Un juez ordenó prisión preventiva para los cuatro imputados por la agresión sexual contra un niño indígena en Sabanilla. Ahora se definirá si enfrentarán un juicio y por qué delitos se les procesará.
La investigación por la agresión sexual contra un niño indígena en el municipio de Sabanilla, Chiapas, entró a una nueva fase judicial. Luego de la detención de cuatro hombres presuntamente involucrados en el caso, un juez les impuso prisión preventiva oficiosa, pero el proceso penal aún está lejos de concluir. La decisión judicial mantiene a los imputados privados de la libertad mientras se define su situación jurídica.
Durante la audiencia inicial, celebrada en el Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Distrito Bochil-San Cristóbal, el juez decretó prisión preventiva oficiosa para los cuatro imputados.
No obstante, las defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que el juzgador concedió un plazo de 144 horas para resolver si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso.
Durante ese periodo, el Ministerio Público continuará exponiendo las pruebas reunidas por la Fiscalía General del Estado, mientras la defensa podrá presentar argumentos y elementos a favor de los acusados. Será al concluir ese plazo cuando el juez determine si el caso avanza formalmente hacia un juicio.
¿De qué se acusa a cada uno?
La Fiscalía sostiene que cada uno de los detenidos tuvo un grado distinto de participación en los hechos ocurridos en la comunidad de Los Naranjos, municipio de Sabanilla.
De acuerdo con la investigación, Octavio «N.» es señalado como el presunto autor de la agresión sexual; Aurelio «N.», propietario del predio donde ocurrieron los hechos y tío del menor, habría sujetado físicamente a la víctima para facilitar la agresión; Gabino «N.» presuntamente grabó el abuso y difundió posteriormente el video a través de un grupo de WhatsApp, material que más tarde se viralizó en redes sociales. Finalmente, Fernando «N.» enfrenta señalamientos por presuntamente alertar a los demás implicados sobre la presencia de las autoridades para facilitar su huida. Conforme avance el proceso judicial se determinará la responsabilidad penal de cada uno.
¿Qué penas podrían enfrentar?
A tres de los imputados se les investiga por el delito de pederastia, una conducta que el Código Penal del Estado de Chiapas sanciona con penas que pueden alcanzar hasta 50 años de prisión, dependiendo de las circunstancias del caso y de la participación que se acredite para cada acusado.
Además, conforme avance la integración de la carpeta de investigación, la Fiscalía podría formular otras imputaciones relacionadas con la grabación y difusión del video, así como por la presunta colaboración para evitar la captura de los responsables. Será el juez quien determine finalmente qué delitos serán materia del proceso penal.
El menor permanece bajo resguardo
Mientras el proceso judicial continúa, el niño permanece bajo protección institucional en el municipio de Yajalón, donde recibe atención médica y psicológica especializada.
El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que las primeras valoraciones detectaron afectaciones psicológicas severas, por lo que el menor continuará bajo tratamiento especializado.
Asimismo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas abrió un expediente de oficio para dar seguimiento al caso y verificar que se garantice la protección integral de la víctima durante todo el procedimiento.
La siguiente decisión será clave
La resolución que emita el juez al concluir el plazo constitucional marcará el rumbo del caso. Si determina que existen elementos suficientes, los cuatro imputados serán vinculados a proceso y la investigación entrará a la etapa complementaria, donde tanto la Fiscalía como las defensas continuarán aportando pruebas antes de un eventual juicio.
Por ahora, los acusados permanecerán en prisión preventiva mientras la justicia define el futuro de uno de los casos que más indignación ha provocado en Chiapas durante este año.