Estados Unidos reconoce decomisos, desmantelamiento de laboratorios y cooperación con México, pero exige mayores acciones contra los cárteles; el documento no señala a políticos mexicanos en particular
Donald Trump abrió un nuevo frente con Claudia Sheinbaum en materia de narcotráfico. Estados Unidos reconoció avances de México en el combate a las organizaciones criminales, pero al mismo tiempo exigió profundizar las acciones contra los cárteles y actuar contra funcionarios públicos que hayan colaborado con estas estructuras.
El planteamiento forma parte de la determinación presidencial estadounidense para el año fiscal 2027 sobre los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas, remitida al Congreso estadounidense.
México aparece en la relación de países considerados relevantes por su papel dentro de las rutas internacionales de drogas. Sin embargo, estar incluido en esta lista no significa automáticamente que el Gobierno mexicano haya incumplido sus obligaciones internacionales en materia de combate al narcotráfico.
Estados Unidos colocó únicamente a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia entre los países que, de acuerdo con su evaluación, no realizaron durante los últimos 12 meses esfuerzos sustanciales demostrables para cumplir sus compromisos internacionales de control de drogas.
México no está dentro de ese grupo.
Estados Unidos reconoce avances de México contra el narcotráfico
La evaluación estadounidense combina dos mensajes hacia el Gobierno de Claudia Sheinbaum: reconoce resultados obtenidos en el combate al narcotráfico, pero exige avanzar en áreas que Washington considera pendientes.
Entre las acciones reconocidas aparecen mayores decomisos de drogas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue adicional de fuerzas de seguridad y militares en la frontera entre México y Estados Unidos.
La administración de Donald Trump plantea también incrementar las inspecciones en puntos de entrada, fortalecer las capacidades de seguridad y ampliar las medidas destinadas a proteger las cadenas de suministro utilizadas para el comercio entre ambos países.
Uno de los puntos políticamente más sensibles aparece cuando Washington plantea que México debe identificar, detener y procesar a funcionarios públicos corruptos que hayan ayudado o respaldado las operaciones de los cárteles.
El documento, sin embargo, no identifica a políticos o funcionarios mexicanos en particular.
Tampoco presenta acusaciones individuales o expedientes específicos contra servidores públicos. El planteamiento aparece como una exigencia general dentro de la estrategia estadounidense contra las organizaciones criminales y las redes que facilitan sus operaciones.
Sheinbaum responde a Trump y señala responsabilidades de Estados Unidos
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió el 17 de septiembre colocando en la discusión la responsabilidad estadounidense dentro del problema del narcotráfico.
La mandataria cuestionó qué acciones realiza Estados Unidos para reducir el consumo y distribución de drogas dentro de su territorio, combatir el lavado de dinero y frenar el tráfico ilegal de armas hacia México.
La posición mantiene la línea sostenida por el Gobierno mexicano frente a Washington: cooperación bilateral en seguridad bajo principios de soberanía, territorialidad y responsabilidad compartida.
Las diferencias muestran también las prioridades de ambos gobiernos. Estados Unidos concentra sus exigencias en los cárteles, el tráfico de drogas y las estructuras que facilitan sus operaciones; México incorpora a la discusión la demanda estadounidense de drogas, los flujos financieros vinculados al crimen organizado y las armas que cruzan hacia territorio mexicano.
Seguridad, comercio y migración marcan la relación Trump-Sheinbaum
El nuevo señalamiento se incorpora a una relación México-Estados Unidos marcada desde el regreso de Trump a la Casa Blanca por negociaciones y diferencias en seguridad, comercio y migración.
Uno de los primeros episodios ocurrió en febrero de 2025, cuando Trump vinculó la imposición de aranceles a productos mexicanos con la migración y el tráfico de drogas.
Después de una conversación entre ambos mandatarios, México anunció el despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte, mientras los dos gobiernos establecieron mesas de trabajo sobre seguridad y comercio.
La política arancelaria volvió posteriormente al centro de la relación, con negociaciones sobre mercancías amparadas por el T-MEC y las condiciones comerciales entre ambos países.
Este 18 de septiembre, Sheinbaum confirmó una nueva conversación telefónica con Trump enfocada en las negociaciones comerciales y aseguró que existen avances, aunque todavía no hay un acuerdo final anunciado públicamente. La presidenta informó además que ha sostenido 22 conversaciones con Trump desde enero de 2025.
La migración constituye otro de los asuntos permanentes de la agenda bilateral. México ha establecido mecanismos para recibir a ciudadanos mexicanos deportados y mantiene negociaciones con Washington sobre la administración de la frontera común.
En seguridad, las diferencias han alcanzado directamente el terreno de la soberanía. Trump ha planteado una participación estadounidense más directa contra organizaciones criminales mexicanas, mientras Sheinbaum sostiene que México acepta cooperación, inteligencia e intercambio de información, pero rechaza operaciones unilaterales de fuerzas estadounidenses dentro del territorio nacional.
A este escenario se suman las solicitudes de detención y extradición. El Gobierno mexicano mantiene que cualquier petición estadounidense debe estar acompañada de pruebas y sujetarse a los tratados y procedimientos legales vigentes.
Funcionarios y cárteles abren otro punto de presión entre México y Estados Unidos
La determinación estadounidense incorpora el tema de los funcionarios públicos relacionados con organizaciones criminales a una agenda bilateral que ya incluye narcotráfico, migración, comercio, extradiciones, actuación de agencias estadounidenses y soberanía.
El documento deja tres elementos centrales: México permanece en la lista de países relevantes para el tránsito o producción de drogas; no aparece entre los cuatro gobiernos señalados por incumplimiento demostrable de sus compromisos antidrogas; y Estados Unidos no identifica a funcionarios mexicanos específicos al exigir acciones contra servidores públicos que colaboren con los cárteles.
Washington incrementa así la presión sobre el Gobierno mexicano sin formular, hasta ahora, acusaciones individuales dentro de esta determinación.
Sheinbaum responde colocando en la misma discusión el consumo de drogas en Estados Unidos, el lavado de dinero y el tráfico de armas hacia México.
Mientras ambos gobiernos mantienen abiertos los canales de cooperación y negociación comercial, el combate al narcotráfico entre México y Estados Unidos incorpora un nuevo punto de tensión: Washington exige avanzar contra funcionarios que protejan o colaboren con los cárteles, mientras México reclama acciones estadounidenses contra las estructuras económicas, el consumo y el flujo de armas que sostienen el problema desde el otro lado de la frontera.