El Título-Concesión fue firmado en 2018 con Promotora de Reordenamiento Urbano, S.A. de C.V., durante la administración de Cristina Torres. Aunque el contrato contempla alrededor de 5,600 espacios, la empresa ha reconocido que no todos permanecen actualmente en operación.

Personal de PlayaParq supervisando estacionamiento regulado en Playa del Carmen.
Personal operativo del sistema de estacionamiento regulado durante labores de supervisión en calles de Playa del Carmen.

Detrás de los aproximadamente 60 millones de pesos acumulados en el fondo de parquímetros que ahora serán utilizados para financiar infraestructura urbana existe una concesión de largo plazo que entregó a una empresa privada el aprovechamiento de miles de espacios públicos de estacionamiento en Playa del Carmen.

Documentos del Congreso de Quintana Roo permiten reconstruir el origen jurídico del sistema y la relación entre el Ayuntamiento de Solidaridad y la empresa que actualmente opera bajo la marca PlayaParq.

La concesionaria no es formalmente una empresa denominada PlayaParq. El Título-Concesión fue adjudicado a Promotora de Reordenamiento Urbano, S.A. de C.V., sociedad que posteriormente comenzó a operar el programa bajo esa marca comercial.

El fallo de adjudicación fue emitido el 30 de abril de 2018, durante la administración municipal encabezada por Cristina Torres Gómez. Ocho días después, el 8 de mayo de 2018, fue firmado el contrato número HAS/OM/CON/LRP/001/2018.

La concesión no incluía solamente parquímetros

El alcance original del contrato era mayor al sistema de estacionamiento regulado. Su denominación establece que se trata de un Título-Concesión para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio público del municipio de Solidaridad destinados a la instalación, puesta en marcha y operación del Sistema de Movilidad Integral.

Ese proyecto contemplaba dos componentes principales: el estacionamiento regulado mediante parquímetros y un sistema de bicicletas compartidas.

Documento oficial del Ayuntamiento de Solidaridad sobre la concesión de PlayaParq y el sistema de movilidad integral.
Documento del Ayuntamiento de Solidaridad que ratificó en 2018 el Título-Concesión para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio público destinados al Sistema de Movilidad Integral.

El Ayuntamiento había autorizado desde el 10 de noviembre de 2017 que la concesión tuviera una duración de 15 años. Debido a que el plazo superaba el periodo constitucional de aquella administración municipal, el procedimiento fue enviado al Congreso de Quintana Roo para su ratificación.

La XV Legislatura confirmó posteriormente la concesión por un periodo de hasta 15 años. El registro oficial de la sesión legislativa identifica como beneficiaria a Promotora de Reordenamiento Urbano, S.A. de C.V.

De Cristina Torres a Laura Beristain: cómo inició el sistema

La historia del sistema involucra a dos administraciones municipales: una que otorgó la concesión y otra que inició la operación.

La concesión fue diseñada, adjudicada y firmada durante el gobierno de Cristina Torres Gómez, pero el funcionamiento del programa comenzó durante la administración encabezada por Laura Beristain Navarrete.

En agosto de 2019, el Ayuntamiento reconoció públicamente que se trataba de una concesión heredada de la administración anterior y ratificada por el Congreso estatal. En aquella presentación participó Diego Gracidas Martínez, representante de Promotora de Reordenamiento Urbano.

La etapa de familiarización comenzó el 1 de octubre de 2019 y el cobro formal inició el 1 de diciembre de ese año, de acuerdo con la información publicada actualmente por PlayaParq.

La concesión contempla alrededor de 5,600 cajones

Uno de los puntos centrales del contrato es el número de espacios públicos sujetos al sistema de estacionamiento regulado.

Información relacionada con las condiciones contractuales y declaraciones de representantes de la concesionaria ubican el universo autorizado en aproximadamente 5,600 cajones.

Sin embargo, el número autorizado y los espacios actualmente activos no necesariamente son iguales.

En octubre de 2024, Diego Gracidas, entonces representante de PlayaParq, señaló que operaban alrededor de 4,600 de los 5,600 cajones contemplados, es decir, cerca de mil espacios menos.

Otra publicación de noviembre de ese mismo año ubicó la cifra en 4,900 cajones activos.

La diferencia entre ambos datos obliga a tomar como referencia un padrón actualizado de espacios en funcionamiento y no únicamente declaraciones realizadas en distintos momentos.

Por ello, NEXO no puede establecer actualmente que existan exactamente 4,600 o 4,900 espacios cobrando.

Lo que sí está documentado es que la concesión contempla alrededor de 5,600 cajones y que una parte de ellos ha dejado de operar en distintos periodos.

Cerca de 700 cajones fueron retirados de colonias

Una parte de esa diferencia se relaciona con una decisión tomada durante la administración de Lili Campos.

En 2022, el Ayuntamiento acordó con Promotora de Reordenamiento Urbano retirar aproximadamente 700 cajones y 17 dispositivos instalados en las colonias Gonzalo Guerrero, Zazil Há y Luis Donaldo Colosio.

El gobierno municipal argumentó entonces que esas zonas no formaban parte del perímetro autorizado por el Congreso. Después del retiro, alrededor de 180 equipos permanecieron instalados en la zona turística.

La concesionaria, sin embargo, no renunció necesariamente a los espacios contemplados dentro del título.

El tema volvió a generar discusión cuando se planteó la posibilidad de recuperar cajones que habían dejado de operar. En mayo de 2026 incluso se documentó la reactivación de espacios en Zazil Há, lo que reabrió la discusión sobre qué calles forman parte del polígono concesionado.

La concesión de PlayaParq sigue vigente hasta 2033

La duración contractual es otro elemento relevante. El Título-Concesión estableció un periodo de 15 años y fuentes que han revisado sus condiciones sitúan su vigencia entre 2018 y 2033.

Esto significa que, salvo una modificación, rescisión, terminación anticipada o resolución jurídica que altere sus condiciones, Promotora de Reordenamiento Urbano mantiene derechos contractuales sobre el sistema durante los próximos años.

La administración de Estefanía Mercado anunció desde octubre de 2024 una revisión jurídica de la concesión, particularmente después de que la empresa planteara recuperar espacios que habían dejado de operar y modificar la tarifa. En 2026, la discusión continúa abierta.

Un sistema que también genera recursos públicos

La importancia de conocer cuántos cajones permanecen activos aumenta al revisar los ingresos generados por el sistema.

Los reportes de PlayaParq analizados por NEXO muestran que el municipio recibió por concepto de contraprestaciones e infracciones:

  • 2024: $16,022,058 pesos
  • 2025: $15,481,976 pesos
  • Enero-junio de 2026: $8,753,996 pesos

En dos años y medio, esos conceptos sumaron 40 millones 258 mil 30 pesos.

La contraprestación está relacionada directamente con la explotación comercial de los espacios concesionados. En el arranque del programa, el Ayuntamiento explicó que por cada cuatro pesos generados por estacionamiento, tres corresponderían al concesionario y uno al municipio, equivalente a una participación del 25%.

Los datos económicos muestran que detrás de cada ingreso existe un bien público: el espacio de estacionamiento ubicado en una calle, cuyo aprovechamiento fue entregado temporalmente mediante una concesión.

5,600 autorizados, pero ¿cuántos funcionan actualmente?

PlayaParq reconoce en su información institucional que los cajones ubicados en vía pública son bienes de uso común y limitados.

Sin embargo, después de retiros, reactivaciones, obras públicas y acuerdos entre distintas administraciones municipales, no existe en las fuentes públicas localizadas un padrón actualizado que permita determinar con precisión cuántos de los aproximadamente 5,600 cajones contemplados en la concesión están actualmente en operación.

La diferencia es relevante no solamente para conocer el alcance territorial del sistema de estacionamiento regulado, sino también para revisar sus ingresos potenciales.

Si el número de cajones cambia, también cambia la capacidad de recaudación de la concesión y, consecuentemente, la contraprestación que recibe el Ayuntamiento.

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