La autoridad anticorrupción sostiene que los indicadores no reflejan avances recientes; la ENCIG 2025 registró 17,176 víctimas de corrupción por cada 100,000 habitantes
La corrupción en Quintana Roo volvió al debate después de que Alma Gabriela Arroyo Angulo, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo (Sesaeqroo), cuestionó la metodología de las mediciones sobre corrupción y aseguró que no reflejan los avances alcanzados en los últimos dos años. El señalamiento ocurre mientras datos publicados en mayo de 2026 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mantienen al estado por encima del promedio nacional en percepción, prevalencia e incidencia de corrupción.
La discusión tiene como antecedente el Índice de Estado de Derecho en México del World Justice Project (WJP), que colocó a Quintana Roo en el lugar 30 de 32 en Ausencia de corrupción. El resultado, sin embargo, no es nuevo: corresponde a la edición 2023-2024, mientras las acciones que Sesaeqroo presenta ahora como avances fueron implementadas posteriormente.
¿Por qué Sesaeqroo cuestiona ahora la medición?
Alma Gabriela Arroyo Angulo argumentó que la percepción puede modificarse por factores como temporalidad, procesos electorales o experiencias personales y cuestionó que los instrumentos disponibles reflejen las políticas aplicadas recientemente. La funcionaria sostuvo además que Quintana Roo avanzó del lugar 32 al 30 porque otras entidades retrocedieron, no porque existiera una mejora sustancial en su puntaje. El cuestionamiento contrasta con la posición que mantenía la propia dependencia en 2024. Cuando se publicó el índice, Sesaeqroo señaló que WJP generaba “datos confiables y sólidos” y consideró las estadísticas útiles para diseñar políticas públicas.
“La corrupción tiene dos vías: quien la promueve y quien la acepta, y no es un fenómeno exclusivo del sector público”.
—Alma Gabriela Arroyo Angulo, secretaria ejecutiva de Sesaeqroo
Los 5 estados peor evaluados en ausencia de corrupción
| Lugar Entidad Puntaje | ||
|---|---|---|
| 28 | Jalisco | 0.31 |
| 29 | Estado de México | 0.31 |
| 30 | Quintana Roo | 0.30 |
| 31 | Ciudad de México | 0.30 |
| 32 | Morelos | 0.29 |
Corrupción en Quintana Roo: ¿qué dicen los datos más recientes del Inegi?
Existe ahora un contrapeso mucho más actualizado. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, publicada el 21 de mayo de 2026 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), recoge experiencias de la ciudadanía durante 2025 en trámites, pagos, servicios públicos y contactos con autoridades.
En Quintana Roo, 85.6% de la población adulta consideró frecuentes o muy frecuentes los actos de corrupción, frente al 84.1% nacional. La experiencia directa tampoco coloca al estado por debajo del promedio: registró 17,176 víctimas por cada 100,000 habitantes que tuvieron contacto con servidores públicos, contra 15,642 a nivel nacional.
La corrupción medida en 2025
- 29,463 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes registró Quintana Roo.
- 27,438 fue la tasa nacional de incidencia.
- 90.5% de la población quintanarroense percibió actos de corrupción frecuentes o muy frecuentes entre policías.
Fuente: Inegi-ENCIG 2025.
Dos años de acciones todavía necesitan resultados comparables
Sesaeqroo puede argumentar que el índice del WJP no mide políticas posteriores a 2024. Desde entonces se firmaron memorándums con esa organización y en abril de 2026 se instaló un mecanismo para que un Consejo Ciudadano dé seguimiento a acciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo. La propia Arroyo Angulo destacó entonces la importancia de continuar colaborando con WJP.
Pero los datos recientes del Inegi complican atribuir el problema únicamente a una metodología antigua. La corrupción en Quintana Roo continúa por encima del promedio nacional tanto en percepción como en experiencias reportadas. El próximo índice del WJP permitirá otra comparación; mientras tanto, la ENCIG publicada en 2026 plantea una conclusión menos cómoda: las acciones institucionales existen, pero los datos más recientes todavía no muestran que la ciudadanía haya dejado atrás el problema.