México mantiene un escenario de riesgo para quienes ejercen el periodismo: ARTICLE 19 documenta 181 periodistas asesinados y 32 desaparecidos desde 2000, mientras Quintana Roo suma cuatro comunicadores asesinados en posible relación con su labor
El Día Internacional del Periodista, que se conmemora este 8 de septiembre, encuentra a México frente a una realidad que va más allá del reconocimiento a la labor informativa: ejercer el periodismo continúa implicando riesgos de seguridad, presión y violencia. ARTICLE 19 documenta 181 periodistas asesinados en México desde 2000, en posible relación con su labor, y 32 periodistas desaparecidos.
La dimensión del problema también puede observarse desde las instituciones creadas para responder ante estas agresiones. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas informó que durante 2025 incorporó a 671 periodistas entre las 2 mil 333 personas que ingresaron al sistema ese año. En Quintana Roo, ARTICLE 19 contabiliza cuatro periodistas asesinados desde 2000 en posible relación con su labor.
Quintana Roo también forma parte del mapa de violencia contra periodistas
El escenario nacional tiene una expresión concreta en Quintana Roo. Los cuatro asesinatos de periodistas registrados por ARTICLE 19 muestran que la violencia contra la prensa también ha alcanzado al estado, aunque la cifra no lo coloca entre las entidades con mayor número de casos a nivel nacional.
Uno de los casos documentados es el de José Guadalupe Chan Dzib, periodista asesinado a tiros el 29 de junio de 2018 en Sabán, Quintana Roo. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) documentó el crimen y pidió investigar si el homicidio estaba relacionado con su actividad periodística.
A la violencia letal se suma la necesidad de recurrir a mecanismos institucionales de protección. Un corte de octubre de 2025 registró 53 periodistas protegidos en Quintana Roo, entre las entidades con mayor número de comunicadores incorporados al mecanismo federal en ese momento.
Una amenaza puede activar una evaluación de riesgo
La protección a periodistas no significa automáticamente contar con escolta. Cuando una persona reporta una amenaza, agresión o situación de riesgo relacionada con su trabajo, el Mecanismo puede realizar una evaluación de riesgo para determinar las medidas necesarias.
Dependiendo de las circunstancias, estas pueden incluir sistemas de alerta, vigilancia, equipos de comunicación, protección física, medidas preventivas o reubicación temporal. La respuesta se determina de acuerdo con las características y el nivel de riesgo de cada caso.
El objetivo es intervenir antes de que una amenaza se convierta en una agresión mayor. Por ello, la protección de periodistas no se limita a la seguridad física: también implica garantizar condiciones para investigar, publicar y ejercer la libertad de expresión sin represalias.
Informar también es defender el derecho a saber
En Quintana Roo, el periodismo ocurre en un estado donde convergen violencia, turismo, intereses económicos, desarrollo urbano, decisiones gubernamentales y conflictos políticos. Investigar una contratación pública, cuestionar una obra, documentar una agresión o dar seguimiento a una denuncia forma parte de la misma función: poner información de interés público al alcance de la sociedad.
Por eso, el Día Internacional del Periodista no se reduce a una celebración gremial. También plantea una pregunta sobre las condiciones necesarias para que una sociedad pueda estar informada: ¿qué tan libre puede ser el derecho a saber cuando quienes investigan y publican enfrentan riesgos por hacerlo?
En México, los 181 asesinatos y 32 desapariciones documentados por ARTICLE 19 representan la expresión más extrema de ese problema. En Quintana Roo, los cuatro asesinatos registrados y los periodistas que han requerido medidas de protección muestran que el riesgo también tiene una dimensión local.
La discusión, entonces, no termina en cuántos periodistas están protegidos. La verdadera protección comienza cuando informar, investigar y cuestionar al poder deja de ser una actividad que pueda poner en riesgo la vida de quien la ejerce.