La lista completa permanece reservada, pero gobernadores, alcaldes, mandos policiacos y funcionarios federales aparecen entre los afectados; varios continúan en activo y Estados Unidos no ha revelado las causas individuales

Baja California, Sonora y Coahuila concentran los principales casos públicos de funcionarios con visas revocadas, restringidas o no renovadas por Estados Unidos. La relación conocida incluye gobernadores, presidentes municipales, mandos de seguridad, integrantes del Poder Judicial y servidores federales.
La medida alcanzaría a más de 50 políticos y funcionarios mexicanos, de acuerdo con una investigación de Reuters. Sin embargo, el Departamento de Estado no ha difundido la lista completa y el Gobierno de México asegura que tampoco conoce la identidad de todas las personas afectadas.
Los nombres disponibles provienen de funcionarios que reconocieron la cancelación, incidentes documentados en cruces fronterizos y publicaciones periodísticas. La revisión permite identificar al menos 14 casos públicos, aunque algunos corresponden a inadmisiones, falta de renovación o versiones rechazadas por los involucrados.
Baja California encabeza la relación con cinco personas; le siguen Sonora, con dos casos reconocidos y uno controvertido, y Coahuila, con dos funcionarios estatales. También aparecen servidores o exservidores de Guerrero, Tamaulipas, Yucatán y la administración federal.
Funcionarios con visas revocadas que permanecen en activo
El antecedente más visible fue la cancelación de los documentos de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y de su entonces esposo, Carlos Torres. En mayo de 2025, Canal Caribe informó que Claudia Sheinbaum dijo desconocer las razones de la revocación.
Marina del Pilar permaneció en el cargo y negó que existiera una investigación penal en su contra. Torres renunció posteriormente a las funciones honorarias que desempeñaba en el Gobierno estatal y el Ayuntamiento de Tijuana.
Lista de funcionarios con restricciones de visa
| Nombre | Cargo y estado | Situación y observaciones |
|---|---|---|
| Marina del Pilar Ávila | Gobernadora de Baja California | Activa. Confirmó la revocación en mayo de 2025. Estados Unidos no reveló la causa. |
| Norma Bustamante Martínez | Alcaldesa de Mexicali, Baja California | Activa. La cancelación habría sido comunicada durante la revisión migratoria de su esposo. |
| José Luis Dagnino López | Alcalde de San Felipe, Baja California | Activo. Confirmó que le retiraron la visa durante un viaje oficial. |
| Luis Samuel Guerrero Delgado | Funcionario sanitario de Baja California | Activo según el último registro. Fue declarado inadmisible y su documento quedó retenido. |
| Carlos Torres Torres | Exencargado honorario de proyectos en Baja California | Inactivo. Renunció a sus funciones después de perder la visa. |
| Juan Francisco Gim | Alcalde de Nogales, Sonora | Activo. Confirmó la cancelación y la calificó como un procedimiento administrativo. |
| Óscar Eduardo Castro | Alcalde de Puerto Peñasco, Sonora | Activo. Conoció la restricción al intentar ingresar por la garita de Lukeville, Arizona. |
| Alfonso Durazo | Gobernador de Sonora | Activo; caso controvertido. Su gobierno negó el reporte de una supuesta revocación. |
| Sonia Villarreal Pérez | Subsecretaria de Gobierno en Coahuila | Activa. Su visa fue retirada en el cruce Piedras Negras–Eagle Pass. |
| Jorge Miguel Barajas | Mando regional de la Policía Estatal de Coahuila | Activo según el último reporte. Su documento fue retirado junto con el de Villarreal. |
| Héctor Astudillo Flores | Exgobernador de Guerrero | Inactivo. Confirmó que recibió por correo la notificación de revocación. |
| Mario Alberto López Hernández | Diputado federal del PVEM por Tamaulipas | Activo. Fue retenido y devuelto a México; no se aclaró si perdió definitivamente la visa. |
| Hernán Jesús Vega Burgos | Magistrado del Poder Judicial de Yucatán | Activo. Reportes posteriores precisaron que su visa no fue renovada. |
| Alex Tonatiuh Márquez | Extitular de Investigación Aduanera de la ANAM | Inactivo. Fue separado del cargo en diciembre de 2025. |


Cancelación de visas no equivale a una acusación penal
El Departamento de Estado de Estados Unidos puede revocar una visa cuando considera que su titular dejó de cumplir los requisitos migratorios o cuando recibe información que podría volverlo inadmisible.
Las causas generales incluyen narcotráfico, corrupción, espionaje, permanencia irregular o apoyo a la migración ilegal. Esto no significa que todos los funcionarios con visas revocadas estén relacionados con esas conductas: en la mayoría de los casos, Washington no difundió el motivo individual.
También existen diferencias jurídicas. Una revocación anula una visa vigente; una inadmisión impide el ingreso durante una revisión fronteriza, mientras que la no renovación ocurre cuando Estados Unidos decide no expedir un nuevo documento. Ninguno de esos procedimientos acredita automáticamente la comisión de un delito.
El secretario de Estado, Marco Rubio, encabeza el Departamento de Estado, dependencia responsable de establecer restricciones y revocar visas estadounidenses. Sin embargo, el funcionario no ha presentado la relación de políticos mexicanos afectados ni las causas individuales de cada caso.
En abril de 2026, el Departamento de Estado anunció restricciones de visa contra 75 familiares, socios personales y asociados comerciales de personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa. El comunicado no reveló sus nombres ni confirmó si alguno forma parte de la lista de funcionarios mexicanos reportada por Reuters.
¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre las visas revocadas?
Durante su conferencia del 4 de agosto, Sheinbaum calificó las cancelaciones como un asunto personal. Afirmó que México actúa contra funcionarios de cualquier partido cuando existen pruebas conforme al sistema penal nacional.
“Cuando hay pruebas, se procede, así de claro y transparente, siempre”.
—Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
La posición protege la presunción de inocencia, pero abre una discusión sobre rendición de cuentas. Si la persona afectada administra recursos, dirige policías o participa en decisiones de seguridad, la restricción estadounidense también puede adquirir interés público.
Hasta ahora, no existe confirmación de funcionarios de Quintana Roo con visas canceladas o no renovadas. Incorporar algún nombre local requeriría una notificación migratoria, el reconocimiento de la persona afectada, un expediente judicial o una investigación periodística sustentada.
