Hazama modificó en marzo de 2020 su objeto social para desarrollar y comercializar inmuebles. Once meses después terminó el fideicomiso que mantuvo el campo bajo su vocación original y, en septiembre de 2022, el PDU de Cancún abrió la vía para llevar la densidad habitacional de cero a 30 viviendas por hectárea
El campo de golf Pok Ta Pok no perdió su vocación por accidente. Antes de que el Programa de Desarrollo Urbano de Cancún abriera la vía para densificarlo, la empresa vinculada con el terreno ya había modificado su objeto social para adquirir, fraccionar, desarrollar y comercializar inmuebles.
Primero, la empresa vinculada con la propiedad se preparó legalmente para desarrollar inmuebles. Después terminó el fideicomiso que había mantenido el predio bajo la operación y vigilancia de Fonatur. Finalmente, el gobierno municipal incorporó Pok Ta Pok a un polígono de actuación que permitió plantear una densidad habitacional inexistente en su condición original.
Esos movimientos no demuestran por sí solos un acuerdo de corrupción. Pero su orden, oportunidad y coincidencia obligan a preguntar si Hazama Corporation Desarrollo de Turismo simplemente anticipó una oportunidad o si conocía de antemano que las reglas urbanas estaban por cambiar a su favor.
La diferencia es fundamental. En el primer escenario habría previsión empresarial. En el segundo, una operación previamente acordada entre intereses privados y autoridades.
Campo de golf Pok Ta Pok: la restricción que frenó el negocio durante 30 años
El campo de golf Pok Ta Pok, localizado en el kilómetro 7.5 del bulevar Kukulcán, formó parte de la planeación turística original de Cancún. Su función no era únicamente deportiva: su superficie abierta servía como elemento de contención urbana en una zona rodeada de hoteles, viviendas y la laguna Nichupté.
Los antecedentes públicos señalan que Fonatur transmitió el inmueble a Hazama bajo un esquema que obligaba a conservar su vocación como campo de golf. El terreno permaneció durante aproximadamente 30 años dentro de un fideicomiso en el que intervenía el organismo federal.
La propia Hazama sostuvo posteriormente, al promover el proyecto Península Cancún, que ese fideicomiso concluyó en febrero de 2021 y que el inmueble revirtió a su propietario. La extinción del instrumento liberó al terreno de la operación que lo había mantenido como campo de golf y permitió replantear su aprovechamiento.
En 2008 se pidió entregar el campo a Fonatur
Un año antes de que la controversia llegara al Congreso de la Unión, el destino de Pok Ta Pok ya se discutía dentro de Fonatur. En el acta de la segunda sesión ordinaria de 2008, el Comité de Información del organismo registró una solicitud relacionada con la “entrega del Campo de Golf Pok Ta Pok en Cancún, Quintana Roo, a Fonatur”. El expediente fue considerado de valor histórico, lo que confirma que la posible recuperación del campo llegó formalmente a las áreas internas de la dependencia federal.
El asunto no quedó en una referencia aislada. Meses después, el acta de la undécima sesión extraordinaria de 2008 volvió a mencionar la solicitud y señaló que ya había sido remitida a la Dirección de Administración e Inversiones Turísticas. Fonatur tuvo así conocimiento formal de una petición para que Pok Ta Pok le fuera entregado, antes de que en 2009 los legisladores exigieran aclarar la transacción con Hazama y antes de que el fideicomiso terminara en febrero de 2021.
El Congreso pidió aclarar la operación del campo de golf Pok Ta Pok
La preocupación llegó al Congreso de la Unión en junio de 2009. La Comisión Permanente solicitó a Fonatur explicar la transacción realizada con Hazama, revelar las cláusulas de cesión y precisar si la transmisión obligaba a conservar la vocación del predio como campo de golf.
El exhorto legislativo nació cuando ya existían versiones sobre la intención de levantar torres, viviendas y espacios comerciales en el campo. También consignó que Hazama y BBVA Bancomer aparecían relacionados con movimientos sobre el inmueble, cuyo valor catastral era entonces de 28.5 millones de pesos.
Fonatur no transparentó públicamente las respuestas con la misma amplitud con la que fueron planteadas las preguntas. Así, la condición que frenaba el desarrollo inmobiliario permaneció durante años en una zona opaca: se sabía que existía un fideicomiso y que el terreno debía funcionar como campo de golf, pero no se hicieron públicas todas las operaciones que llevaron la propiedad desde Fonatur hasta Hazama.
Lo que sí se conoce es que el final del fideicomiso, en febrero de 2021, cambió el escenario. Pok Ta Pok dejó de estar sujeto al mecanismo que había preservado su funcionamiento original. El terreno quedó en manos privadas justo cuando se preparaba una nueva planeación urbana para Cancún.
Hazama se preparó antes
La modificación empresarial ocurrió incluso antes de que terminara el fideicomiso.
El 14 de marzo de 2020, cuando todavía faltaban once meses para su extinción, una asamblea extraordinaria de Hazama Corporation Desarrollo de Turismo aprobó ampliar radicalmente el objeto de la sociedad.
Hasta entonces, su denominación remitía principalmente al desarrollo turístico. Con la modificación, la empresa quedó facultada para adquirir, construir, arrendar, diseñar, planear, urbanizar, fraccionar, desarrollar y comercializar toda clase de bienes inmuebles.
El nuevo objeto incluyó expresamente viviendas, fraccionamientos, centros comerciales, edificios, estacionamientos, parques comerciales y obras de urbanización. También facultó a Hazama para comprar y vender terrenos, obtener financiamientos y tramitar permisos ante autoridades federales, estatales y municipales.
No fue un cambio cosmético. Fue la conversión jurídica de Hazama en una empresa capaz de controlar todo el proceso de un desarrollo: desde la tierra y su financiamiento hasta la construcción y comercialización.
La decisión se tomó en marzo de 2020. El fideicomiso de Pok Ta Pok terminó en febrero de 2021. El PDU se aprobó en septiembre de 2022.
La cronología coloca el cambio corporativo como el primer movimiento de una operación que sólo después se hizo visible.
El acuerdo de 2020 fue protocolizado ante el notario José Antonio Arjona Iglesias el 29 de junio de 2022, menos de tres meses antes de la aprobación del nuevo PDU. Finalmente se inscribió en el Registro Público de Comercio el 13 de diciembre del mismo año.
Hazama decidió convertirse en desarrolladora antes de recuperar plenamente el control del terreno y formalizó esa transformación cuando el nuevo programa urbano de Cancún se encontraba en su fase final.
¿Fue una coincidencia? Ésa es la explicación que deben dar tanto la empresa como las autoridades que intervinieron en el PDU.
El PDU abrió la puerta
El 15 de septiembre de 2022, el Cabildo de Benito Juárez aprobó por unanimidad el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Cancún 2022.
La sesión fue encabezada por Lourdes Latife Cardona Muza, entonces encargada de despacho de la Presidencia Municipal, durante la transición entre la salida de Mara Lezama y la llegada de Ana Patricia Peralta.
El programa se publicó el 16 de septiembre de 2022 en el Periódico Oficial de Quintana Roo.
Dentro del PDU se incorporó Pok Ta Pok como uno de sus polígonos de actuación. La figura abarcó 101.83 hectáreas y permitió que, mediante un Plan Maestro, pudieran asignarse nuevos usos y una densidad bruta de hasta 30 viviendas por hectárea.
En su condición original, el campo de golf tenía densidad habitacional cero. Con el polígono, esa barrera desaparecía como principio inamovible: la autoridad podría negociar un nuevo aprovechamiento y recibir una compensación económica a través de un fideicomiso urbano.
En otras palabras, el PDU no entregó una licencia de construcción, pero creó el mecanismo que necesitaba el negocio.
Y lo hizo sin que la incorporación del polígono de Pok Ta Pok hubiera sido explicada de manera suficiente durante la consulta pública.
La irregularidad no quedó únicamente en el terreno de la denuncia vecinal. En abril de 2025, el Juzgado Segundo de Distrito concluyó que el proceso de elaboración del PDU estaba viciado porque no garantizó una participación ciudadana efectiva ni el acceso oportuno a la información ambiental.
La sentencia del amparo 992/2022 ordenó dejar insubsistente el programa y reponer su elaboración. El fallo señaló especialmente la importancia de consultar figuras capaces de modificar usos de suelo y establecer mecanismos económicos de compensación. Sentencia del amparo 992/2022.
El PDU había sido defendido por el Ayuntamiento como un instrumento legal, abierto a expertos y ciudadanos. La sentencia federal desmintió esa versión: la participación no fue efectiva y la información relevante no estuvo disponible en condiciones adecuadas.
De 52 hectáreas verdes a 1,378 viviendas
Una vez que el PDU abrió la vía, el proyecto tomó forma y nombre: Península Cancún.
Hazama planteó un desarrollo mixto sobre 57.25 hectáreas correspondientes al conjunto de predios del antiguo campo de golf. La propuesta presentada en 2024 contempló 1,378 viviendas, 850 cuartos hoteleros y una zona comercial.
De la superficie total, la empresa propuso intervenir directamente 12.63 hectáreas y mantener 44.62 como áreas verdes. Esa distribución fue presentada como una medida de conservación, pero no elimina el impacto de introducir miles de residentes, huéspedes, trabajadores y vehículos en una zona con accesos limitados.
La densidad potencial del polígono explica la magnitud del negocio. Treinta viviendas por hectárea sobre una superficie de más de cien hectáreas permitían proyectar una carga habitacional muy superior a la que admite un campo de golf con densidad cero.
El proyecto fue acompañado por una inversión calculada inicialmente en 16 mil 422 millones de pesos. En el segundo intento ambiental, la cifra aumentó a 23 mil 961 millones de pesos.
Pok Ta Pok había pasado de ser un espacio de contención urbana a representar uno de los negocios inmobiliarios más cuantiosos de la zona hotelera.
Dos intentos ambientales, dos desistimientos
Hazama trató de conseguir durante 2024 la autorización ambiental federal para Península Cancún.
El primer procedimiento llegó a consulta pública. Vecinos, organizaciones ambientales y representantes del sector hotelero presentaron observaciones por los posibles efectos sobre la movilidad, el drenaje, el suministro de agua, la vegetación y la laguna Nichupté.
Antes de que Semarnat resolviera el fondo del expediente, Anuar Fayad Anuar, apoderado de Hazama, presentó el desistimiento. La dependencia dio por terminado el procedimiento en abril de 2024.
Cuatro meses después, la empresa volvió a intentarlo. En agosto ingresó una nueva Manifestación de Impacto Ambiental regional. Esta vez reportó una inversión cercana a 24 mil millones de pesos y destinó 7 mil 934 millones a medidas de prevención, mitigación y recuperación ambiental.
El segundo procedimiento tampoco concluyó con una autorización. En octubre de 2024, Hazama volvió a desistirse.
Por tanto, Península Cancún no obtuvo la aprobación ambiental federal en ninguno de sus dos intentos.
Tampoco consiguió autorización municipal. El 29 de agosto de 2024, el Ayuntamiento de Benito Juárez informó que no había expedido a Hazama un Plan Maestro, una factibilidad de desarrollo ni autorizaciones para los usos planteados.
Los desistimientos no significan necesariamente que el negocio haya muerto. Impidieron que Semarnat emitiera una resolución de fondo y dejaron abierta la posibilidad de que la empresa modifique el proyecto y lo presente nuevamente.
La oposición dejó de ser solamente vecinal
Los habitantes de Pok Ta Pok han denunciado que la zona no cuenta con capacidad para soportar la nueva carga urbana. Sus señalamientos incluyen la saturación del bulevar Kukulcán, las deficiencias del drenaje, la presión sobre el suministro de agua y energía, el riesgo de inundaciones y la falta de una estrategia de evacuación ante huracanes.
La inconformidad alcanzó también al sector hotelero y empresarial.
La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres y la Asociación de Clubes Vacacionales rechazaron Península Cancún. Advirtieron que el proyecto agravaría la saturación de la principal zona turística del estado y cuestionaron las irregularidades urbanísticas que rodearon su concepción.
El problema ya no podía reducirse a un grupo de residentes defendiendo la vista de sus propiedades. Lo que comenzó a discutirse fue la capacidad completa de la zona hotelera para soportar otro desarrollo masivo.
El campo comprende aproximadamente 52 hectáreas; el proyecto ambiental se extiende sobre 57.25 y el polígono aprobado por el PDU alcanzó 101.83 hectáreas. Tres superficies distintas, pero relacionadas por una misma intención: convertir la baja ocupación de Pok Ta Pok en densidad inmobiliaria.
La empresa cambió de manos
Los documentos mercantiles permiten seguir otra parte de la operación.
En 2004, Promotora de Desarrollos de Puerto Cancún vendió prácticamente todas las acciones que poseía en Hazama a Yucatán Properties, S.A. de C.V.: 9 mil 999 acciones de la serie A y 8 millones 970 mil 114 de la serie B.
Michael Eugene Kelly conservó entonces una sola acción. En 2006 la donó a su hijo, Michael Paul Kelly, quien además representaba a Yucatán Properties. De esa manera, Yucatán Properties quedó como accionista controladora y Michael Paul Kelly como titular de la acción restante y administrador de Hazama.
La transmisión registrada en esos documentos fue accionaria. No fue la venta del campo, pero sí significó el cambio de control de la empresa vinculada con el predio.
Catorce años después, la asamblea que modificó el objeto de Hazama designó como presidente a Ricardo Antonio Vega Serrador; como vicepresidente, a Adolfo Dacasa Otero, y como secretaria, a María Guadalupe Vega Serrador.
Ricardo Vega Serrador recibió poderes para administrar, disponer de bienes, suscribir títulos y otorgar o revocar poderes. La estructura nombró además como apoderados a Santiago Samuel Jiménez Moreno, Anuar Fayad Anuar y Rodolfo Villavicencio Cisneros.
El registro no presenta a todos ellos como accionistas. Sí los coloca al frente de la administración y operación de la sociedad en el momento en que Hazama se transformó en desarrolladora inmobiliaria.
Vega Serrador, del negocio gasolinero a Pok Ta Pok
La llegada de Ricardo Antonio Vega Serrador agrega un componente político y empresarial a la historia.
Conocido como el “zar de la gasolina” del sureste y ligado al grupo Corpogas, Vega Serrador ha aparecido en investigaciones periodísticas relacionadas con expedientes de la entonces PGR y la FGR por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En 2014 se reportó el aseguramiento de cuentas relacionadas con una investigación de la SEIDO. Posteriormente, distintas publicaciones lo vincularon con indagatorias sobre comercialización irregular de combustibles y operaciones financieras bajo revisión de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La existencia de esas investigaciones no equivale a una condena ni demuestra que tengan relación con Pok Ta Pok. Pero su presencia como presidente de Hazama no es secundaria: recibió amplias facultades para manejar la compañía justamente cuando ésta se preparó para explotar inmobiliariamente el campo.
El nombre de Vega Serrador también ha sido relacionado públicamente con actores políticos de Quintana Roo, incluido el exgobernador Félix González Canto. Esa cercanía obliga a revisar si la transformación de Pok Ta Pok fue resultado exclusivo de decisiones técnicas o si alrededor del proyecto operaron relaciones económicas y políticas capaces de influir en la planeación urbana.
La coincidencia que nadie ha explicado
La historia se resume en cinco fechas.
En marzo de 2020, Hazama modificó su objeto para convertirse en desarrolladora inmobiliaria.
En febrero de 2021 terminó el fideicomiso que mantuvo el predio como campo de golf durante 30 años.
En junio de 2022 la empresa formalizó su nueva estructura y sus nuevas actividades.
En septiembre de 2022 el Cabildo aprobó el PDU que incorporó Pok Ta Pok a un polígono con hasta 30 viviendas por hectárea.
En 2024, Hazama presentó Península Cancún para construir 1,378 viviendas, 850 cuartos hoteleros y espacios comerciales.
La secuencia puede ser legal en cada uno de sus actos aislados. Lo que no ha sido explicado es cómo una empresa comenzó a prepararse dos años antes de que la autoridad creara el mecanismo urbano que necesitaba su proyecto.
Tampoco se ha transparentado quién propuso incorporar Pok Ta Pok al PDU, en qué momento apareció el polígono, qué reuniones tuvieron los representantes de Hazama con funcionarios municipales ni qué estudios sustentaron la posibilidad de llevar la densidad de cero a 30 viviendas por hectárea.
La justicia federal ya determinó que el programa nació de un procedimiento viciado. Hazama no obtuvo autorización ambiental. El Ayuntamiento reconoció que no había aprobado el Plan Maestro ni las factibilidades del proyecto.
Aun así, el terreno continúa en manos de una sociedad preparada para desarrollar y comercializar inmuebles.
Por eso Pok Ta Pok no es solamente una disputa entre vecinos y propietarios. Es la historia de un campo de golf protegido durante décadas que, una vez terminada la restricción de Fonatur, encontró una empresa preparada, un PDU favorable y un proyecto de casi 24 mil millones de pesos esperando del otro lado.