La presidenta sostuvo que la conversación no compromete la seguridad nacional, mientras Omar García Harfuch señaló que no hubo entrega concreta de información reservada ni elementos para iniciar una investigación federal
Claudia Sheinbaum descartó que los audios de Marina del Pilar contengan elementos para perseguir un delito, debido a que en la conversación no se escucha la entrega de información que comprometa la seguridad nacional o las operaciones de seguridad pública de Baja California.
La posición del Gobierno federal se sostiene en tres elementos: los interlocutores no han sido identificados como agentes de Estados Unidos, la gobernadora no proporcionó datos concretos obtenidos en las mesas de seguridad y tampoco se escucha un acuerdo para entregar información reservada.
Además, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el material difundido no permite inferir una conducta delictiva. Por esa razón, hasta ahora no existen indicios para abrir una investigación federal contra la gobernadora.
“No se escucha nada que comprometa la seguridad nacional ni la seguridad del estado de Baja California. No pensamos que haya un delito que perseguir”, declaró Claudia Sheinbaum.
La mandataria precisó que Marina del Pilar realizaba gestiones para conocer las razones por las que Estados Unidos le retiró la visa. Sin embargo, esa gestión personal no estuvo acompañada, de acuerdo con el material conocido, de una transferencia efectiva de información oficial.
Por qué los audios no configuran delito
Los audios de Marina del Pilar generaron cuestionamientos porque la gobernadora menciona que podría compartir lo que escucha en las reuniones de seguridad. No obstante, el Ejecutivo federal diferenció entre una expresión general y la entrega comprobada de información protegida.
García Harfuch explicó que en las mesas estatales se revisan la incidencia delictiva, los objetivos prioritarios y algunos casos en proceso. Aun así, en la grabación no se identifica un operativo, un nombre, una estrategia o un dato confidencial proporcionado a los interlocutores.
Por lo tanto, no basta con que la conversación mencione las mesas de seguridad para considerar que se cometió un delito. Para ello tendría que acreditarse la entrega de información reservada, el propósito de favorecer a un agente extranjero o una afectación concreta a la seguridad nacional.
Tampoco se ha comprobado que las personas que hablaron con Marina del Pilar pertenecieran al Gobierno estadounidense. Sheinbaum señaló que no existe certeza sobre su identidad, sus cargos o la agencia que supuestamente representaban.
En consecuencia, la postura federal no equivale a una resolución judicial que cierre definitivamente el caso. Se trata de una evaluación basada en los fragmentos conocidos y en la ausencia, hasta ahora, de hechos que permitan establecer una conducta penal.
Baja California no es Chihuahua
Sheinbaum también comparó el caso con otro episodio registrado en Chihuahua. La presidenta explicó que los dos asuntos no pueden recibir el mismo tratamiento porque las circunstancias acreditadas son distintas.
| Elemento | Audios de Marina del Pilar | Caso de Chihuahua |
|---|---|---|
| Identidad de los extranjeros | No se ha acreditado que fueran agentes del Gobierno de Estados Unidos | Se señaló la participación de personal extranjero en territorio mexicano |
| Conducta analizada | Conversación relacionada con una gestión personal por el retiro de una visa | Posible actuación directa de agentes extranjeros dentro del país |
| Información comprometida | No se escucha la entrega de datos reservados o de una operación específica | La intervención podría involucrar facultades exclusivas del Estado mexicano |
| Posición federal | No se infiere un delito ni un riesgo para la seguridad nacional | El hecho podría representar una violación a la legislación de seguridad nacional |
La diferencia central se encuentra en la actuación de los extranjeros. En Chihuahua se habría documentado su presencia e intervención dentro de México. En cambio, en los audios de Marina del Pilar no se ha demostrado quiénes eran los interlocutores ni que actuaran en representación de una autoridad estadounidense.
El retiro de la visa originó el caso
La cancelación de la visa estadounidense de Marina del Pilar y de su entonces esposo, Carlos Torres, detonó las gestiones que derivaron en la conversación grabada. Ese antecedente permite entender el caso, aunque no sustituye la revisión sobre el uso de instalaciones o recursos públicos.
| Momento | Hecho | Consecuencia |
|---|---|---|
| Mayo de 2025 | Estados Unidos retiró la visa a Marina del Pilar y a Carlos Torres | La gobernadora buscó conocer las razones de la medida |
| Diciembre de 2025 | Marina del Pilar recibió a personas presentadas como contactos estadounidenses | Los visitantes no acreditaron públicamente pertenecer a una agencia oficial |
| Julio de 2026 | Se difundieron fragmentos de la conversación | Surgieron acusaciones por una posible entrega de información de seguridad |
| 14 de julio de 2026 | Sheinbaum y García Harfuch fijaron la postura federal | El Ejecutivo descartó indicios de delito y una afectación a la seguridad nacional |
| 15 y 16 de julio de 2026 | Marina del Pilar acusó a Jaime Bonilla de tenderle una trampa y él lo negó | El caso derivó en una confrontación política por el origen de la grabación |
El encuentro se relacionó con un asunto particular de la gobernadora. Sin embargo, todavía falta determinar si la reunión se realizó como parte de su agenda oficial, quién autorizó el ingreso de los visitantes y por qué se utilizaron oficinas gubernamentales.
Estos elementos pueden generar responsabilidades administrativas o políticas si se acredita un uso indebido de recursos públicos. No obstante, son distintos de una conducta que ponga en riesgo la soberanía o la seguridad nacional.
Bonilla entra en la disputa política
Después de la difusión de los audios de Marina del Pilar, la gobernadora acusó a Jaime Bonilla de haberle recomendado a los supuestos contactos estadounidenses y de organizar una trampa para perjudicarla.
Marina del Pilar reconoció que recibió a esas personas, pero afirmó que actuó de buena fe y que confió en la recomendación de su antecesor. También sostuvo que los visitantes no acreditaron pertenecer a una agencia oficial y que nunca contactaron a su abogado para continuar las gestiones.
Bonilla rechazó la acusación. El exgobernador aseguró que no participó en la reunión, que su voz no aparece en las grabaciones y que tampoco intervino en la difusión de los fragmentos.
La confrontación se incorporó al escenario político porque Bonilla encabeza al Partido del Trabajo en Baja California y mantiene diferencias públicas con Marina del Pilar. Sin embargo, esta disputa no modifica la evaluación jurídica realizada por el Gobierno federal.
El origen de la grabación sigue pendiente
Aunque Sheinbaum descartó un delito relacionado con la seguridad nacional, todavía no se ha esclarecido quién grabó la conversación, quién entregó los archivos ni si los fragmentos difundidos corresponden al diálogo completo.
También permanece sin respuesta quién presentó formalmente a los interlocutores, cómo ingresaron a las oficinas gubernamentales y si existe documentación sobre la reunión. Estos puntos podrían determinar si hubo irregularidades administrativas o una operación política para obtener y difundir la grabación.
Además, Marina del Pilar anunció que analiza posibles acciones legales por la grabación y la publicación de los audios. En caso de presentar una denuncia, la investigación tendría que concentrarse en la obtención y difusión del material, no en una supuesta entrega de información reservada que hasta ahora no ha sido acreditada.
Por ahora, los audios de Marina del Pilar no muestran una transferencia concreta de datos oficiales ni la intervención comprobada de agentes extranjeros. Esa ausencia de elementos explica por qué el Poder Ejecutivo federal sostiene que no existe un delito que perseguir.