La presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados capítulo Quintana Roo señaló que el eventual desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas debe resolverse con base en elementos jurídicos y mediante los procedimientos establecidos
El proceso de desafuero contra el dirigente nacional del PRI y senador Alejandro Moreno Cárdenas debe conducirse con apego a derecho y sin convertir el procedimiento en un asunto político, consideró Leslie Hendricks Rubio, presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados capítulo Quintana Roo.
La representante del organismo jurídico sostuvo que las autoridades deben determinar si existen elementos suficientes para retirar la inmunidad constitucional del priista y permitir, en su caso, que continúen las investigaciones en su contra.
Hendricks Rubio señaló que Moreno Cárdenas ha mantenido una postura de oposición frente al gobierno de Morena y consideró que las acusaciones en su contra deben resolverse por la vía institucional. Añadió que, en caso de que prospere el desafuero, el PRI tendrá que actuar conforme a sus estatutos y reglamentos internos.
El proceso de desafuero contra “Alito” Moreno
La solicitud de desafuero fue presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche en julio de 2025 y está relacionada con una investigación por presuntos delitos cometidos durante el periodo en que Moreno Cárdenas fue gobernador de Campeche.
El expediente contempla señalamientos por presunto peculado, uso indebido de atribuciones y usurpación de funciones, además de un supuesto desvío de recursos. Estos señalamientos forman parte de una investigación y no representan por sí mismos una responsabilidad penal acreditada.
El procedimiento permanece en el ámbito legislativo y su eventual avance deberá determinarse conforme a las reglas aplicables al fuero constitucional y a las facultades de la Cámara de Diputados.
El caso ha generado un nuevo enfrentamiento político entre Morena y el PRI. Mientras integrantes del partido oficialista han respaldado la revisión del expediente, desde el priismo se ha señalado que el proceso responde a una persecución política.
Hendricks Rubio insistió en que, independientemente de las posiciones políticas alrededor del caso, el procedimiento debe desarrollarse dentro de las instituciones y con estricto apego a la legislación.