La solicitud presupuestal abre un contraste con las promesas de Hugo Aguilar de eliminar privilegios y “hacer mucho con poco”; Lenia Batres cuestionó el incremento y la discusión ya provocó fricciones dentro del máximo tribunal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta una de las primeras pruebas de su política de austeridad; después de llegar con la promesa de reducir gastos, salarios y prestaciones, el máximo tribunal plantea incrementar sus recursos para 2027.
La propuesta presupuestal ronda los 6 mil 104 millones de pesos, frente a los 5 mil 208.7 millones de pesos que la Cámara de Diputados autorizó para la Corte en 2026. La diferencia ronda los 896 millones de pesos, equivalente a un incremento nominal cercano al 17%.
El aumento ha abierto una discusión dentro de la propia Corte y coloca nuevamente bajo escrutinio el compromiso de austeridad anunciado por su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, desde antes de asumir el cargo.
De “hacer mucho con poco” a pedir más recursos
Cuando todavía era ministro presidente electo, Aguilar aseguró en agosto de 2025 que la nueva integración de la Corte podría “hacer mucho con poco” y anticipó ajustes salariales y presupuestales. Tras asumir la presidencia de la SCJN el 1 de septiembre de ese año, anunció un programa de austeridad para eliminar dispendios y privilegios.
Entre las primeras medidas planteó reducir las remuneraciones de funcionarios que ganaban más que la Presidencia de la República, revisar pensiones de ministros en retiro y eliminar prestaciones consideradas excesivas. Los cálculos iniciales contemplaban ahorros de hasta 800 millones de pesos anuales.
La Corte posteriormente informó que la política de austeridad aplicada al presupuesto de 2026 representaría un ahorro de 661 millones de pesos. El discurso alcanzó incluso los seguros privados.
En septiembre de 2025, Aguilar aseguró que los nuevos ministros no aceptarían seguro de gastos médicos mayores y cuestionó otras prestaciones que históricamente habían recibido funcionarios del Poder Judicial.
En enero pasado, la Corte y el ISSSTE firmaron un convenio para proporcionar servicios médicos especializados al personal del tribunal. El propio instituto señaló entonces que los integrantes de la SCJN ya no contaban con seguro de gastos médicos mayores.
Lenia Batres cuestiona el aumento
La discusión presupuestal abrió además una nueva fractura dentro del pleno. La ministra Lenia Batres manifestó esta semana su oposición al incremento y sostuvo que resulta contrario a la política de austeridad.
El desacuerdo escaló después de que Batres acusó a sus compañeros de mostrar una “animadversión insana” hacia ella tras el rechazo de uno de sus proyectos. La ministra relacionó el episodio con su postura contraria al aumento presupuestal, aunque Hugo Aguilar y Yasmín Esquivel rechazaron esa interpretación.
La controversia convirtió así una discusión administrativa en un nuevo punto de tensión política dentro de la Corte surgida de la reforma judicial.
Más de 80% del presupuesto actual paga servicios personales
La estructura financiera de la SCJN ayuda a dimensionar el debate.
De los 5 mil 208.7 millones de pesos autorizados para 2026, aproximadamente 4 mil 289 millones, equivalentes al 82.3%, están destinados a servicios personales, que incluyen salarios y prestaciones.
Otros 825.7 millones corresponden a servicios generales, mientras únicamente 9.5 millones fueron destinados a gasto de capital.
La propia Corte argumentó que el recorte aplicado por Diputados para 2026 obligó a priorizar obligaciones laborales y gastos indispensables para mantener funcionando el tribunal.
Además, sostuvo que el presupuesto aprobado para este año representa 12.7% menos recursos en términos reales que los autorizados en 2025.
Austeridad frente a operación
La discusión sobre el presupuesto de 2027 enfrenta ahora dos argumentos. Por un lado, la SCJN debe financiar una estructura en la que más de ocho de cada diez pesos del presupuesto vigente están comprometidos en servicios personales y garantizar los derechos laborales de sus trabajadores.
Por otro, la solicitud de mayores recursos aparece menos de un año después de que la nueva integración de la Corte hizo de la austeridad uno de los símbolos de ruptura con el Poder Judicial anterior.
La decisión final no corresponde únicamente a los ministros. La propuesta deberá incorporarse al proceso presupuestario federal y posteriormente pasar por la Cámara de Diputados, que tendrá la última palabra sobre cuánto dinero recibirá efectivamente la Suprema Corte en 2027.
Para la nueva Corte, la discusión será también una prueba para demostrar cómo conciliará la austeridad que prometió con los recursos que afirma necesitar para operar.