La localización con vida de don Fermín Aguilar Bej en Felipe Carrillo Puerto evidenció la capacidad de respuesta de las autoridades, pero también abrió el debate sobre cómo se autorizan los operativos de búsqueda y el uso de recursos públicos. La legislación obliga al Estado a desplegar todos los medios razonables para localizar a una persona, aunque aún existe poca información pública sobre el costo y la dimensión de estas acciones
La localización con vida de don Fermín Aguilar Bej, adulto mayor reportado como desaparecido en la zona de Montes de Felipe Carrillo Puerto, puso fin a varios días de intensa búsqueda en los que participaron corporaciones de los tres órdenes de gobierno, brigadas comunitarias, binomios caninos, drones y apoyo aéreo.
El resultado fue el esperado por familiares y autoridades. Sin embargo, el operativo también dejó sobre la mesa una pregunta de interés público: ¿cómo decide el Estado hasta dónde llegar para buscar a una persona y qué criterios justifican el despliegue de recursos humanos, materiales y tecnológicos?
Lejos de tratarse de una decisión discrecional, la legislación mexicana establece que la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas constituye una obligación del Estado y debe realizarse con todos los medios razonables disponibles para preservar la vida.
La búsqueda de personas en Quintana Roo no tiene un límite económico definido
Uno de los principales cuestionamientos que surgen cuando se desarrollan operativos de gran escala es cuánto puede gastar el gobierno para localizar a una persona.
La respuesta jurídica es clara, ni la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, ni el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas establecen un monto máximo para estos operativos.
Por el contrario, ambos instrumentos obligan a las autoridades a iniciar la búsqueda de manera inmediata, coordinarse entre instituciones y utilizar los recursos disponibles conforme evolucionen las condiciones del caso.
Esto significa que el criterio principal no es el costo económico, sino el riesgo que enfrenta la persona y las posibilidades de localizarla con vida.
En consecuencia, las autoridades pueden ampliar progresivamente el operativo cuando existen elementos que así lo justifiquen.
Cada operativo responde a condiciones distintas
No todas las búsquedas requieren el mismo nivel de respuesta y las autoridades realizan una valoración inicial con base en diversos factores que permiten determinar si el despliegue debe ampliarse.
Entre ellos destacan:
- Edad de la persona.
- Estado de salud.
- Presencia de enfermedades o discapacidad.
- Tiempo transcurrido desde la desaparición.
- Condiciones del terreno.
- Riesgos climáticos.
- Información obtenida durante las primeras horas.
En el caso de don Fermín, la combinación de una persona adulta mayor y una amplia zona selvática incrementó el nivel de complejidad del operativo.
Sin embargo, escenarios similares también pueden presentarse cuando desaparecen menores de edad, turistas en áreas naturales, pescadores en altamar o excursionistas en regiones de difícil acceso.
La búsqueda de personas en Quintana Roo implica una importante movilización institucional
Aunque la mayor parte de los recursos utilizados forman parte de la operación cotidiana de las dependencias, cada búsqueda representa un importante esfuerzo de coordinación.
En estos operativos pueden intervenir policías municipales, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Comisión Estatal de Búsqueda, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, cuerpos de rescate y ciudadanos voluntarios.
Además del recurso humano, se movilizan patrullas, vehículos todo terreno, equipos de radiocomunicación, drones, binomios caninos y, cuando las condiciones lo requieren, apoyo aéreo.
Todo ello implica combustible, mantenimiento de vehículos, logística, alimentación, equipos especializados y horas de trabajo que finalmente son cubiertos con recursos públicos.
No existe información pública detallada sobre el costo de cada operativo
A pesar del despliegue institucional que representan estas acciones, actualmente no existe un informe público que permita conocer cuánto costó la búsqueda de una persona en particular.
Las autoridades tampoco difunden de manera sistemática el número de elementos participantes, las horas-hombre invertidas, el costo de utilizar aeronaves o los recursos materiales empleados en cada operativo.
Esta situación no significa que las dependencias carezcan de controles internos sobre sus gastos.
Sin embargo, especialistas en administración pública consideran que transparentar esa información fortalecería la rendición de cuentas y permitiría conocer con mayor claridad cómo se utilizan los recursos públicos destinados a preservar la vida.
Recursos que pueden participar en un operativo
- Policía Municipal.
- Secretaría de Seguridad Ciudadana.
- Protección Civil.
- Comisión Estatal de Búsqueda.
- Secretaría de Marina.
- Secretaría de la Defensa Nacional.
- Guardia Nacional.
- Binomios caninos.
- Drones.
- Helicópteros.
- Voluntarios.
Presupuesto y fortalecimiento de la Comisión Estatal de Búsqueda
Aunque la información pública no permite construir una serie presupuestal completa para todos los años de la actual administración, sí existen datos que muestran un fortalecimiento institucional.
| Año | Información disponible |
| 2022 | La Comisión Estatal de Búsqueda operaba con un presupuesto aproximado de 6.2 millones de pesos. |
| 2023 | El presupuesto aumentó a 15.7 millones de pesos, lo que representó un incremento superior al 150% respecto al ejercicio anterior. |
| 2024 | El Gobierno del Estado informó la adquisición de equipo especializado, incluidos tres escáneres de identificación humana, y reportó 296 operativos de búsqueda realizados entre septiembre de 2022 y junio de 2024. |
| 2025-2026 | El presupuesto específico continúa integrado en el Presupuesto de Egresos del Estado; sin embargo, el monto desagregado para la Comisión requiere consultarse en los anexos presupuestales oficiales. |
La búsqueda de personas en Quintana Roo también enfrenta un reto de transparencia
La localización de personas desaparecidas o no localizadas representa una de las obligaciones más sensibles para cualquier gobierno.
Cada minuto puede marcar la diferencia entre encontrar con vida a una persona o enfrentar un desenlace distinto, por lo que la legislación privilegia la rapidez y la coordinación institucional sobre cualquier otra consideración.
Sin embargo, una vez que concluye el operativo surge otra responsabilidad igualmente importante: informar a la ciudadanía cómo se utilizaron los recursos públicos destinados a esa búsqueda.
Actualmente, Quintana Roo no cuenta con reportes públicos periódicos que permitan conocer cuánto cuesta, en promedio, un operativo de búsqueda o cuántos recursos humanos y materiales se movilizan cada año.
La información oficial se concentra en los resultados de las búsquedas, los convenios de colaboración o el fortalecimiento institucional, pero no ofrece indicadores específicos sobre el costo operativo de cada intervención.
Para especialistas en administración pública, transparentar estos datos no implica poner un precio a la vida de una persona.
Por el contrario, representa un ejercicio de rendición de cuentas que permite evaluar si los recursos públicos son suficientes, si los protocolos funcionan y si las instituciones cuentan con el personal y el equipo necesarios para responder oportunamente.
La capacidad operativa se ha fortalecido durante la actual administración
Desde el inicio del gobierno encabezado por Mara Lezama, la Comisión Estatal de Búsqueda ha registrado un fortalecimiento en materia presupuestal y operativa.
Información oficial refiere que entre septiembre de 2022 y junio de 2024 se realizaron 296 operativos de búsqueda, además de incorporarse nuevo equipo especializado para las tareas de localización e identificación.
Entre las adquisiciones destacan escáneres para identificación humana, equipamiento tecnológico y una mayor coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda y las corporaciones de seguridad.
A ello se suma el acceso a subsidios federales destinados exclusivamente al fortalecimiento de las comisiones estatales de búsqueda, recursos que permiten mejorar equipamiento, capacitación y acciones de localización.
Aunque estos avances reflejan una mayor capacidad institucional, especialistas consideran que el siguiente paso consiste en transparentar indicadores sobre el ejercicio de esos recursos y el impacto de las acciones emprendidas.
Operativos que se repiten en distintas regiones del estado
La búsqueda de don Fermín no constituye un hecho aislado.
En los últimos años, Quintana Roo ha desplegado operativos para localizar a turistas extraviados en áreas naturales, pescadores desaparecidos en altamar, menores de edad reportados mediante Alerta Amber y personas perdidas en zonas selváticas.
Municipios como Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Bacalar, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Isla Mujeres y Benito Juárez han registrado intervenciones que han requerido la participación coordinada de diversas instituciones.
Dependiendo del caso, se suman elementos de Protección Civil, policías municipales, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Comisión Estatal de Búsqueda, cuerpos de rescate y voluntarios.
El nivel de respuesta depende de las características de cada caso y de la valoración que realizan las autoridades sobre el riesgo para la persona desaparecida.
La prioridad sigue siendo preservar la vida
Expertos en derechos humanos coinciden en que la discusión no debe centrarse en determinar cuánto vale una búsqueda, sino en garantizar que todas las personas reciban una respuesta inmediata y efectiva cuando su integridad se encuentra en riesgo.
La legislación mexicana establece que toda persona tiene derecho a ser buscada y que las autoridades deben actuar con oportunidad, coordinación y eficacia.
Ese principio quedó reflejado en el operativo desplegado para localizar a don Fermín, quien finalmente fue encontrado con vida tras varios días de búsqueda.
El caso también deja una reflexión sobre la necesidad de fortalecer la transparencia institucional.
Conocer cómo se organizan estos operativos, cuáles son los criterios para incrementar el despliegue de recursos y de qué manera se ejercen los presupuestos públicos no busca cuestionar la importancia de salvar una vida.
Al contrario, permite comprender el esfuerzo que realizan las instituciones para cumplir una obligación legal y constitucional, al tiempo que fortalece la rendición de cuentas sobre recursos que pertenecen a toda la sociedad.
