Antonio Manrique Mac denunció que fue engañado en la venta por 7.5 millones de pesos del rancho La Caverna, 37 hectáreas en Akumal adquiridas en 2019 por José María Rejón de la Guerra, entonces cuñado del gobernador Carlos Joaquín. La Fiscalía cerró inicialmente la investigación; siete años después, Rejón fue vinculado a proceso y el expediente acumula dos rutas de amparo e intervenciones federales que colocan bajo escrutinio la actuación de la justicia estatal durante aquel sexenio.
Tras siete años de litigio, José María Rejón de la Guerra, entonces cuñado del exgobernador Carlos Joaquín González, fue vinculado a proceso por fraude en el caso de Rancho La Caverna, el predio de 37 hectáreas en Akumal cuya venta denunció Antonio Manrique Mac. La resolución llega después de que la Fiscalía de Quintana Roo cerró inicialmente la investigación contra Rejón y el expediente atravesó dos rutas de amparo y al menos tres intervenciones federales que terminaron poniendo bajo escrutinio decisiones tomadas por la justicia estatal durante el sexenio de Carlos Joaquín.
El enfrentamiento comenzó con la operación formalizada el 25 de abril de 2019 por 7.5 millones de pesos. Manrique sostiene que fue engañado y que no consintió la venta de Rancho La Caverna en los términos asentados en la escritura; Rejón ha controvertido esa acusación. La vinculación dictada siete años después no determina su culpabilidad, pero modifica el escenario de un expediente que inicialmente había terminado cerrado por la Fiscalía estatal.
La operación no ocurrió en un vacío político. José María Rejón era entonces cuñado de Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo y cabeza del Poder Ejecutivo estatal. Ese vínculo colocó frente a frente a un indígena maya que reclamaba una afectación a su patrimonio y a una persona perteneciente al círculo familiar inmediato de quien concentraba el mayor poder político del estado.
Es precisamente lo ocurrido después de la venta lo que lleva el expediente del terreno penal hacia la rendición de cuentas sobre el ejercicio del poder. La Fiscalía estatal cerró la investigación contra Rejón; Antonio Manrique tuvo que acudir a la justicia federal para combatir esa determinación y, mientras reclamaba la defensa de su patrimonio, terminó enfrentando una acusación penal promovida por el propio Rejón.
La secuencia coloca bajo escrutinio una posible utilización desigual del aparato institucional. Mientras el entonces cuñado del gobernador obtuvo inicialmente una determinación que cerraba la investigación en su contra, el indígena maya que lo denunció pasó de denunciante a enfrentar al propio sistema penal. Años después, también quedó bajo escrutinio federal la actuación de fiscales involucrados en aquella carpeta.
Ahí se encuentra el punto de quiebre del caso. El parentesco, por sí mismo, no demuestra que Carlos Joaquín haya dado una orden para favorecer a Rejón. Pero las decisiones adoptadas por instituciones bajo su gobierno obligan a investigar hasta dónde llegó la influencia política alrededor de su entonces cuñado y si existió abuso de poder, protección institucional o alguna intervención destinada a modificar el curso ordinario de la justicia.
Antonio Manrique tuvo que sostener durante años la defensa judicial de su patrimonio. Lo que comenzó como una denuncia por una operación inmobiliaria terminó convirtiéndose en una batalla contra decisiones del propio aparato estatal.
El expediente exige entonces reconstruir quién tomó cada decisión, quién conoció el caso, quién determinó su cierre, qué funcionarios intervinieron y si existió comunicación, presión o injerencia desde estructuras políticas vinculadas al gobierno de Carlos Joaquín.
La secuencia deja una contradicción incómoda para aquel sexenio: el expediente que la justicia estatal encaminó hacia el archivo sobrevivió al gobierno, al gobernador y a las resoluciones que intentaron cerrarle el paso.
Del rancho La Caverna al archivo estatal
La compraventa de Rancho La Caverna se formalizó ante el notario público número 85 de Yucatán, Rodolfo Cerón Palma. La documentación conocida del litigio establece un precio de 7.5 millones de pesos por aproximadamente 37 hectáreas ubicadas en Akumal.
El contexto político acompaña necesariamente la operación: Carlos Joaquín gobernaba Quintana Roo y el comprador, José María Rejón de la Guerra, era hermano de Gabriela Rejón, entonces esposa del mandatario estatal.
Ese parentesco no acredita automáticamente una conducta ilícita del gobernador. El problema de rendición de cuentas aparece cuando se contrasta esa cercanía con la respuesta posterior de las instituciones: la denuncia de Manrique no avanzó inicialmente contra Rejón y la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal. El entonces cuñado del gobernador quedó fuera de proceso. El denunciante tuvo que buscar protección federal.
Primer amparo: 784/2020
Antonio Manrique promovió el amparo indirecto 784/2020, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en Quintana Roo, para combatir la ruta procesal que había frenado la investigación relacionada con Rejón.
La justicia federal concedió protección a Manrique y abrió nuevamente la posibilidad de combatir la determinación adoptada en Quintana Roo.
Rejón combatió esa decisión. Compareció como tercero interesado e impugnó la resolución. El expediente escaló nuevamente y un Tribunal Colegiado confirmó posteriormente la protección federal otorgada a Manrique, de acuerdo con la información documentada sobre el caso.
El contraste es central: lo que había encontrado una puerta cerrada en la justicia estatal necesitó la intervención de distintas instancias federales para volver a abrirse.
No fue un trámite menor. La actuación federal permitió mantener vivo un expediente que había encontrado inicialmente su cierre en Quintana Roo y cuyo señalado pertenecía entonces al círculo familiar del gobernador.
De denunciante a enfrentar una acusación
Mientras la investigación contra Rejón permanecía inicialmente cerrada, Antonio Manrique pasó de exigir justicia a tener que defenderse ante ella. José María Rejón lo denunció por “denuncias falsas” y “falso testimonio”.
La inversión de posiciones es uno de los episodios que con mayor fuerza coloca bajo escrutinio el ejercicio institucional durante aquel periodo: el integrante del círculo familiar del gobernador quedó inicialmente fuera de proceso; quien denunció una afectación sobre 37 hectáreas de su patrimonio terminó frente al aparato penal.
Manrique tuvo que defenderse y, simultáneamente, continuar litigando para mantener viva su denuncia. Ese desequilibrio abre la pregunta sobre influencia, protección institucional y posible abuso de poder. Determinar si existió una intervención personal de Carlos Joaquín exige acreditar el nexo; investigar cómo operaron las instituciones bajo su gobierno, en cambio, parte de hechos concretos contenidos en la propia secuencia judicial.
La disputa abrió tres frentes: la investigación penal contra Rejón por presunto fraude, el juicio civil sobre la compraventa del rancho La Caverna y una investigación separada sobre la actuación de los fiscales que intervinieron originalmente en el caso.
Los fiscales también quedaron bajo escrutinio
La controversia terminó alcanzando a quienes habían intervenido desde la propia Fiscalía. En diciembre de 2020 fueron denunciados los fiscales Estela Labastida Rodríguez y Jeans Gaspari Chablé Yupit por su actuación en la carpeta que concluyó con el no ejercicio de la acción penal a favor de Rejón.
La denuncia contra los funcionarios tampoco avanzó durante años. En agosto de 2025, una resolución de la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, correspondiente al toca penal 95/2025, mantuvo una determinación favorable a los fiscales. Antonio Manrique volvió a acudir a la justicia federal.
Segundo amparo: 934/2025
El segundo frente quedó registrado en el amparo 934/2025. El 29 de abril de 2026, el Juzgado Tercero de Distrito concedió la protección federal a Antonio Manrique frente a la resolución de la Octava Sala.
La sentencia no permite afirmar automáticamente que Labastida Rodríguez y Chablé Yupit sean responsables penalmente ni que necesariamente se les vinculará a proceso.
Pero deja un dato institucional difícil de minimizar: primero llegó a la justicia federal el cierre de la investigación contra el entonces cuñado del gobernador; después llegó también la actuación relacionada con fiscales que habían intervenido en aquel expediente.
Para entonces, el caso acumulaba dos grandes rutas de amparo y al menos tres intervenciones federales claramente identificables. La pregunta dejó de ser únicamente qué hizo Rejón. Pasó a ser también qué hizo la justicia de Quintana Roo con el caso del entonces cuñado del gobernador y por qué sus decisiones terminaron repetidamente ante instancias federales.
Siete años para llegar a una vinculación
En 2026, José María Rejón de la Guerra fue vinculado a proceso por fraude. La resolución no equivale a una condena ni prejuzga su responsabilidad. Determina que existen elementos para que el procedimiento penal continúe. Pero siete años de antecedentes cambian el peso del dato.
El hombre cuya investigación había sido cerrada inicialmente por la Fiscalía cuando era cuñado del gobernador terminó enfrentando un proceso penal después de que Antonio Manrique atravesó años de litigios, dos rutas de amparo y sucesivas intervenciones federales. La vinculación obliga entonces a mirar hacia atrás.
Si en 2026 existen elementos para mantener abierto el proceso, la rendición de cuentas debe alcanzar también las decisiones institucionales que durante años condujeron el expediente en sentido contrario: quién las tomó, bajo qué criterios y si alrededor de ellas operó alguna influencia derivada de la cercanía de Rejón con el poder político de aquel sexenio.
El patrimonio también se pelea por la vía civil
Rancho La Caverna tampoco quedó sujeto únicamente al expediente penal. Antonio Manrique promovió el juicio ordinario civil 509/2021 contra José María Rejón de la Guerra, el notario Rodolfo Cerón Palma y el director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente.
El 2 de julio de 2025 se dictó sentencia definitiva. Rejón apeló. La impugnación quedó registrada como toca 0577/2025 y continuó generando actuaciones durante 2026.
Las 37 hectáreas quedaron así en el centro de dos batallas paralelas: la penal, donde Rejón enfrenta ahora proceso, y la civil, donde continúa la disputa sobre la operación mediante la cual fue transmitido el inmueble.
El expediente sobrevivió al sexenio
Carlos Joaquín González concluyó su gobierno en Quintana Roo el 24 de septiembre de 2022. El expediente quedó.
Para entonces, la operación inmobiliaria ya había ocurrido; Manrique había denunciado el fraude; la Fiscalía había cerrado inicialmente la investigación contra el entonces cuñado del gobernador; el denunciante había terminado enfrentando una acusación y la justicia federal ya había intervenido.
La vinculación de Rejón en 2026 no prueba que Carlos Joaquín haya ordenado protegerlo o haya intervenido personalmente ante la Fiscalía. Una afirmación de esa naturaleza exige evidencia directa.
Pero el expediente sí deja planteada una pregunta de poder que ya no puede resolverse mirando únicamente a Rejón: ¿el trato institucional que recibió estuvo influido por su relación familiar con quien gobernaba Quintana Roo?
Responderla exige reconstruir la cadena de mando de la Fiscalía, las actuaciones de los servidores públicos involucrados y cualquier comunicación, instrucción o intervención proveniente del Ejecutivo estatal. Ahí está la frontera entre decisiones institucionales cuestionables y un eventual abuso de poder.
De gobernador de Quintana Roo a embajador en Canadá
Carlos Joaquín dejó el gobierno estatal, pero no el servicio público. En enero de 2023, el Senado ratificó su nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Canadá. Posteriormente asumió la representación diplomática mexicana.
Desde esa posición representa los intereses del Estado mexicano, mantiene la interlocución política bilateral y participa en asuntos económicos, comerciales, jurídicos, consulares y de cooperación.
La responsabilidad institucional cambió de escenario. El expediente de Antonio Manrique, en cambio, no encontró una salida diplomática.
Mientras Carlos Joaquín pasó de gobernar Quintana Roo a representar a México en Canadá, el conflicto surgido durante su administración continuó atravesando juzgados, amparos y tribunales para combatir decisiones adoptadas originalmente dentro de las instituciones quintanarroenses.
Siete años después, la vinculación de José María Rejón no prueba una intervención personal del exgobernador. Sí devuelve el reflector hacia el aparato de justicia que funcionó bajo su administración: una investigación contra su entonces cuñado inicialmente cerrada; un indígena maya que denunció una afectación a su patrimonio y terminó enfrentando una acusación; fiscales posteriormente denunciados por su actuación y dos rutas de amparo que mantuvieron abiertos distintos frentes del expediente.
La cronología carga con su propia ironía: Carlos Joaquín representa hoy al Estado mexicano en el extranjero; en Quintana Roo todavía queda por esclarecer cómo operó el Estado cuando el involucrado pertenecía a su propia familia política.
El expediente sobrevivió al sexenio y llegó hasta 2026. Y aquel conflicto que comenzó por 37 hectáreas en Akumal y una operación por 7.5 millones de pesos terminó abriendo una cuenta mucho mayor: José María Rejón tendrá que responder ante la justicia por los hechos que se le imputan. La justicia del sexenio de Carlos Joaquín, siete años y dos amparos después, todavía tiene que responder por sus decisiones.