Dos dictámenes avanzaron en la Cámara de Diputados: uno busca extender los pagos electrónicos y otro endurecer los controles contra la subvaluación y las irregularidades con hidrocarburos; mientras México impulsa la digitalización, Europa busca proteger también el uso del efectivo

Los pagos digitales en México y las operaciones de comercio exterior podrían enfrentar nuevas reglas en 2027. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos y una reforma a la Ley Aduanera, dos proyectos que todavía deben completar su proceso legislativo antes de convertirse en normas aplicables.
Aunque regulan actividades distintas, ambas propuestas tienen un punto de conexión: aumentar la trazabilidad de las operaciones económicas. La primera busca ampliar el uso de pagos electrónicos y reducir la dependencia del efectivo; la segunda fortalece las herramientas de la autoridad para detectar subvaluación de mercancías y sancionar determinadas irregularidades relacionadas con hidrocarburos.
Pagos digitales en México: el efectivo no desaparece
La nueva Ley de Economía Digital obligaría a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a realizar las acciones necesarias para aceptar medios electrónicos y digitales en trámites y servicios. Los proveedores alcanzados por la legislación también deberán habilitar infraestructura, informar qué mecanismos aceptan y establecer alternativas ante fallas.
La legislación no elimina de manera general el efectivo. De hecho, contempla que, cuando una contingencia imposibilite recibir pagos electrónicos, pueda utilizarse efectivo o cheque.
El cambio de mayor alcance está en las facultades que tendría la Secretaría de Hacienda: podrá determinar sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los medios electrónicos y digitales puedan convertirse en los únicos mecanismos de pago.
Esto significa que la ley no establece que toda compra deba realizarse digitalmente, pero sí crea la base jurídica para que determinadas actividades sean incorporadas posteriormente a ese esquema.
La propuesta también incorpora la CURP Digital como mecanismo de confianza para contratar servicios financieros por internet. Su utilización no sería obligatoria para el usuario, que podrá optar por otro mecanismo de identificación oficial permitido.
¿Qué cambiaría para consumidores, comercios y bancos?
Para los ciudadanos, el avance de los pagos digitales en México supondría encontrar opciones electrónicas en un número mayor de trámites, servicios y establecimientos. Para negocios y proveedores implicaría disponer de infraestructura para recibirlos cuando queden sujetos a las disposiciones correspondientes.
En el sistema financiero, la legislación busca ampliar transferencias electrónicas, pagos mediante códigos QR y otras herramientas digitales, además de promover productos orientados a la inclusión financiera.
El alcance final dependerá de las disposiciones posteriores y, particularmente, de qué sectores determine Hacienda. Por eso, aprobar la ley no significaría por sí mismo que el efectivo deje de aceptarse inmediatamente en toda la economía.
Aduanas: una diferencia de valor puede activar controles más estrictos
La segunda reforma se concentra en las mercancías que ingresan al país.
Uno de sus cambios centrales reduce del 50 al 20 por ciento el umbral de diferencia utilizado para actualizar la presunción de una infracción relacionada con el valor declarado frente al valor de mercancías idénticas o similares.
La medida busca combatir la subvaluación: declarar una mercancía por debajo de su valor para disminuir indebidamente las contribuciones correspondientes.
Para los importadores, una discrepancia puede traducirse en revisiones, garantías e incluso embargo precautorio. Cuando la diferencia sea menor al 20 por ciento, podría solicitarse sustituir el embargo mediante depósito en efectivo o cuenta aduanera de garantía; cuando sea igual o superior al 20 por ciento, la sustitución requeriría un depósito en efectivo.
Una diferencia de valoración, sin embargo, no demuestra automáticamente contrabando o evasión. El importador conserva mecanismos para acreditar el valor declarado y controvertir la actuación de la autoridad.


Hidrocarburos: multas de hasta 100% del valor de la mercancía
El dictamen incorporó además un endurecimiento específico relacionado con hidrocarburos y petrolíferos.
Las modificaciones al artículo 185 contemplan multas de entre 50 y 100 por ciento del valor comercial de las mercancías en determinados supuestos de incumplimiento vinculados con este sector.
El cambio ocurre mientras las autoridades federales mantienen investigaciones sobre esquemas de contrabando de combustibles mediante operaciones aduaneras, fenómeno conocido públicamente como huachicol fiscal.
La reforma a la Ley Aduanera plantea entrar en vigor el 1 de enero de 2027 si completa el proceso legislativo y el decreto correspondiente es publicado oficialmente.
Mientras México digitaliza, Europa busca proteger también el efectivo
El avance de los pagos digitales en México coincide con un debate que sigue una ruta complementaria en Europa.
La Unión Europea también desarrolla el euro digital, pero paralelamente trabaja en una regulación destinada a garantizar que el efectivo continúe disponible y sea generalmente aceptado como forma de pago.
La posición adoptada por el Consejo de la Unión Europea busca garantizar que las personas tengan acceso al efectivo y puedan elegir su método de pago. También contempla medidas de resiliencia para mantener la posibilidad de realizar pagos ante interrupciones graves de los sistemas electrónicos.
No se trata de que Europa abandone la digitalización: el proyecto del euro digital continúa avanzando. La diferencia está en que busca desarrollar ambos mecanismos simultáneamente, de manera que el pago digital complemente y no sustituya al efectivo.
El contraste abre una discusión que México tendrá que resolver conforme avance su legislación: hasta dónde llevar la digitalización sin excluir a quienes dependen del efectivo y qué alternativas conservar ante fallas tecnológicas.
Las dos reformas mexicanas todavía tienen camino legislativo por recorrer. Su alcance, sin embargo, va más allá de una modificación técnica: pueden cambiar la forma en que ciudadanos, empresas e importadores realizan y documentan operaciones económicas, mientras el reto será equilibrar trazabilidad, inclusión y capacidad de elección.
