El proyecto impulsado por Mara Lezama ya tiene una declaratoria federal para 60.76 hectáreas y una opinión ambiental condicionada; pero la presidencia señala que el sitio todavía debe definirse, abriendo preguntas sobre la ruta seguida, los permisos y las inversiones anunciadas
El Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún llega a septiembre con un contraste que obliga a revisar su ruta administrativa. El Gobierno de Quintana Roo lo presentó en marzo como una apuesta de hasta mil 300 millones de dólares, con terreno público, incentivos gubernamentales y nuevas actividades vinculadas con servicios financieros, tecnología y turismo médico. Después, la Secretaría de Economía publicó el 7 de agosto la declaratoria del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar sobre 60.76 hectáreas de propiedad estatal.
El expediente federal señala que Semarnat consideró el polo “viable en materia ambiental”, sujeto al cumplimiento de requisitos y medidas de protección ecológica y gestión hídrica; también establece que el predio tiene uso de suelo RU1 y que cuenta con servicios básicos, aunque identifica la necesidad de ampliar transporte público y mejorar infraestructura peatonal. Sin embargo, en la mañanera del 7 de septiembre, Claudia Sheinbaum señaló que el lugar todavía no está aprobado y que deben revisarse alternativas para evitar afectar zonas de selva.
Un proyecto que avanzó en el papel
La diferencia no implica, por sí misma, una irregularidad. Pero sí deja una pregunta que las autoridades deben responder: ¿qué fue exactamente lo que se aprobó y qué permanece pendiente?
La declaratoria federal reconoce formalmente al Distrito Financiero como PODECOBI y delimita sus 60.76 hectáreas. El acuerdo también establece que los predios son bienes del dominio público de Quintana Roo y que el Estado deberá suscribir con la Secretaría de Economía el convenio de coordinación correspondiente.
Esto significa que existe un avance administrativo concreto. Pero una declaratoria como Polo de Desarrollo no sustituye las autorizaciones específicas que requieran las obras que finalmente se pretendan ejecutar.
Ahí se encuentra el punto que ahora debe transparentarse.
De hasta 100 hectáreas a 60.76
Cuando Quintana Roo presentó el proyecto, la superficie anunciada contemplaba hasta 100 hectáreas, con posibilidad de incorporar terrenos privados.
La declaratoria federal terminó estableciendo un polígono de 60.76 hectáreas, dividido en cuatro superficies denominadas Kulkaná 1, Continuación Kulkaná 1, Kulkaná 2 y Continuación Kulkaná 2.
La diferencia no permite concluir que exista una irregularidad, pero sí obliga a precisar qué superficie pretende desarrollar actualmente el Gobierno estatal y por qué el polígono federal terminó siendo menor al planteado inicialmente.
El componente ambiental
El expediente federal no señala que el predio esté dentro de un área natural protegida. Por el contrario, incorpora una opinión de la Conanp según la cual los predios se encuentran fuera de áreas naturales protegidas federales.
Semarnat, por su parte, emitió en marzo la opinión de viabilidad ambiental que permitió integrar el criterio de sostenibilidad del PODECOBI, aunque condicionada a requisitos y medidas ambientales.
Por eso la declaración de Sheinbaum adquiere relevancia: si el polo ya pasó por esa evaluación para efectos de su declaratoria, ¿qué aspecto específico del sitio permanece sin autorización?
La respuesta debe encontrarse en el expediente ambiental y no en interpretaciones políticas.
La inversión médica también entra al escrutinio
El proyecto no se limita al sector financiero. El propio PODECOBI contempla entre sus vocaciones el turismo médico, junto con servicios empresariales y financieros, tecnología, educación y otras actividades.
En agosto, el Gobierno estatal anunció además un Memorándum de Entendimiento para un Premier Medical Destination Center, con una inversión proyectada de 270 millones de dólares, orientado a servicios médicos especializados, investigación y tecnología.
La cifra debe mantenerse separada de los mil 300 millones de dólares anunciados para el Distrito Financiero: un memorándum de entendimiento no equivale por sí mismo a inversión ejercida.
La pregunta es cuánto de ambas cantidades está formalmente comprometido y qué proyectos dependen realmente del polígono declarado como PODECOBI.
Infraestructura: la otra cuenta pendiente
El acuerdo federal señala que el polígono dispone de vialidades, electricidad, agua potable, drenaje y conectividad, pero también reconoce necesidades de ampliación de transporte público e infraestructura peatonal.
Eso coloca otra variable sobre la mesa: el costo público de hacer operable el distrito.
Además de la inversión privada, habrá que conocer qué infraestructura deberá aportar el Estado, el municipio o la Federación y cuánto representan los incentivos fiscales ofrecidos para atraer empresas.
Lo que queda por aclarar
La secuencia es concreta: Quintana Roo anunció el proyecto; avanzó con su formalización; la Federación declaró 60.76 hectáreas como PODECOBI; Semarnat incorporó una opinión de viabilidad ambiental condicionada y ahora la Presidencia señala que el sitio todavía no está aprobado.
No hay elementos suficientes para afirmar que exista una irregularidad ni que el proyecto haya sido cancelado. Lo que sí existe es una diferencia entre lo publicado y lo que todavía no está autorizado para ejecutarse.
Y ahí está la rendición de cuentas: el PODECOBI ya está publicado y tiene un polígono definido; lo que falta transparentar es qué puede construirse realmente sobre esas 60.76 hectáreas, con qué permisos, bajo qué condiciones ambientales, cuánto dinero está efectivamente comprometido y qué ocurrirá con todo lo avanzado si finalmente la ubicación cambia.