La Sección Instructora ya tiene un proyecto para determinar si admite la solicitud presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche. La salida de Hugo Éric Flores deja el expediente en manos de una nueva conducción justo cuando Morena y el PT elevan la presión para llevar el caso de Alejandro Moreno a otra etapa.
El desafuero de Alito Moreno llegará a septiembre en condiciones distintas a las que mantuvieron el expediente durante más de un año en la Cámara de Diputados. La Sección Instructora ya elaboró un proyecto para determinar si admite o rechaza la solicitud presentada contra Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del PRI.
Eso no significa que Moreno haya perdido el fuero ni que exista una determinación sobre su responsabilidad. El proyecto corresponde a un paso anterior: establecer si existen elementos para abrir formalmente el procedimiento solicitado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche.
Hugo Éric Flores, todavía presidente de la Sección Instructora, confirmó el 19 de agosto que dejará el proyecto en los archivos del órgano legislativo mientras la Fiscalía campechana termina de aportar elementos. Pero introdujo también una definición que coloca el expediente en el terreno político: el procedimiento avanzará “si es que así se decide por la mayoría legislativa”.
Después de más de un año de revisión, la Fiscalía mantiene su solicitud, existe un proyecto para resolver su admisión y septiembre abrirá un nuevo periodo ordinario. La pregunta ya no es si el expediente existe, sino si la mayoría oficialista está dispuesta a convertir la presión política contra Alito en un procedimiento legislativo.
Un expediente abierto desde 2025
La solicitud que actualmente analiza la Cámara de Diputados llegó en julio de 2025 y no corresponde al primer intento por retirar la inmunidad procesal a Moreno. Una petición anterior, relacionada con señalamientos por enriquecimiento ilícito, fue desechada y posteriormente la Fiscalía Anticorrupción de Campeche presentó un nuevo expediente por presuntos hechos ocurridos durante el gobierno del priista en esa entidad.
La solicitud incluye señalamientos por peculado y uso indebido de atribuciones, entre otros posibles delitos, y coloca en el centro un presunto desvío por 83.5 millones de pesos. Las investigaciones conocidas públicamente comprenden cuatro carpetas y alcanzan también a exfuncionarios y particulares.
Moreno conserva la presunción de inocencia frente a esas acusaciones.
Un eventual procedimiento de declaración de procedencia tampoco determinaría si cometió los delitos señalados: resolvería si debe retirarse la protección constitucional que actualmente impide proceder penalmente contra él en los términos solicitados por la Fiscalía.
El desafuero de Alito Moreno permaneció durante meses sin una definición siquiera sobre la admisión de la solicitud. Flores reconoció este agosto que el expediente nunca estuvo cerrado y que la Sección Instructora mantuvo comunicación con la Fiscalía para completar la documentación. Ahora existe un proyecto; lo que todavía no existe es una resolución.
Flores se va y deja el expediente sobre la mesa
El caso llegará a septiembre además con un cambio importante. Hugo Éric Flores solicitó licencia para dejar la Cámara de Diputados al cierre de agosto y asumir la dirigencia del nuevo partido PAZ, por lo que Morena deberá definir quién ocupará su lugar al frente de la Sección Instructora.
Flores tampoco se marcha asegurando que la acusación esté suficientemente sustentada. El 19 de agosto señaló que la Fiscalía de Campeche todavía debía aportar elementos y sostuvo que hasta ese momento no había presentado “hechos contundentes” que permitieran resolver el expediente. La precisión es importante: existe un proyecto sobre la admisión, pero todavía debe decidirse si la solicitud reúne las condiciones para avanzar.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó que el expediente se mantenga congelado por decisión suya y aseguró que la Sección Instructora ha contado con autonomía para procesarlo.
Ante la posibilidad de que existan elementos suficientes, resumió su posición en una frase: “si procede, adelante”. Morena prevé definir en su plenaria del 30 de agosto quién sustituirá a Flores.
El relevo recibirá así uno de los expedientes políticamente más sensibles de la nueva etapa legislativa: una solicitud que lleva más de un año abierta y que ahora tiene sobre la mesa un proyecto para decidir si pasa al siguiente nivel.
Morena y el PT elevan la presión
Mientras el procedimiento permanecía sin resolución, la confrontación política alrededor de Moreno aumentó. Legisladores de Morena reactivaron durante agosto las exigencias para retirarle el fuero y reclamaron que la Cámara retome el expediente, mientras el PT se sumó este 24 de agosto a la presión para que avance el procedimiento.
El endurecimiento coincide con el cambio en la presidencia de la Sección Instructora y con el inicio del nuevo periodo ordinario. Formalmente será el órgano legislativo competente el que deberá resolver conforme al procedimiento; políticamente, sin embargo, Morena tendrá que asumir la decisión de avanzar o mantener el expediente en la etapa en la que ha permanecido desde 2025.
Para el PRI, la lectura es completamente distinta. Rubén Moreira, coordinador de la bancada en San Lázaro, ha calificado la solicitud como una “venganza” y anticipó que defenderán a Moreno si el asunto llega al pleno. El partido sostiene que las acciones contra su dirigente forman parte de una persecución política desde el oficialismo.
Alito lleva la confrontación fuera de México
El desafuero de Alito Moreno coincide además con una estrategia política que el dirigente priista ha trasladado a Estados Unidos. Durante sus visitas a Washington ha denunciado lo que considera una deriva autoritaria del Gobierno mexicano, acusado a integrantes de Morena de presuntos vínculos con el crimen organizado y anunciado acciones ante instancias internacionales.
En agosto presentó además una denuncia ante el Departamento de Estado contra tres consejeros del Instituto Nacional Electoral, a quienes acusa de restringir su libertad de expresión por medidas relacionadas con publicaciones en las que utiliza expresiones como “narcopartido” para referirse al oficialismo.
Morena ha utilizado esos viajes para cuestionarlo y acusarlo de buscar respaldo en el extranjero, mientras Moreno presenta las acciones en su contra como parte de la persecución política que asegura enfrentar en México.
El expediente originado en Campeche terminó así convertido en una pieza más de una confrontación nacional. Pero, detrás del intercambio político, permanece una decisión legislativa concreta que todavía no ha ocurrido: determinar si la solicitud de declaración de procedencia debe ser admitida.
Septiembre obliga a mover ficha
Durante más de un año, el expediente pudo permanecer en una zona gris: abierto, pero sin una decisión siquiera sobre su admisión. Septiembre cambia esa comodidad. Habrá un nuevo periodo ordinario, un nuevo presidente de la Sección Instructora y un proyecto esperando sobre el escritorio.
Alejandro Moreno conserva el fuero y la presunción de inocencia, mientras la Fiscalía mantiene su solicitud y deberá aportar los elementos necesarios para sostenerla. Pero políticamente la pelota cambia de cancha: Morena tendrá que decidir si lleva la confrontación con Alito hasta un procedimiento de desafuero o permite que el expediente siga esperando.