La Suprema Corte plantea un incremento real de 12.7% para el próximo año y contempla recuperar el seguro de gastos médicos mayores para su personal. Rosa Icela Rodríguez pidió prudencia ante solicitudes presupuestales excesivas, mientras dentro del propio tribunal Lenia Batres cuestiona el gasto, aunque encabeza la ponencia con mayor número de integrantes.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quiere ejercer 6 mil 104.5 millones de pesos en 2027, un incremento de 12.7% en términos reales frente al presupuesto aprobado para este año, que coloca a la nueva integración del máximo tribunal ante una de sus primeras pruebas concretas de austeridad. El cuestionamiento llegó esta semana desde el propio Gobierno federal, cuando la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió prudencia frente a solicitudes presupuestales excesivas y recordó que la contención del gasto no corresponde únicamente al Ejecutivo.
La discusión alcanza a una Corte que se ha presentado como distinta a la existente antes de la reforma judicial y que asegura haber eliminado privilegios, prestaciones y gastos durante 2026. Sin embargo, su anteproyecto para el próximo año no solamente busca recuperar parte de los recursos perdidos durante los dos ejercicios anteriores: también contempla restituir un seguro de gastos médicos mayores para trabajadores de la institución, excepto ministras y ministros, mientras mantiene estructuras internas que en algunas ponencias se acercan al centenar de personas.
El debate no se limita a determinar si 6 mil 104 millones de pesos son demasiados o insuficientes para operar al máximo tribunal, sino en dónde comienza y dónde termina la austeridad que la nueva Corte prometió aplicar y qué parte de su estructura resulta indispensable para impartir justicia.
La Corte quiere 6 mil 104 millones de pesos para 2027
El Pleno de la SCJN aprobó un anteproyecto de presupuesto por 6 mil 104 millones 533 mil 140 pesos para el ejercicio fiscal de 2027. En términos nominales representa un crecimiento aproximado de 17.2% respecto de los recursos aprobados para este año; descontado el efecto de la inflación, la propia Corte calcula un aumento real de 12.7%.
La propuesta todavía no constituye el presupuesto definitivo. Deberá incorporarse al proceso presupuestario federal y será finalmente la Cámara de Diputados la encargada de determinar cuánto dinero podrá ejercer el máximo tribunal durante el próximo año.
La Corte argumenta que llega a esta discusión después de dos ejercicios consecutivos con recursos inferiores a los solicitados. Para 2025, sostiene, recibió 714.4 millones de pesos menos, equivalentes a una reducción de 12% frente a su propuesta; para 2026, el ajuste fue de 661 millones de pesos, 11.2% menos.
A ello suma las medidas aplicadas durante este año: canceló 83 plazas administrativas, equivalentes a 10% de la plantilla de esas áreas; eliminó o redujo prestaciones y apoyos, contuvo gastos de telefonía y gasolina y suspendió ajustes salariales. Con esos recortes como antecedente, el tribunal sostiene ahora que necesita recuperar recursos para evitar afectaciones a su operación.
Ocho de cada diez pesos adicionales irían a salarios y prestaciones
La composición del incremento permite observar dónde se encuentra buena parte de la presión presupuestaria. De acuerdo con la explicación difundida por la propia Suprema Corte, ocho de cada diez pesos adicionales solicitados para 2027 se destinarían a sueldos y prestaciones establecidos en la legislación y en las condiciones generales de trabajo.
La precisión es importante: eso no significa que 80% de los 6 mil 104 millones solicitados corresponda a nuevos salarios y prestaciones, sino que esa proporción se refiere específicamente al incremento presupuestal planteado para el próximo ejercicio. El resto de los recursos adicionales se utilizará para el mantenimiento de instalaciones, proyectos tecnológicos y medidas destinadas a prevenir mayores costos futuros.
Es precisamente dentro de las prestaciones donde apareció uno de los puntos que mayor controversia ha generado: la posibilidad de recuperar un beneficio que la nueva integración había eliminado como parte de su política de austeridad.
Regresaría el seguro de gastos médicos mayores
El anteproyecto incorpora recursos para contratar nuevamente un seguro de gastos médicos mayores para personal de la Suprema Corte, aunque ministras y ministros quedarían excluidos. La contratación dependería de que exista disponibilidad presupuestaria y de que la Cámara de Diputados finalmente autorice los recursos necesarios.
La prestación había sido eliminada a finales de 2025 dentro de las medidas anunciadas por la nueva Corte para reducir privilegios y gastos. Posteriormente, la institución firmó un convenio con el ISSSTE para facilitar la atención médica especializada de sus trabajadores.
La posibilidad de regresar al esquema privado abrió entonces una discusión dentro del propio tribunal. La pregunta es inevitable: si la eliminación del seguro fue presentada como parte de la nueva política de austeridad, ¿qué cambió para que apenas un año después vuelva a considerarse necesario?
Lenia Batres cuestiona el aumento y el seguro privado
Una de las voces que se opuso al anteproyecto fue la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien considera que incrementar el presupuesto en esas condiciones contradice los compromisos de austeridad asumidos por la nueva integración de la Corte.
Batres también rechazó la recuperación del seguro de gastos médicos mayores y pidió expresamente que tanto ella como las 95 personas adscritas a su ponencia fueran excluidas de la prestación.
La ministra ha extendido sus cuestionamientos a otros rubros. Entre ellos se encuentran recursos vinculados con pensiones y estructuras destinadas a exintegrantes del tribunal, además de áreas administrativas que, desde su perspectiva, podrían ser sometidas a una revisión más profunda antes de solicitar mayores recursos públicos.
La mayoría del tribunal ha defendido una posición diferente. La Corte sostiene que su anteproyecto fue construido bajo criterios de racionalidad, eficiencia y transparencia y que recuperar recursos no significa necesariamente abandonar la austeridad después de los ajustes acumulados en los dos ejercicios anteriores.
Batres encabeza una ponencia de 95 personas
El cuestionamiento de Lenia Batres abre, sin embargo, otro ángulo de la misma discusión. Cuando pidió quedar fuera del seguro médico privado no solicitó la exclusión únicamente para ella, sino también para las 95 personas que integraban su ponencia, y que incluyen personal jurídico, técnico y administrativo que participa en el análisis de expedientes, elaboración de proyectos de sentencia y distintas tareas necesarias para atender la carga jurisdiccional.
Eso no vuelve irrelevante el tamaño de la estructura. Información pública sobre la conformación de las ponencias ha colocado al equipo de Batres como el más numeroso entre los nueve integrantes de la Corte, lo que introduce otra pregunta dentro del debate sobre austeridad: cuántas personas necesita una ponencia para funcionar y bajo qué criterios se determina el tamaño de esos equipos.
El dato tampoco desactiva el argumento de Batres contra los seguros privados. Una plantilla amplia puede responder a necesidades jurisdiccionales mientras la ministra considera innecesaria una prestación específica para sus trabajadores. Pero ambas discusiones conducen al mismo punto: si las estructuras son indispensables para impartir justicia, la institución puede transparentar sus funciones, costos y criterios de asignación.
Austeridad no significa solamente bajar el salario de los ministros
Uno de los cambios más visibles de la nueva Corte ocurrió en las remuneraciones de sus integrantes. En 2024, los ministros percibían un salario mensual bruto de 297 mil 403 pesos; para 2026, la remuneración bruta mensual quedó establecida en 186 mil 485 pesos, además de eliminarse distintas prestaciones que anteriormente recibían quienes ocupaban esos cargos.
La diferencia ronda los 111 mil pesos brutos mensuales, pero comparar únicamente los salarios de nueve ministros no alcanza para dimensionar el costo de operación del tribunal. La SCJN necesita secretarios de Estudio y Cuenta, proyectistas, especialistas, personal técnico y administrativo, infraestructura, sistemas informáticos y recursos suficientes para procesar los asuntos que llegan al máximo órgano jurisdiccional.
Ahí está precisamente la discusión que abre el anteproyecto de 2027. Una política de austeridad puede reducir salarios y prestaciones en la parte superior de la institución y, al mismo tiempo, garantizar recursos suficientes para que el tribunal continúe funcionando. Lo que corresponde explicar es qué gastos son indispensables y cuáles pueden reducirse sin afectar la impartición de justicia.
Rosa Icela pide prudencia: “Son tiempos de austeridad”
La controversia salió de la propia Corte y llegó al Gobierno federal. Durante la conferencia presidencial del 21 de agosto, Rosa Icela Rodríguez sostuvo que la política de austeridad debe alcanzar a los tres Poderes de la Unión y a los organismos autónomos.
“Son tiempos de austeridad, no solamente para el Ejecutivo federal y para el Poder Legislativo, también para el Poder Judicial y para los organismos autónomos”.
La secretaria de Gobernación habló de la necesidad de mantener prudencia frente a solicitudes presupuestales excesivas, una posición que extendió tanto al Poder Judicial como al INE, y manifestó confianza en que puedan alcanzarse acuerdos durante el proceso presupuestario.
La intervención de Gobernación tiene un límite institucional: el Ejecutivo no puede determinar unilateralmente cuánto dinero recibirá la Suprema Corte. La propuesta deberá atravesar todavía el procedimiento presupuestario y será la Cámara de Diputados la que finalmente decida cuánto podrá ejercer el tribunal durante 2027.
La austeridad de la nueva Corte enfrenta su prueba presupuestal
El debate por los 6 mil 104 millones de pesos rebasa finalmente la cifra. La Suprema Corte argumenta que necesita recuperar recursos después de dos años de ajustes y sostiene que buena parte del incremento servirá para cubrir obligaciones laborales y mantener funcionando una institución altamente especializada.
Desde dentro del propio tribunal, Lenia Batres considera que existen gastos que todavía pueden recortarse y se opone particularmente al regreso de seguros médicos privados. Al mismo tiempo, el tamaño de su propia ponencia muestra que la austeridad judicial tampoco puede medirse exclusivamente a partir de prestaciones o salarios individuales.
Ahora el Gobierno federal agrega presión política al pedir prudencia frente al crecimiento de las solicitudes presupuestales. Será la Cámara de Diputados la que resuelva la cifra, pero antes la nueva Corte tendrá que enfrentar una discusión que la reforma judicial volvió inevitable.
Si los recursos adicionales son indispensables para impartir justicia, corresponderá al tribunal demostrarlo. Si todavía existen gastos que pueden reducirse sin comprometer esa función, el mismo principio de austeridad que la nueva Corte ha reivindicado obliga a identificarlos.