La solicitud de 109 ejidatarios para remover al comisariado coincide con una revisión al programa de regularización de tierras, donde están bajo escrutinio más de 12 millones de pesos y diferencias sobre la superficie realmente incorporada al proceso.
Un total de 109 ejidatarios de Leona Vicario presentaron una solicitud para remover a José Rogelio Concha Naal, lo que destapó un conflicto sobre la administración, la rendición de cuentas, la regularización de tierras y el destino de los recursos pagados por posesionarios que buscaban obtener certeza jurídica sobre sus predios.
El pasado 27 de agosto de 2026, se presentó una petición para convocar a una asamblea extraordinaria. De acuerdo con la documentación difundida sobre el procedimiento, incluye nombres, números de certificados, firmas y huellas digitales de los promoventes y plantea revisar la permanencia de la actual representación ejidal.
Los inconformes señalan presuntas omisiones administrativas, falta de rendición de cuentas, cobros no autorizados y posibles afectaciones al patrimonio común. La asamblea deberá discutir estos señalamientos y, en su caso, acreditarlos conforme a los mecanismos previstos por la legislación agraria.
La Ley Agraria permite a la asamblea remover, mediante voto secreto, a los integrantes del comisariado y del consejo de vigilancia. También permite que la Procuraduría Agraria convoque a esa reunión cuando lo solicite al menos 25 por ciento de los ejidatarios del núcleo.
En Leona Vicario, los 109 promoventes superarían el mínimo de 97 firmas referido en la documentación difundida sobre el caso. La solicitud, sin embargo, no implica todavía la destitución de Concha Naal: antes deberá cumplirse el procedimiento y someterse la decisión a la asamblea.
El otro conflicto corre por la tierra
La disputa interna coincide con una revisión más delicada: el programa contratado para regularizar posesiones dentro del ejido.
El 24 de septiembre de 2024 se firmó un contrato con Tire Terracasa Inmobiliaria Real Estate para participar en la integración de procesos que permitieran a posesionarios avanzar hacia la obtención de títulos de propiedad.
Casi dos años después, ejidatarios y posesionarios comenzaron a exigir mayores elementos sobre los resultados del programa. Durante una asamblea realizada el 6 de septiembre de 2026, representantes de la empresa rindieron cuentas sobre los trabajos desarrollados y el dinero recaudado.
De acuerdo con la información difundida sobre esa reunión, los pagos corresponderían aproximadamente a 88 hectáreas y los recursos cobrados superarían los 12 millones de pesos.
El punto central todavía no es determinar si existió una irregularidad, sino establecer con documentos qué se contrató, cuánto se cobró, quién recibió los recursos, qué expedientes se integraron y qué resultados concretos produjo el programa.
Hasta ahora no existe una resolución pública que concluya que esos recursos fueron desviados o utilizados de manera ilegal. Lo que sí existe es un acuerdo para someter la operación a una revisión financiera y documental.
Una auditoría detrás de los 12 millones
La asamblea acordó que una comisión de ejidatarios revisara el programa de regularización. Entre los escenarios planteados aparecen la realización de una auditoría, la modificación del contrato mediante nuevas obligaciones y plazos o, si se acreditan incumplimientos, una posible rescisión. La revisión deberá reconstruir primero el flujo del dinero.
Las versiones difundidas durante el conflicto no coinciden completamente respecto a si los pagos fueron entregados directamente a Tire Terracasa o si existió participación del propio ejido en la recepción y posterior transferencia de los recursos.
Esa diferencia es importante porque determinará quién tenía bajo su responsabilidad cada etapa administrativa y financiera del programa.
La auditoría también deberá establecer cuántos posesionarios realizaron pagos, cuántos expedientes fueron integrados, cuáles llegaron al Registro Agrario Nacional, cuáles permanecen en trámite y qué trabajos técnicos existen para respaldar los avances reportados.
De 88 a 300 hectáreas
La superficie involucrada en el programa también presenta cifras que todavía no han sido conciliadas. Durante la asamblea del 6 de septiembre, el apoderado legal de Tire Terracasa, Eusebio Arnaldo Arreola Semadeni, habría informado que los pagos recibidos correspondían aproximadamente a 88 hectáreas. La exposición, según la información difundida sobre esa reunión, no estuvo acompañada de una relación completa de posesionarios, superficies, montos individuales ni estado procesal de cada expediente.
Días después, un audio atribuido a Fausto Eduardo Ramírez Bastida, quien afirma tener una “participación activa” en Tire Terracasa, introdujo una cifra distinta. En la grabación señala que la empresa preparaba los primeros paquetes para enviarlos al Registro Agrario Nacional y que éstos representarían alrededor de 300 hectáreas.
Las dos cifras describen momentos distintos del proceso y, con la información disponible, no puede establecerse que sean directamente comparables. Las 88 hectáreas fueron relacionadas con pagos ya recibidos; las aproximadamente 300 fueron mencionadas como superficie de paquetes que se pretendía remitir al RAN.
La revisión pendiente deberá establecer cuántas hectáreas están efectivamente incorporadas al programa, cuántas cuentan con pagos registrados, cuántos expedientes fueron integrados y qué superficie llegó formalmente al Registro Agrario Nacional.
Hasta ahora, ninguna de esas cifras cuenta públicamente con una relación documental completa que permita reconstruir el avance del programa.
La certeza jurídica sigue pendiente
El problema de regularización de tierras en Leona Vicario no se limita al contrato cuestionado. Documentos oficiales del Gobierno de Quintana Roo muestran que durante 2026 personal jurídico del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo acudió en distintas ocasiones al ejido para dar seguimiento a la regularización del predio ocupado por el plantel Leona Vicario.
El 20 de julio, por ejemplo, una comisión del Cecyteqroo acudió a una asamblea general de ejidatarios específicamente para dar seguimiento al proceso de regularización del terreno donde opera la institución educativa. El reporte oficial señaló que aún quedaban acciones subsecuentes pendientes.
Nueve días después, personal del mismo organismo regresó a una asamblea reprogramada para continuar el trámite y mantener la coordinación con los ejidatarios. Ya desde junio existían gestiones directas con el comisariado para avanzar en ese mismo procedimiento. Los trámites pendientes muestran que la regularización y certeza jurídica de distintos predios sigue sin resolverse dentro del ejido.
Un territorio bajo presión
Leona Vicario también ha quedado involucrado en procesos de expropiación vinculados con el Tren Maya. Documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación confirman que el ejido se ubica actualmente en el municipio de Puerto Morelos y que durante 2026 se decretaron nuevas expropiaciones de tierras de uso común para infraestructura ferroviaria y obras complementarias.
Uno de esos decretos incluso reconstruye la evolución administrativa del ejido y precisa que su ubicación oficial actual corresponde a Puerto Morelos, conforme a los registros del Registro Agrario Nacional.
Ese contexto agrega otra capa al conflicto: la tierra en Leona Vicario no solo tiene valor patrimonial para quienes la poseen o trabajan, sino también una creciente importancia para proyectos urbanos, educativos y de infraestructura.
El comisariado concentra ahora la presión
La representación ejidal tiene responsabilidades concretas sobre la administración de bienes comunes, la ejecución de acuerdos de asamblea y la rendición de cuentas.
Por eso, la solicitud para remover al actual comisariado adquiere relevancia precisamente cuando los ejidatarios comenzaron a exigir información sobre el programa de regularización y sus recursos, solicitaron remover a José Rogelio Concha Naal y una revisión sobre decisiones financieras y territoriales tomadas durante su gestión.
Lo que sigue
La primera definición será procesal. La Procuraduría Agraria deberá determinar si la solicitud presentada por los 109 ejidatarios cumple los requisitos suficientes para convocar la asamblea y someter la remoción a voto secreto.
Después vendrá la revisión administrativa. La comisión designada deberá reconstruir el dinero recaudado, comprobar gastos, identificar beneficiarios, revisar expedientes y determinar el avance real de los trámites de regularización.
Y finalmente está el problema que afecta directamente a los posesionarios: establecer qué certeza jurídica tienen hoy quienes pagaron para regularizar sus tierras en uno de los ejidos estratégicos del norte de Quintana Roo.