Félix Helou, abogado del exmando naval en Argentina, sostiene que Estados Unidos intervino para destrabar su traslado; agentes estadounidenses buscaron que desistiera de los recursos con los que combatía su regreso. Farías Laguna ya se encuentra en el Altiplano y enfrentará acusaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos en materia de hidrocarburos.
Fernando Farías Laguna, señalado por la FGR dentro del caso de huachicol fiscal, sostuvo reuniones con agentes estadounidenses mientras permanecía detenido en Argentina y antes de aceptar el procedimiento que permitió su regreso a México. Su defensa sostiene ahora que Estados Unidos intervino para destrabar el traslado, mientras la Fiscalía mexicana reconoció oficialmente la colaboración de autoridades estadounidenses sin precisar cuál fue su papel.
El contralmirante ya se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere por su presunta participación en una estructura investigada por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
La participación estadounidense adquirió especial relevancia después de que Félix Helou, abogado de Farías Laguna en Argentina, confirmara que agentes del FBI y la DEA sostuvieron una reunión con su cliente mientras permanecía detenido. Posteriormente, el defensor sostuvo que Estados Unidos tuvo un papel de intermediación para conseguir el acuerdo que permitió concretar su salida de Argentina.
La declaración abre una interrogante dentro del caso Fernando Farías Laguna y el huachicol fiscal: ¿qué papel desempeñaron las autoridades estadounidenses en las gestiones que terminaron con su regreso a México?
La versión sobre un acuerdo impulsado por Washington procede de la defensa y no se ha confirmado públicamente en esos términos por los gobiernos involucrados. Sin embargo, existe ya un reconocimiento institucional de la participación estadounidense: al informar sobre el traslado, la FGR agradeció expresamente la colaboración de las autoridades de Estados Unidos, aunque no explicó los alcances de esa intervención.
El FBI participó en las gestiones previas al regreso de Farías Laguna
Los contactos estadounidenses comenzaron antes de que se concretara la expulsión. Personal del FBI se reunió con Farías Laguna cuando todavía permanecía detenido en Argentina y combatía jurídicamente su regreso a México.
La Jornada reportó, con base en fuentes gubernamentales mexicanas, que integrantes del FBI apoyaban las gestiones para conseguir que el contralmirante se allanara a su entrega, desistiera de los recursos que mantenía en Argentina y pudiera ser trasladado a territorio mexicano. Según esa información, las condiciones para concretar su entrega se negociaban de manera confidencial.
Farías Laguna había recurrido a distintas vías jurídicas para impedir su regreso. Además del procedimiento de extradición solicitado por México, mantenía recursos contra su posible salida y solicitudes de asilo que todavía no habían sido resueltas definitivamente cuando comenzaron las negociaciones.
Félix Helou confirmó por separado los contactos con agentes estadounidenses. El abogado aseguró en entrevista con Azucena Uresti que representantes del FBI y la DEA se reunieron con su cliente, aunque reconoció desconocer qué asuntos abordaron durante la conversación.
Posteriormente, Helou fue más lejos y atribuyó a Estados Unidos un papel de intermediación para hacer posible el regreso. Esa parte de su relato continúa siendo la versión de la defensa y no existe información pública suficiente para establecer cuáles fueron los términos de las conversaciones, si Farías proporcionó información a autoridades estadounidenses o mexicanas, si recibió algún ofrecimiento o si existieron compromisos relacionados con su proceso penal.
De combatir la extradición a aceptar la expulsión
La secuencia de acontecimientos resulta relevante para entender el caso. Autoridades argentinas detuvieron a Fernando Farías Laguna el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, después de que permaneciera prófugo de la justicia mexicana y de que la FGR solicitara la emisión de una ficha roja de Interpol en su contra.
Su regreso quedó inicialmente sujeto a un procedimiento formal de extradición. Todavía el 19 de agosto, fuentes oficiales informaban que México y Argentina discutían la posibilidad de sustituir esa vía por una deportación o expulsión antes del juicio de extradición programado para el 27 de agosto.
Farías Laguna había combatido su regreso mediante recursos legales y solicitudes de protección en Argentina. Continuar por la vía de la extradición podía prolongar el litigio si la defensa recurría las decisiones adversas ante instancias superiores.
El escenario terminó cambiando. Farías aceptó someterse al procedimiento que permitió su expulsión, mientras México dejó de continuar por la vía de extradición. Argentina pudo entonces concretar su salida mediante un procedimiento administrativo y entregarlo a las autoridades mexicanas.
La diferencia jurídica es importante: Fernando Farías Laguna no regresó a México como resultado de una sentencia de extradición. La extradición dejó de ser la vía utilizada y su llegada ocurrió después de que aceptó la expulsión.
¿Hubo un acuerdo detrás del regreso de Farías Laguna?
La proximidad entre los acontecimientos abre interrogantes, pero no permite concluir que Farías haya recibido beneficios a cambio de información.
Los hechos conocidos permiten reconstruir una secuencia: el contralmirante combatía su regreso a México; agentes estadounidenses sostuvieron contactos con él; el FBI participó en gestiones encaminadas a facilitar su traslado; posteriormente Farías aceptó la expulsión y México abandonó la vía de extradición. La FGR, finalmente, agradeció públicamente la colaboración de Estados Unidos.
Pero esa secuencia no demuestra por sí misma que Farías Laguna haya entregado información, se haya convertido en colaborador de Estados Unidos o recibido beneficios judiciales.
La defensa sostiene que Washington tuvo un papel decisivo en el desenlace. Lo que permanece sin conocerse son los alcances de esa participación, el contenido de las conversaciones mantenidas con el contralmirante y las razones concretas por las que finalmente modificó su estrategia jurídica.
Fernando Farías Laguna ya está en el Altiplano por el caso de huachicol fiscal
El contralmirante arribó durante la madrugada de este viernes a la Ciudad de México a bordo de una aeronave de la Secretaría de Marina que lo trasladó desde Argentina. Posteriormente, las autoridades mexicanas lo ingresaron al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, y lo pusieron a disposición de la autoridad judicial.
En el mismo penal permanece su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, también señalado dentro de las investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal.
Las investigaciones mexicanas ubican a los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, como figuras relevantes de una estructura que presuntamente utilizó influencias en aduanas marítimas para facilitar el ingreso irregular de combustible al país.
De acuerdo con las investigaciones, la estructura habría introducido hidrocarburos al país mediante operaciones que declaraban los cargamentos bajo clasificaciones distintas para reducir o evadir las obligaciones fiscales correspondientes.
Con Fernando Farías Laguna ya bajo jurisdicción mexicana, la FGR deberá llevar ahora ante un juez los elementos con los que pretende sostener esas acusaciones.
La investigación por huachicol fiscal continúa
El regreso de Fernando Farías Laguna tampoco representa el final de las investigaciones. La FGR mantiene abiertas líneas contra otras personas presuntamente relacionadas con la estructura y las autoridades han adelantado que existen más acciones judiciales alrededor de empresarios, representantes y operadores vinculados con las operaciones investigadas.
El expediente ha crecido desde las primeras detenciones hasta alcanzar a integrantes de la Marina, funcionarios relacionados con aduanas, empresarios y personas señaladas como enlaces para mover y distribuir combustible.
Esto coloca el proceso contra Farías Laguna en un momento particularmente relevante: además de determinar su responsabilidad individual, la investigación deberá establecer hasta dónde alcanzaba la estructura, qué empresas participaron en las operaciones y si existieron otros funcionarios o mandos involucrados.
Estados Unidos también tiene interés en el huachicol fiscal
La dimensión estadounidense del caso tampoco puede ignorarse. Las investigaciones sobre huachicol fiscal poseen un componente transfronterizo porque parte del combustible involucrado en distintas indagatorias fue adquirido o movilizado desde territorio estadounidense antes de ingresar a México.
La participación reconocida de autoridades estadounidenses en las gestiones relacionadas con Farías Laguna abre así otra pregunta: ¿su intervención se limitó a facilitar el regreso del contralmirante o estuvo relacionada también con investigaciones propias sobre las redes financieras y comerciales detrás del movimiento irregular de combustible?
Hasta ahora no existe información pública suficiente para establecer esa conexión. La distinción resulta fundamental. Que Estados Unidos investigue operaciones transfronterizas de contrabando de combustible y que autoridades estadounidenses hayan colaborado en el traslado de Farías son hechos que pueden coexistir, pero eso no demuestra que la reunión con el contralmirante formara parte de esas investigaciones ni permite conocer qué buscaban los agentes que hablaron con él.
La defensa de Farías Laguna busca una audiencia pública
Tras su llegada a México comenzó además una nueva disputa jurídica. La defensa de Fernando Farías Laguna, encabezada por Epigmenio Mendieta, confirmó este viernes que ya estableció comunicación con el contralmirante, incluso desde el momento en que aterrizó en el país, y que permanece a la espera de la notificación formal de la audiencia inicial.
Los abogados adelantaron que solicitarán que la diligencia sea pública, al sostener que debe prevalecer el principio de publicidad establecido en el artículo 20 constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De acuerdo con la defensa, la publicidad constituye la regla dentro del sistema penal acusatorio, mientras que cualquier restricción debe ser excepcional y estar debidamente fundada y motivada.
El equipo jurídico cuestionó además que una eventual audiencia pueda realizarse a puerta cerrada después de que la propia FGR difundiera durante meses información relacionada con la investigación, la detención, los traslados y otras actuaciones del caso. “Si el caso se ha hecho público para acusar, la audiencia no debería convertirse ahora en un acto reservado sin una justificación jurídica clara”, señaló la defensa en una tarjeta informativa difundida este 21 de agosto.
La postura fue resumida por los abogados en una frase: “La publicidad es la regla; la puerta cerrada, la excepción”. La audiencia será particularmente relevante porque permitirá conocer con mayor precisión los hechos que la Fiscalía atribuye a Fernando Farías Laguna y los elementos con los que pretende sostener su presunta participación en la estructura investigada por huachicol fiscal.
El papel de Estados Unidos, la pieza todavía pendiente
El regreso de Fernando Farías Laguna cerró una etapa de persecución internacional, pero abrió otra interrogante que puede adquirir mayor relevancia conforme avance el proceso judicial.
Está documentado que agentes estadounidenses tuvieron contacto con el contralmirante antes de su salida de Argentina. Información periodística basada en fuentes gubernamentales mexicanas sostiene además que integrantes del FBI participaron en las gestiones para conseguir que aceptara su traslado, mientras la propia FGR reconoció oficialmente la colaboración de autoridades estadounidenses en el procedimiento.
La defensa va más lejos y sostiene que Washington fue determinante para destrabar la operación. Esa afirmación continúa necesitando corroboración independiente.
Lo que todavía no está acreditado públicamente es si existió alguna contraprestación, si Farías Laguna proporcionó información, si recibió algún beneficio o si se establecieron compromisos con autoridades estadounidenses.
Por eso, el dato importante no es especular sobre lo que Fernando Farías Laguna pudo haber dicho al FBI, sino determinar qué papel desempeñó Estados Unidos en el proceso que terminó modificando el escenario jurídico del contralmirante.
Los contactos con agentes estadounidenses están documentados y la colaboración de Washington ha sido reconocida por la FGR. Los términos de esas conversaciones y las razones por las que Fernando Farías Laguna pasó de combatir su regreso a aceptar la expulsión siguen siendo la pieza pendiente de la historia.