Dmas señala seis desarrollos inmobiliarios por desmontes dentro del complejo turístico; Profepa confirmó una clausura en 2025 y otra en 2026 por procedimientos ambientales distintos

Autoridades ambientales realizaron acciones de inspección en el desarrollo inmobiliario Macondo, en Playacar Fase II, por posibles irregularidades.
Autoridades ambientales realizaron acciones de inspección en el desarrollo inmobiliario Macondo, en Playacar Fase II, por posibles irregularidades.

La expansión inmobiliaria en Playacar Fase II enfrenta una nueva revisión ambiental luego de que la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (Dmas) denunciara desmontes asociados con seis desarrollos inmobiliarios y solicitara revisar las autorizaciones ambientales de las obras, así como las medidas aplicadas para proteger la selva y la fauna silvestre de la zona.

El señalamiento ocurre después de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausurara en 2025 un predio vinculado con Legacy/AWA, donde la autoridad detectó remoción de vegetación forestal y señaló que los responsables no acreditaron autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. En 2026, otro procedimiento ambiental alcanzó al proyecto Condominio Macondo Playacar.

El punto central: qué permisos tiene cada desarrollo

La denuncia de Dmas abre una pregunta que todavía no está resuelta públicamente: ¿los seis proyectos señalados cuentan con las autorizaciones ambientales correspondientes y cuáles son sus promoventes? Hasta ahora, el expediente confirmado por Profepa corresponde al caso Legacy/AWA. La dependencia informó en 2025 que, durante una inspección derivada de denuncias ciudadanas por avistamiento de venados en Playacar Fase II, detectó una remoción forestal de 14 mil 292 metros cuadrados y determinó colocar una clausura total temporal.

La existencia de una clausura previa no implica que todos los proyectos denunciados tengan la misma situación jurídica. Cada desarrollo requiere una revisión individual de sus permisos, manifestaciones de impacto ambiental, autorizaciones forestales y condiciones establecidas por las autoridades.

Casos documentados en Playacar Fase II

ProyectoAutoridad involucradaSituación conocida
Legacy/AWAProfepaClausura en 2025 por remoción forestal y falta de acreditación de autorización de cambio de uso de suelo
Condominio Macondo PlayacarProfepaClausura reportada en 2026 por presuntas irregularidades ambientales
Otros desarrollos señalados por DMASPendienteRevisión de permisos y promoventes
Fuente: Profepa y registros públicos de procedimientos ambientales.

La fauna, el otro impacto de la expansión inmobiliaria

Además del cambio de cobertura vegetal, uno de los principales argumentos ambientales alrededor de Playacar es la presencia de fauna silvestre dentro del complejo turístico. El caso que derivó en la actuación de Profepa en 2025 inició tras reportes ciudadanos relacionados con la presencia de venados, una especie que utiliza estos espacios como zonas de desplazamiento y refugio. La autoridad ambiental señaló que la inspección estaba relacionada con denuncias populares sobre avistamientos de fauna en el área.

La fragmentación del hábitat puede modificar rutas de movilidad, reducir zonas de alimentación e incrementar los encuentros entre animales silvestres y áreas urbanizadas. Por ello, cualquier proyecto que interviene zonas con vegetación debe cumplir medidas de prevención, rescate y manejo de fauna cuando sus autorizaciones así lo establecen.

De un caso particular a una revisión del modelo de desarrollo

Playacar Fase II concentra una de las zonas residenciales y turísticas más relevantes de Playa del Carmen, donde conviven desarrollos inmobiliarios, áreas verdes y ecosistemas que conservan características de selva. El antecedente de Legacy/AWA y el procedimiento contra Macondo colocan nuevamente bajo revisión la relación entre crecimiento urbano y conservación ambiental, pero el siguiente paso será determinar si los seis proyectos señalados por Dmas corresponden a distintos grupos inmobiliarios y qué permisos respaldan cada uno.

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La discusión ambiental en Playacar no se limita a detener o permitir obras: el punto pendiente será conocer qué superficie fue autorizada, bajo qué condiciones y qué medidas existen para garantizar la conservación de la fauna que habita la zona.

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