El gobierno estatal reportó seis objetivos prioritarios detenidos durante agosto y los primeros días de septiembre, además del abatimiento de Luis Enrique “N”, alias “El Güicho” o “R5”, señalado como coordinador de extorsiones contra productores de aguacate.

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Michoacán ha reforzado los operativos en regiones productivas para combatir las estructuras que extorsionan a aguacateros y comerciantes.

La ofensiva contra las estructuras dedicadas a extorsionar a productores y comerciantes de Michoacán sumó nuevos resultados durante agosto y los primeros días de septiembre, con seis objetivos prioritarios detenidos y el abatimiento de Luis Enrique “N”, alias “El Güicho” o “R5”.

El gobierno estatal identificó a R5 como líder del Cártel de Los Reyes y principal coordinador de extorsiones contra el sector aguacatero. Murió el 30 de agosto durante un enfrentamiento en Tocumbo, como parte de los operativos desplegados contra grupos que mantienen presión sobre zonas productivas del estado.

Las autoridades también reportaron las detenciones de Cristian “N”, “El Vikingo”; Dionicio “N”, “Deon”; Jesús “N”; Eduardo “N”; Fidel “N” y Sergio “N”, vinculados con distintos grupos delictivos que operaban en Uruapan, Apatzingán y la región occidente.

R5, uno de los objetivos centrales

El caso deL R5 representa uno de los golpes más recientes contra las redes de extorsión que operan alrededor del aguacate, uno de los productos más importantes para la economía michoacana y para las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la información oficial, Luis Enrique “N” encabezaba una estructura relacionada con el cobro de cuotas a productores y comerciantes. Su abatimiento se suma a otras acciones desplegadas durante agosto, entre ellas las capturas de “El Vikingo” y “Deon”, ambos investigados por presuntas extorsiones contra empresarios y productores del sector.

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Al 25 de agosto, Michoacán acumulaba 65 personas detenidas por extorsión durante 2026, la cifra más alta registrada en la entidad desde 2015, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Los operativos se han concentrado especialmente en regiones productivas, donde las autoridades buscan afectar a las células que cobran cuotas, amenazan a productores y utilizan el control territorial para obtener recursos de actividades legales.

La extorsión golpea directamente al precio del aguacate

El problema no se limita a amenazas o cobros aislados. Investigaciones de la Fiscalía de Michoacán han documentado esquemas en los que grupos criminales fijan cuotas por kilogramo de aguacate comercializado.

En algunos expedientes, las autoridades estimaron cobros de entre uno y dos pesos por kilo durante temporadas de precios bajos y de cinco a seis pesos cuando aumenta la demanda.

Con una producción estatal que supera ampliamente el millón de toneladas, esas cuotas pueden convertirse en ingresos multimillonarios para las organizaciones criminales y trasladar parte del costo directamente a productores, empacadores y comercializadores.

Un productor consultado por AP durante agosto relató que pagaba un peso por cada kilo exportado y que comercializaba alrededor de 90 toneladas diarias. El testimonio mostró la dimensión económica que puede alcanzar la extorsión cuando se inserta de manera permanente en la cadena productiva.

Exportaciones abiertas, seguridad todavía bajo presión

El problema escaló a principios de agosto, cuando Estados Unidos suspendió temporalmente las exportaciones de aguacate desde Michoacán en medio de preocupaciones por la seguridad de inspectores y trabajadores del sector.

Después de acuerdos con autoridades mexicanas y del reforzamiento de los operativos de seguridad, las exportaciones fueron reactivadas y las empacadoras retomaron actividades.

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En ese momento, productores consultados reconocieron una mejora temporal en las condiciones de seguridad, aunque también expresaron dudas sobre cuánto tiempo podría mantenerse.

Las capturas registradas durante las semanas siguientes y el abatimiento de R5 muestran una ofensiva más amplia contra las estructuras de extorsión, pero el impacto real de la estrategia se medirá en la capacidad de reducir los cobros ilegales y mantener abiertas las rutas de producción y exportación.

Golpear la estructura, no solo a un operador

El abatimiento de R5 y las seis detenciones permiten a las autoridades avanzar sobre una parte de las redes que operan en las zonas aguacateras, pero el problema de fondo está en la estructura que convierte la extorsión en una fuente permanente de ingresos criminales.

La estrategia estatal busca ahora desarticular células, identificar cobradores, cortar rutas de financiamiento y reducir la presión sobre productores que durante años han trabajado bajo amenazas.

Para Michoacán, el desafío no termina con las detenciones. El objetivo será sostener la presencia de seguridad y evitar que otros operadores ocupen los espacios que dejan quienes son capturados o abatidos.

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