La pobreza cayó de 27% a 17.7% entre 2022 y 2024 y mejoraron los indicadores de vivienda, salud, alimentación y seguridad social; sin embargo, casi cuatro de cada diez habitantes mantienen carencia de seguridad social y tres de cada diez de acceso a salud. Las evaluaciones oficiales tampoco permiten atribuir directamente todas las mejoras a los programas públicos
Quintana Roo tiene presupuestados para 2026 23 mil 273 millones de pesos para desarrollo social, equivalentes al 53.8% del gasto programable. Más allá del tamaño de la bolsa, el dato plantea una pregunta de rendición de cuentas: qué resultados concretos obtiene la población frente a los recursos públicos destinados a mejorar sus condiciones de vida.
El contraste cobra relevancia después de que la gobernadora Mara Lezama sostuvo, durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Cancún, que la transformación tiene sentido cuando cambia la vida de las personas y que “el dinero público es del pueblo y debe regresar al pueblo”.
Los indicadores disponibles muestran avances, pero también diferencias importantes. Entre 2022 y 2024, la pobreza multidimensional bajó de 27% a 17.7%; la carencia por servicios básicos en la vivienda, de 22.5% a 12%; calidad y espacios de la vivienda, de 14% a 10.4%; seguridad social, de 42.4% a 39.5%; acceso a servicios de salud, de 32.4% a 30.3%, y alimentación nutritiva y de calidad, de 15% a 13.1%.
El balance deja una primera diferencia: pobreza y vivienda registraron las reducciones más pronunciadas, mientras salud, alimentación y seguridad social avanzaron a un ritmo menor.
| Indicador | 2022 | 2024 | Cambio |
|---|---|---|---|
| Pobreza multidimensional | 27.0% | 17.7% | -9.3 pp |
| Servicios básicos en vivienda | 22.5% | 12.0% | -10.5 pp |
| Calidad y espacios de vivienda | 14.0% | 10.4% | -3.6 pp |
| Seguridad social | 42.4% | 39.5% | -2.9 pp |
| Acceso a servicios de salud | 32.4% | 30.3% | -2.1 pp |
| Alimentación nutritiva y de calidad | 15.0% | 13.1% | -1.9 pp |
Pobreza disminuye, pero persisten carencias sociales en Quintana Roo
La caída de la pobreza multidimensional constituye uno de los principales avances del periodo, pero no significa que las principales carencias estén resueltas. En 2024, 39.5% de la población todavía presentaba carencia de seguridad social, mientras 30.3% carecía de acceso a servicios de salud.
La diferencia frente al 17.7% de pobreza muestra que una parte de la población puede haber mejorado sus ingresos y dejado esa condición sin haber superado todas sus carencias sociales.
La seguridad social permanece como el mayor rezago entre los indicadores analizados. Aunque bajó de 42.4% a 39.5% entre 2022 y 2024, casi cuatro de cada diez habitantes continuaban sin acceso pleno. El resultado depende, además, de factores como formalidad laboral, afiliación al IMSS o ISSSTE, prestaciones y pensiones, por lo que no puede atribuirse exclusivamente a los programas sociales estatales.
En salud ocurre algo similar. La carencia disminuyó de 32.4% a 30.3%, pero alrededor de tres de cada diez quintanarroenses permanecían en esa condición.
Las evaluaciones de los Servicios Estatales de Salud muestran, además, diferencias entre actividad y cobertura. Las unidades de primer nivel superaron su meta de consultas: frente a 595 mil 675 programadas, alcanzaron 104.058% de cumplimiento. Sin embargo, de una meta de 336 mil 127 personas para consulta y atención integral, fueron reportadas 214 mil 303 personas sin seguridad social atendidas al menos una vez.
El dato no demuestra falta de resultados, pero sí marca una diferencia entre consultas realizadas, población efectivamente cubierta y reducción de la carencia de acceso a salud.
Desarrollo social en Quintana Roo: más presupuesto no equivale automáticamente a resultados
De los 23 mil 273 millones de pesos presupuestados para desarrollo social en Quintana Roo durante 2026, aproximadamente 13 mil 698.6 millones corresponden a educación, 4 mil 227.7 millones a salud y 3 mil 643.5 millones a protección social y asuntos sociales.
Entre los programas identificados aparecen 762 millones de pesos para apoyos económicos a mujeres responsables del hogar, 645.6 millones para Comemos Tod@s, 251.9 millones para Unidades del Bienestar y 250 millones para Agua Potable Eficiente para Todas y Todos.
Sin embargo, presupuesto autorizado no equivale a dinero efectivamente ejercido ni a recursos entregados directamente a las familias. También existen recursos federales y programas operados por organismos distintos al Gobierno estatal.
La misma diferencia debe aplicarse a los resultados: gasto, cobertura e impacto son mediciones distintas.
Comemos Tod@s, por ejemplo, pasó de 50 mil beneficiarios en 2023 a 55 mil en 2024, 57 mil en 2025 y una meta de 60 mil en 2026. En paralelo, la carencia por alimentación nutritiva y de calidad disminuyó de 15% en 2022 a 13.1% en 2024.
La coincidencia muestra una expansión de la cobertura junto con una reducción de la carencia, pero no permite concluir que el programa sea responsable por sí solo del cambio. Las evaluaciones disponibles identificaron áreas por mejorar en la cuantificación de la población objetivo, identificación de beneficiarios y medición de resultados e impacto.
Vivienda registra los mayores avances, pero mantiene rezago
Las condiciones de vivienda presentan algunos de los resultados más favorables. La carencia por servicios básicos disminuyó 10.5 puntos porcentuales, de 22.5% a 12%, mientras la relacionada con calidad y espacios bajó de 14% a 10.4%.
El avance no elimina el rezago. Para 2024 todavía se estimaban 74 mil 772 viviendas en condición de rezago habitacional, equivalentes al 12.7% del parque habitacional de Quintana Roo.
Tampoco estos resultados pueden adjudicarse a una sola política. En vivienda intervienen recursos estatales y municipales, programas federales, financiamiento, regularización y las propias condiciones económicas de los hogares.
En agua aparece otra diferencia entre cobertura y desempeño. CAPA ha reportado niveles de cobertura cercanos al 99%, mientras su eficiencia global se ubicó en 84.55% y la eficiencia física en 39.53%, ambas por debajo de sus respectivas metas. Los indicadores miden componentes diferentes, pero muestran que una cobertura elevada no equivale por sí misma a eficiencia del servicio.
En educación existe un resultado más directamente asociado a una intervención específica: durante 2025, 98.007% de los estudiantes de educación básica beneficiarios de becas concluyó el ciclo escolar, ligeramente por encima de la meta. El cumplimiento del programa, sin embargo, convive con diferencias de cobertura entre niveles y abandono escolar.
Recursos públicos frente a resultados reales de bienestar
Los indicadores no muestran ausencia de resultados. Entre 2022 y 2024 disminuyeron la pobreza y todas las carencias sociales analizadas, aunque a velocidades diferentes.
Los mayores avances aparecen en servicios básicos de vivienda y pobreza; las reducciones fueron menores en seguridad social, salud y alimentación.
Tampoco existe evidencia suficiente para sostener que los 23 mil 273 millones de pesos presupuestados para desarrollo social en 2026, o los programas que integran esa política, expliquen directamente las mejoras observadas entre 2022 y 2024. Los periodos son distintos y en los resultados intervienen recursos federales, empleo, ingresos, programas nacionales y otras condiciones económicas y sociales.
Las evaluaciones permiten acreditar consultas, becas, apoyos y beneficiarios. Los indicadores de pobreza permiten observar si las condiciones sociales mejoran. El punto todavía pendiente en varios programas es establecer cuánto del cambio puede atribuirse directamente a cada intervención pública y al dinero ejercido para financiarla.
Ese contraste coloca la declaración de Mara Lezama sobre el dinero público en un terreno medible. La rendición de cuentas no termina al informar cuánto se presupuestó o cuántos apoyos fueron entregados: implica determinar qué problema mejoró, cuál permanece rezagado y qué parte del resultado puede acreditarse a la política pública financiada con esos recursos.