La secretaria de Gobierno pidió evitar afectaciones a terceros durante las manifestaciones y aseguró que las autoridades no modificarán procesos por presión de bloqueos; señaló además la presunta intervención de personas con intereses ajenos a algunas protestas.
Después de una semana marcada por bloqueos y movilizaciones en las carreteras del sur de Quintana Roo, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, lanzó un mensaje a quienes recurren al cierre de vías como mecanismo de presión: las demandas pueden ser legítimas, pero interrumpir carreteras no hará que las autoridades alteren los procedimientos establecidos para resolverlas.
“Creo que debemos bajarle a ese tema de creer que cerrando una vía vamos a meterle presión al Gobierno, porque la justicia lleva procesos”, señaló durante la conferencia de la Mesa de Seguridad de Quintana Roo.
Torres Gómez sostuvo que el derecho a la libre manifestación debe ejercerse sin pasar por encima de los derechos de quienes transitan por las vías del estado y advirtió que ni el Gobierno estatal ni las instituciones integrantes de la Mesa de Seguridad cederán ante lo que calificó como intentos de presión o chantaje.
La postura surge después de distintas movilizaciones que han utilizado las carreteras del sur como punto de presión para exigir respuestas a conflictos agrarios, demandas al campo y asuntos relacionados con la procuración de justicia.
De la protesta al bloqueo carretero
Los cierres de vías se han convertido en un mecanismo recurrente para colocar demandas sociales en la agenda pública del sur de Quintana Roo.
El 30 de julio, campesinos de Bacalar y Othón P. Blanco bloquearon durante aproximadamente tres horas la carretera Chetumal-Cancún, en el tramo Bacalar-Buenavista, para exigir apoyos al campo y rehabilitación de caminos rurales.
La protesta obligó a autoridades estatales a trasladarse hasta el punto del bloqueo para establecer una mesa de negociación, tras la cual fue liberada la carretera. En aquella ocasión, el coordinador de la Mesa de Seguridad, José de la Peña Ruiz de Chávez, aseguró que el despliegue de seguridad no tenía como propósito someter a los productores y planteó el diálogo como vía para atender el conflicto.
Ahora, la posición expresada por Cristina Torres incorpora otro componente: el Gobierno mantendrá el diálogo, pero sostiene que cerrar una carretera no permitirá acelerar o modificar procedimientos administrativos o judiciales.
Sabidos: un conflicto agrario que sigue abierto
Como ejemplo, la secretaria de Gobierno se refirió a la comunidad de Sabidos, en la Ribera del Río Hondo, cuyos ejidatarios mantienen desde hace años un conflicto relacionado con los terrenos ocupados por la zona arqueológica de Kohunlich.
Torres aseguró que se trata de una demanda que debe seguir las etapas legales correspondientes, pero señaló que dentro de esa movilización existen personas que pretenden obtener beneficios particulares.
“Ayer les quedó claro que se tienen que cumplir procesos y que ningún intento de tratar de someter a la autoridad va a dar resultado. Hay procesos y etapas que se tienen que cumplir”, afirmó.
El conflicto de Sabidos tiene antecedentes que trascienden las movilizaciones recientes. En abril de 2026 se informó que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) había concluido un tercer avalúo de los terrenos donde se encuentra Kohunlich, como parte del proceso para determinar la indemnización reclamada por los ejidatarios.
La zona arqueológica se localiza en el municipio de Othón P. Blanco y su acceso se encuentra conectado con la carretera federal 186 Chetumal-Escárcega.
El señalamiento de que existen personas “infiltradas” o con intereses particulares corresponde a la versión expresada por Torres Gómez y deberá ser contrastado con los representantes de la comunidad.
También apunta a protestas relacionadas con la Fiscalía
La secretaria de Gobierno señaló que una situación similar se habría presentado en movilizaciones de personas que demandaban atención de la Fiscalía General del Estado.
Según Torres Gómez, las fiscalías especializadas estaban dispuestas a atender a los inconformes y plantearon diferentes alternativas, pero éstos solicitaban específicamente la presencia de una persona determinada.
“Las fiscalías especializadas han estado dispuestas a atención y les ofrecieron una gama de opciones. El tema es que querían específicamente a una persona, pero de nada va a servir si no se tienen a todos los involucrados, los de la investigación, integración”, explicó.
Fue entonces cuando insistió en que la interrupción de una vía pública no puede convertirse en una herramienta para modificar los tiempos de una investigación.
El punto de tensión: protesta, presión y derechos de terceros
La declaración de Torres establece una posición política frente a un fenómeno que comienza a repetirse en las carreteras del estado.
Las causas detrás de cada protesta son distintas y no pueden colocarse bajo una misma explicación: existen conflictos agrarios, demandas de productores y exigencias relacionadas con investigaciones de la Fiscalía, entre otros asuntos.
Lo que las conecta es el uso de una vía estratégica como mecanismo para aumentar la visibilidad y presión sobre las autoridades.
Para las comunidades, cerrar una carretera puede convertirse en el último recurso para conseguir interlocución después de considerar agotados otros canales. Para el Gobierno, el límite aparece cuando esa presión afecta a terceros o pretende modificar procedimientos que requieren etapas administrativas o judiciales.
Ese es precisamente el mensaje que la Secretaría de Gobierno coloca ahora sobre la mesa: reconocer el derecho a manifestarse, pero desincentivar el bloqueo carretero como instrumento para obligar a la autoridad a acelerar una resolución.
La otra parte de la discusión será determinar si, además de pedir que las carreteras permanezcan abiertas, las instituciones pueden garantizar canales de atención suficientemente eficaces para que las comunidades no encuentren en su cierre la única manera de conseguir una respuesta.