La detención del exgobernador Ángel Aguirre vuelve a colocar bajo la lupa las grabaciones de la noche de Iguala. ¿Qué podían mostrar esos videos y por qué su presunta desaparición resulta relevante para esclarecer el caso Ayotzinapa?
La detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero abrió un nuevo capítulo en el caso Ayotzinapa. Pero detrás de la captura existe otra historia que comenzó la misma noche de la desaparición de los 43 normalistas: la de las imágenes que podían contribuir a reconstruir lo ocurrido.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene ahora que Aguirre habría participado en el ocultamiento o destrucción de grabaciones relacionadas con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
La acusación vuelve relevante una pregunta que ha acompañado al caso durante casi doce años: ¿qué ocurrió con la evidencia audiovisual generada aquella noche?
El autobús 1531 y las cámaras del Palacio de Justicia
Una de las escenas centrales ocurrió frente al Palacio de Justicia de Iguala. Ahí fue interceptado el autobús Estrella de Oro 1531, uno de los vehículos en los que viajaban estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Las investigaciones realizadas a lo largo del caso han establecido la participación de policías en la interceptación de ese autobús. Los normalistas que viajaban en él posteriormente desaparecieron.
El lugar contaba con cámaras de videovigilancia Por eso, las grabaciones adquirieron una importancia particular para la investigación: podían aportar información para reconstruir movimientos, identificar vehículos y personas presentes y establecer con mayor precisión la secuencia de acontecimientos en uno de los puntos clave de aquella noche. Sin embargo, la historia de esas imágenes quedó marcada por vacíos e inconsistencias.
Las anomalías en la videovigilancia de Iguala
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el caso, documentó anomalías relacionadas con el sistema de videovigilancia de Iguala y señaló que, de 36 cámaras que debían estar operando, aparentemente sólo cuatro se encontraban activas.
También existen registros ministeriales sobre material recuperado del sistema C-4. El 27 de septiembre de 2014, la entonces Procuraduría General de la República recibió dos discos identificados como “Video C-4 Disco 1” y “Video C-4 Disco 2”. De acuerdo con los registros de la investigación, en esas imágenes podían observarse vehículos con torretas que transportaban personas detenidas.
Aquí existe una distinción importante. Las grabaciones vinculadas con el Palacio de Justicia y las obtenidas del sistema C-4 no deben asumirse automáticamente como el mismo material. Se trata de evidencias audiovisuales cuya procedencia, contenido y recorrido dentro de la investigación deben analizarse por separado. Esa precisión resulta especialmente relevante ante la nueva acusación.
De una evidencia ausente a una posible destrucción deliberada
Durante años, una de las interrogantes del caso estuvo relacionada con la ausencia, pérdida o falta de disponibilidad de distintas grabaciones de aquella noche. La investigación contra Aguirre introduce ahora una hipótesis jurídicamente distinta.
La FGR deberá acreditar ante un juez si existió una acción deliberada para ocultar o destruir determinada evidencia audiovisual y, en su caso, cuál habría sido la participación del exgobernador de Guerrero.
La diferencia no es menor. Una grabación inexistente, una cámara que no funcionó y una evidencia deliberadamente destruida representan escenarios distintos para una investigación.
El último supondría que, además de reconstruir los hechos ocurridos durante la desaparición de los normalistas, las autoridades tendrían que esclarecer si posteriormente existieron acciones destinadas a impedir que parte de esos hechos pudiera conocerse a través de las imágenes.
Una nueva pregunta en un caso de casi doce años
La situación jurídica de Aguirre dependerá de las pruebas que presente la Fiscalía y de las determinaciones del Poder Judicial. La acusación, por sí misma, no acredita su responsabilidad.
Pero su detención vuelve a colocar en el centro un problema que atraviesa buena parte de la historia de Ayotzinapa: la dificultad para reconstruir lo sucedido cuando algunas de las evidencias que podían contribuir a hacerlo están incompletas, desaparecieron o permanecen bajo disputa.
Casi doce años después, la investigación no sólo sigue intentando responder qué ocurrió con los 43 estudiantes.
Ahora deberá esclarecer también qué ocurrió con las imágenes que podían ayudar a reconstruir una parte de aquella noche.