Reportes al 089, carpetas de investigación, víctimas y sentencias corresponden a etapas diferentes; en 2026, el nuevo registro contabiliza 97 extorsiones hasta julio, pero ninguna aparece clasificada como presencial
La extorsión en Quintana Roo no puede medirse con una sola cifra. Una llamada al 089 puede advertir de una amenaza sin convertirse en denuncia; una denuncia puede originar una carpeta de investigación; un expediente puede involucrar a más de una víctima o imputado, y una sentencia dictada este año puede corresponder a hechos ocurridos varios años atrás.
Reconstruir esa cadena permite observar algo que se pierde cuando todos esos registros se presentan como equivalentes: entre la amenaza, el conocimiento de la autoridad y una sentencia existen distintas etapas, y cada institución contabiliza una parte diferente del fenómeno.
Los primeros datos revisados por NEXO muestran esa distancia. Una reconstrucción de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia contabilizó más de 32 mil reportes anónimos relacionados con extorsión al 089 durante un periodo de ocho años, mientras las carpetas de investigación acumuladas durante un periodo comparable rondaban el millar.
La diferencia no significa que más de 30 mil delitos hayan quedado necesariamente sin investigar. Una llamada al 089 no equivale a una extorsión comprobada, ni cada reporte representa necesariamente un hecho distinto. Tampoco puede restarse directamente el número de carpetas para calcular cuántos casos quedaron fuera de la Fiscalía.
Lo que sí muestra el contraste es el problema central: la dimensión de la extorsión cambia dependiendo de qué registro se consulte.
La cifra negra de la extorsión en Quintana Roo
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) permite observar otra parte que los registros ministeriales no capturan completamente: los delitos que las víctimas señalan haber sufrido, pero que no terminaron denunciados o investigados.
Una explotación de datos del INEGI realizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó para Quintana Roo una cifra negra de extorsión de 99.1% en 2020, 94.5% en 2021, 99% en 2022 y 97.2% en 2023.
Esos porcentajes tampoco pueden sumarse a las carpetas de investigación. Proceden de una encuesta de victimización y cumplen otra función: aproximarse a la parte del fenómeno que no alcanza los registros ministeriales.
Por ello, un aumento o disminución anual de las carpetas no demuestra por sí mismo que las extorsiones ocurridas hayan cambiado exactamente en la misma proporción. También intervienen la denuncia, la confianza de las víctimas, el inicio de investigaciones y los criterios institucionales de registro.
En 2026, Quintana Roo registra 97 extorsiones hasta julio de 2026
El cambio metodológico aplicado en 2026 permite observar el fenómeno desde otra perspectiva.
El archivo municipal del nuevo Registro Nacional de Incidencia Delictiva (RNID) revisado por NEXO contabiliza 97 delitos de extorsión en Quintana Roo entre enero y julio de 2026.
De ellos, 94 fueron registrados como “extorsión por otros medios” y tres como tentativa de extorsión por otros medios.
Un dato sobresale: ninguno aparece clasificado como extorsión presencial ni como tentativa de extorsión presencial.
Benito Juárez concentra 50 de los 97 registros estatales, equivalente al 51.5%. Playa del Carmen registra 14; Othón P. Blanco, ocho; Cozumel, seis; Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, cuatro cada uno.
Bacalar y Puerto Morelos contabilizan tres cada uno; Isla Mujeres y Tulum, dos; y Lázaro Cárdenas, uno.
Benito Juárez y Playa del Carmen concentran así 64 de los 97 registros, aproximadamente dos terceras partes del total estatal.
La distribución, sin embargo, no demuestra por sí misma dónde ocurre proporcionalmente más extorsión: muestra dónde quedaron registrados esos delitos y no incorpora los hechos que permanecen fuera del sistema.
¿Dónde aparece el cobro de piso?
El registro de cero extorsiones presenciales adquiere relevancia cuando se contrasta con expedientes difundidos por la propia Fiscalía General del Estado.
En febrero de 2026, la FGE informó de una investigación en Benito Juárez en la que una comerciante habría recibido visitas de personas que acudían a su puesto para exigir pagos periódicos por “derecho de piso”.
Otro expediente corresponde a hechos del 26 de mayo, cuando dos personas presuntamente se presentaron en un sitio de taxis de Puerto Juárez para exigir 500 pesos por operador.
En Playa del Carmen, la Fiscalía documentó otro caso ocurrido en junio: dos personas habrían acudido a un bar para exigir 15 mil pesos mensuales a cambio de supuesta protección. Posteriormente, según la investigación ministerial, las amenazas continuaron y se proporcionó una cuenta para depositar dinero.
Los expedientes describen hechos que incluyeron contacto físico entre presuntos extorsionadores y víctimas, mientras la base RNID analizada registra cero delitos bajo la modalidad de extorsión presencial entre enero y julio.
Esto no demuestra que exista un error en las estadísticas.
Una carpeta puede haber sido clasificada conforme al medio utilizado posteriormente, la conducta predominante, la fecha de apertura u otro criterio metodológico. Lo que falta conocer es cómo fueron clasificados estos expedientes por la Fiscalía de Quintana Roo y bajo qué criterio.
La respuesta resulta especialmente importante para entender dónde queda registrado estadísticamente el denominado cobro de piso en Quintana Roo.
De la extorsión a la sentencia pueden pasar años
En el otro extremo de la cadena aparece el proceso judicial.
Las sentencias obtenidas durante un año no necesariamente corresponden a carpetas iniciadas en ese mismo periodo.
Un expediente de Benito Juárez permite observarlo. Los hechos comenzaron en junio de 2020, cuando las víctimas recibieron amenazas y una exigencia de 1.5 millones de pesos. La sentencia contra tres responsables fue anunciada por la Fiscalía hasta agosto de 2026, más de seis años después.
Otro caso comenzó en diciembre de 2022, cuando dos personas acudieron a un comercio de Benito Juárez para exigir el pago de “derecho de piso”. La sentencia llegó en mayo de 2026.
Los dos casos no permiten calcular cuánto tarda en promedio un expediente de extorsión en llegar a sentencia. Sí muestran por qué no puede dividirse el número de sentencias de un año entre las carpetas iniciadas durante ese mismo periodo para calcular impunidad o eficacia ministerial.
El costo económico que no aparece en las carpetas
Existe además una dimensión que las carpetas de investigación no explican por sí solas: el impacto económico de la extorsión y el cobro de piso.
Cuando un negocio entrega dinero periódicamente bajo amenaza, las consecuencias pueden alcanzar sus costos de operación, horarios, contratación de seguridad, decisiones de inversión, empleo o permanencia en determinada zona.
Esa dimensión requiere un segundo contraste con cámaras empresariales, asociaciones y comerciantes: cuántos han recibido exigencias, cuántos denunciaron, qué cantidades les solicitaron y qué decisiones económicas tomaron como consecuencia.
Conocer cuántas carpetas existen responde solamente una parte del problema. Para dimensionar la extorsión en Quintana Roo también es necesario saber cuántas amenazas son reportadas, cuántas llegan a la Fiscalía, cuántas avanzan ante un juez y cuántas terminan en sentencia.
Y queda todavía la cifra más difícil de observar: las extorsiones que nunca entran al sistema institucional.