Transportes Ejecutivos Bell obtuvo contratos por 80.5 millones de pesos con el Gobierno de Quintana Roo. RAMCO Servicios Integrales acumuló adjudicaciones de obra pública en Benito Juárez y Puerto Morelos. La revisión del Registro Público de Comercio realizada por Canal Caribe identificó que ambas forman parte de un entramado de sociedades donde aparecen Héctor José Contreras Mercader, familiares y personas vinculadas mediante cargos corporativos, participación accionaria y representación legal
Héctor José Contreras Mercader avanzó durante una década por posiciones estratégicas de la administración pública de Quintana Roo. En el mismo periodo, empresas relacionadas con familiares y personas de su entorno corporativo pasaron de los registros mercantiles a convertirse en proveedoras de gobiernos municipales y del Gobierno del Estado.
La ruta comenzó a hacerse visible en Benito Juárez, donde Contreras Mercader fue Oficial Mayor durante la administración de Remberto Estrada Barba. Desde esa posición quedó al frente de un área relacionada con adquisiciones, servicios, patrimonio y contratación de bienes.
Un año después de su llegada al cargo, el Ayuntamiento formalizó el arrendamiento de patrullas con Grupo Empresarial URFISA. El procedimiento generó cuestionamientos y obligó al entonces Oficial Mayor a comparecer para explicar el esquema de contratación.
Años más tarde, el arrendamiento vehicular volvió a aparecer alrededor de su trayectoria pública. Esta vez mediante Transportes Ejecutivos Bell, empresa que obtuvo contratos estatales por 80.5 millones de pesos.
Entre un episodio y otro, RAMCO Servicios Integrales —sociedad vinculada con el hermano de Contreras Mercader— recibió contratos de obra pública en Benito Juárez y tres adjudicaciones directas en Puerto Morelos.
Los documentos colocan las piezas por separado. La cronología las reúne.
De la Oficialía Mayor a los contratos estatales
El antecedente de las patrullas no quedó aislado dentro de la trayectoria de Héctor Contreras.
Después de su paso por la Oficialía Mayor, Contreras Mercader continuó ocupando responsabilidades dentro de la administración pública hasta llegar a la dirección general del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo.
Durante ese recorrido, las empresas relacionadas con su entorno también avanzaron.
RAMCO Servicios Integrales apareció en 2022 dentro del expediente de obra pública MBJ-DGOP-(33)-19-2022 del Ayuntamiento de Benito Juárez. El documento identifica el procedimiento, aunque no precisa el monto contratado.
En 2024, la misma empresa recibió tres contratos de obra pública en Puerto Morelos mediante adjudicación directa. Las obras, destinadas a pavimentaciones en la colonia La Fe y en la delegación de Leona Vicario, representaron en conjunto 20.39 millones de pesos.
Transportes Ejecutivos Bell siguió una ruta más rápida. Constituida en julio de 2023, apareció poco después como proveedora del Gobierno de Quintana Roo para el arrendamiento de vehículos por 80.5 millones de pesos.
La contratación de mayor monto identificada en esta investigación volvió a colocar el arrendamiento vehicular en la trayectoria de Contreras Mercader: primero las patrullas de Benito Juárez; después, los vehículos contratados por el Gobierno estatal.
Las empresas dentro de la ruta
| Sociedad | Vínculo documentado | Contratación y seguimiento |
|---|---|---|
| RAMCO Servicios Integrales | Juan Arturo Contreras Mercader, hermano de Héctor Contreras, figura como socio fundador | Obra pública en Benito Juárez y tres adjudicaciones directas en Puerto Morelos por 20.39 millones de pesos |
| Transportes Ejecutivos Bell | Aparece dentro del entramado reconstruido mediante accionistas, administradores y representantes relacionados | Contratos estatales para arrendamiento de vehículos por 80.5 millones de pesos |
| Inmuebles y Propiedades Conthom del Caribe | Héctor Contreras figura como accionista fundador y posteriormente como administrador único | No se localizaron contratos públicos en los expedientes revisados |
El Registro Público de Comercio permitió identificar ocho sociedades conectadas mediante accionistas, familiares, administradores, representantes legales o apoderados.
Dos llegaron directamente a la contratación pública: RAMCO Servicios Integrales y Transportes Ejecutivos Bell.
La primera está relacionada con el hermano de Héctor Contreras. En otra, Inmuebles y Propiedades Conthom del Caribe, el propio exfuncionario aparece como accionista fundador con 50 por ciento del capital social y posteriormente como administrador único.
El resto del entramado se completa con nombres que se repiten en diferentes cargos corporativos: Juan Arturo Contreras Mercader, Frida Sofía Hoil Sánchez, Juan Benjamín Ramos Pérez y otros participantes que aparecen como socios, administradores, representantes o apoderados.
La imagen que precipitó su salida
La trayectoria de Héctor Contreras volvió al centro de la discusión pública en junio de 2026.
Las cámaras que seguían al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el tercer juego de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden captaron al entonces titular del SAT de Quintana Roo sentado debajo del palco presidencial.
Contreras Mercader apareció acompañado de un adolescente, en uno de los sectores privilegiados del recinto. Los precios difundidos para localidades cercanas a esa zona oscilaron entre 20 mil y 40 mil dólares, equivalentes entonces a aproximadamente 348 mil y 696 mil pesos por entrada.
El episodio no ocurrió alrededor de un funcionario menor. Contreras encabezaba la institución responsable de la recaudación estatal y de vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en Quintana Roo.
Tres días después del partido celebrado el 8 de junio, presentó su renuncia al SATQ.
La imagen en Nueva York precipitó su salida, pero también reactivó la revisión de una trayectoria pública iniciada años antes: Oficialía Mayor, arrendamiento de patrullas, sociedades familiares, contratos municipales y adjudicaciones estatales.
Las auditorías alcanzan los contratos de RAMCO
La revisión de las operaciones vinculadas con esta ruta ya no se limita al Registro Público de Comercio.
La Auditoría Superior de la Federación incorporó a su muestra de la Cuenta Pública 2024 los tres contratos otorgados directamente a RAMCO Servicios Integrales por el Ayuntamiento de Puerto Morelos.
Los contratos sumaron 20.39 millones de pesos y fueron financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.
Durante la fiscalización, la ASF detectó expedientes sin evidencia fotográfica georreferenciada, pruebas de laboratorio y otros elementos técnicos necesarios para acreditar plenamente la ejecución de las obras al momento de la revisión.
Las observaciones se concentraron en tres proyectos:
- Pavimentación de la colonia La Fe: 12.66 millones de pesos.
- Pavimentación junto al nuevo cementerio de Leona Vicario: 3.70 millones.
- Pavimentación de las calles Cielo y Tina: 4.04 millones.
En Benito Juárez, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo revisó otro paquete de obras por aproximadamente 190.95 millones de pesos, financiado principalmente con recursos del Derecho de Saneamiento Ambiental. La muestra incluyó reconstrucciones y repavimentaciones en avenidas como Politécnico, Chac Mool y Tules, además de infraestructura urbana y proyectos para el DIF municipal.
Son revisiones distintas: la ASF fiscalizó en Puerto Morelos las adjudicaciones entregadas a RAMCO; la ASEQROO revisó en Benito Juárez el bloque de obra pública financiado principalmente con el Derecho de Saneamiento Ambiental.
La ruta permanece abierta
El contrato de Transportes Ejecutivos Bell por 80.5 millones de pesos no abrió esta historia. Tampoco la renuncia de Héctor Contreras la cerró.
Antes estuvieron la Oficialía Mayor de Benito Juárez, la renta de patrullas durante la administración de Remberto Estrada y la constitución de empresas relacionadas con su entorno familiar.
Después llegaron las adjudicaciones de obra pública, el arrendamiento de vehículos y los expedientes de fiscalización.
La secuencia conduce siempre al mismo punto: mientras Héctor Contreras Mercader acumulaba posiciones dentro de la administración pública, empresas vinculadas con familiares y personas de su entorno corporativo avanzaban dentro de la contratación gubernamental.
Los registros mercantiles aportaron los nombres. Los contratos colocaron los montos. Las auditorías comenzaron a revisar las obras.
Falta conocer quién abrió las puertas.