Una denuncia difundida en redes sociales señala posibles grabaciones no consentidas dentro de una habitación de un motel de Benito Juárez; hasta ahora, la autoridad no ha confirmado el caso
Cancún, Quintana Roo.— Una denuncia difundida en redes sociales señala que un grupo de jóvenes habría sido informado sobre la existencia de presuntas grabaciones dentro de una habitación de un motel de Cancún, después de acudir al establecimiento el 26 de agosto.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo no ha confirmado públicamente una investigación relacionada con este caso específico ni se ha acreditado mediante una diligencia oficial la existencia de cámaras o material grabado. De acuerdo con el relato difundido en un video de Facebook, los jóvenes habrían rentado tres habitaciones y posteriormente se reunieron en una de ellas, donde permanecieron aproximadamente 20 minutos.
Según su versión, posteriormente se enteraron de la presunta grabación, cuestionaron al personal del establecimiento y solicitaron retirarse y recuperar el dinero que habían pagado, sin obtenerlo. La denuncia comenzó a generar reacciones e interacciones en redes sociales; sin embargo, la difusión del señalamiento no permite confirmar por sí misma la existencia de dispositivos de videograbación ni de material audiovisual.
Lo que se conoce de la denuncia
Hasta ahora, los elementos disponibles corresponden al relato de los jóvenes difundido públicamente y no a una investigación ministerial confirmada.
| Dato | Información |
|---|---|
| Habitaciones rentadas | 3 |
| Tiempo aproximado en una habitación | 20 minutos |
| Fecha en que comenzó a difundirse la denuncia | 26 de agosto |
| Investigación oficial confirmada | No |
La diferencia entre una denuncia difundida en redes sociales y un hecho acreditado resulta fundamental. Para confirmar que existieron cámaras sería necesario establecer, mediante una investigación, si efectivamente había dispositivos instalados, quién los colocó, qué captaban, si las imágenes fueron almacenadas y quién pudo tener acceso a ellas.
El Código Penal protege la intimidad en espacios privados
El Código Penal para el Estado de Quintana Roo contempla el delito de violación de la intimidad personal o familiar. El artículo 194-Bis establece una pena de seis meses a cuatro años de prisión y de 100 a 300 días multa para quien, sin consentimiento y utilizando cualquier medio, escuche, observe o grabe una imagen, sonido o ambos con el propósito de conocer asuntos relacionados con la intimidad de otra persona.
La legislación estatal también contempla, en el artículo 194-Ter, una pena de uno a cinco años de prisión y de 200 a 300 días multa cuando esa intimidad sea revelada, distribuida, transmitida o utilizada con fines de lucro. Por ello, en caso de que una autoridad acreditara una conducta de este tipo, tendría que determinar cuáles disposiciones resultan aplicables de acuerdo con las circunstancias específicas de los hechos.
FGE de Quintana Roo tiene un antecedente distinto en Felipe Carrillo Puerto
En diciembre de 2025, la FGE de Quintana Roo informó sobre un cateo realizado en un motel de Chunhuhub, Felipe Carrillo Puerto, donde fueron localizadas cámaras instaladas al interior de habitaciones y asegurados un DVR y tarjetas de memoria.
La diligencia se realizó como parte de una investigación relacionada con la desaparición de una persona. Ese caso es distinto al señalado ahora en Cancún. Aún no existe evidencia pública que permita establecer una relación entre ambos establecimientos, investigaciones o hechos.
El antecedente únicamente demuestra que la FGE de Quintana Roo ha asegurado anteriormente dispositivos de videograbación encontrados dentro de habitaciones de un motel en Quintana Roo, pero no constituye prueba de las acusaciones actuales en Cancún.
La investigación deberá determinar qué ocurrió
En caso de que los jóvenes presenten una denuncia formal, corresponderá a las autoridades determinar si existe una conducta posiblemente constitutiva de delito y quién sería responsable. También tendría que establecerse qué ocurrió con cualquier eventual material audiovisual: si fue almacenado, quién tuvo acceso a él y si fue difundido, transmitido o eliminado.
Hasta que exista una denuncia ministerial, inspección, aseguramiento de dispositivos, peritaje o pronunciamiento oficial, la existencia de cámaras ocultas o de grabaciones dentro del motel debe mantenerse como una acusación no acreditada. La denuncia difundida en redes sociales constituye el punto de partida de esta historia, pero no representa por sí misma una comprobación de los hechos señalados.