Las llamadas movilizan a corporaciones de emergencia, pero el reto comienza después: convertir el reporte en denuncia, protección y acompañamiento
La violencia familiar en el sur de Quintana Roo genera entre 130 y 140 reportes cada semana al Subcentro Regional C5 de Chetumal, dentro de aproximadamente 1,500 comunicaciones semanales recibidas por el sistema. Los avisos, realizados principalmente a través del 911, mantienen a este tipo de violencia como una de las principales causas efectivas de movilización de unidades de emergencia en Othón P. Blanco y la zona sur.
El balance dado a conocer esta semana muestra, sin embargo, que entre 50% y 60% de las comunicaciones recibidas no necesariamente corresponden a emergencias y pueden incluir consultas u otros asuntos. La diferencia es relevante: una llamada al C5 puede generar atención policial, pero eso no significa automáticamente que el hecho termine convertido en denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo o que derive en una medida de protección.
Violencia familiar en el sur de Quintana Roo: ¿qué ocurre después del 911?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, cuando una llamada al 911 requiere auxilio, el reporte es canalizado para el envío de las unidades correspondientes. En los casos de violencia familiar, esa atención de emergencia no debe confundirse con una denuncia ante la FGE de Quintana Roo ni permite saber, por sí misma, si posteriormente se inició una carpeta de investigación.
Si los hechos pueden constituir violencia familiar, la víctima puede acudir ante la FGE de Quintana Roo para presentar la denuncia correspondiente. Sin embargo, hasta ahora no se hizo público cuántos de los 130 a 140 reportes semanales del C5 terminan en una carpeta de investigación, por lo que no es posible equiparar llamadas con denuncias.
La dimensión estatal ayuda a entender el problema. Durante 2025, Quintana Roo acumuló 27,036 llamadas al 911 relacionadas con violencia familiar, de acuerdo con el informe anual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Por número absoluto de reportes, la entidad cerró en el sexto lugar nacional; sin embargo, al considerar el tamaño de su población escaló al tercer sitio del país, con una tasa de 1,286.43 llamadas por cada 100,000 habitantes, únicamente detrás de Sonora y Colima. En todo México se contabilizaron 538,699 llamadas por violencia familiar durante el año pasado.
| Lugar Entidad Llamadas | ||
|---|---|---|
| 1 | Guanajuato | 58,853 |
| 2 | Ciudad de México | 55,536 |
| 3 | Sonora | 44,080 |
| 4 | Coahuila | Entre 29,000 y 31,000* |
| 5 | Jalisco | 31,612 |
| 6 | Quintana Roo | 27,036 |
*En Coahuila, la cifra disponible es un estimado anual, no un dato cerrado exacto.
Lo que una víctima puede solicitar
El Centro de Justicia para las Mujeres de Quintana Roo contempla una atención que va más allá de presentar una denuncia. Entre sus atribuciones están la aplicación de medidas de protección, atención médica y psicológica, asesoría y representación jurídica, servicios periciales y acceso a refugios.
“Los modelos de atención, prevención y sanción […] son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar”.
— Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo
El problema, en cifras
- 130 a 140 reportes de violencia familiar recibe semanalmente el C5 de Chetumal.
- 27,036 llamadas por violencia familiar acumuló Quintana Roo entre enero y diciembre de 2025.
- 6.º lugar nacional ocupó Quintana Roo por número absoluto de llamadas relacionadas con violencia familiar.
- 3.er lugar nacional ocupó Quintana Roo por tasa poblacional, con 1,286.43 llamadas por cada 100 mil habitantes.
Fuentes: Subcentro Regional C5 de Chetumal y SESNSP.
Del auxilio inmediato a una medida de protección
La violencia familiar en el sur de Quintana Roo no termina cuando llega una patrulla. El marco estatal establece mecanismos para proteger a las víctimas y la propia FGE de Quintana Roo ofrece servicios especializados para mujeres que enfrentan situaciones de violencia.
Entre ellos están las medidas de protección, que buscan reducir el riesgo después de una agresión. El Código Penal estatal establece que el Ministerio Público puede emitir órdenes de emergencia o preventivas para salvaguardar la integridad física o psicológica de la víctima.