras la sentencia?
La confirmación del amparo no significa que los contratos ya sean públicos. La Defensa deberá cumplir la sentencia, localizar la totalidad de los documentos y elaborar las versiones públicas ordenadas por el INAI.
R3D ha advertido que, hasta ahora, la institución continúa sin entregar la información, pese a que han transcurrido más de tres años desde la resolución del órgano de transparencia y cuatro desde que comenzó el litigio.
El cumplimiento permitirá conocer no solo cuánto dinero público se destinó a Pegasus, sino también quién autorizó las contrataciones, cuáles fueron sus especificaciones técnicas y qué mecanismos de supervisión existían para controlar el uso de la herramienta.
La resolución también sienta un precedente sobre los límites de las instituciones militares para reservar contratos vinculados con tecnologías de vigilancia bajo el argumento general de seguridad nacional.Aunque las versiones públicas podrán proteger información verdaderamente sensible, la Defensa ya no podrá utilizar la reserva total como argumento para mantener ocultos los contratos cuya entrega fue ordenada por las autoridades de transparencia y confirmada por el Poder Judicial.