Mientras la UNAM prepara una decisión que afectará a más de 158 mil aspirantes, especialistas advierten que las irregularidades no se limitan al uso de inteligencia artificial; también hubo anomalías estadísticas, fallas en la vigilancia y posibles redes que lucraron con el examen.
La posibilidad de repetir de manera presencial el examen de ingreso a licenciatura comenzó a tomar fuerza dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de que especialistas coincidieran en que las irregularidades detectadas durante la primera aplicación en línea ponen en duda la confiabilidad de los resultados.
Mientras la Comisión Técnica designada por Rectoría analiza qué recomendación presentará al rector Leonardo Lomelí Vanegas, investigadores, especialistas en evaluación educativa y el propio Gobierno federal coinciden en que la prioridad debe ser devolver certeza a los aspirantes y recuperar la confianza en uno de los procesos de admisión más importantes del país.
La Universidad suspendió la entrega de documentos y las inscripciones de nuevo ingreso después de detectar conductas contrarias a la convocatoria. La medida mantiene en incertidumbre a miles de jóvenes que ya recibieron una carta de aceptación y a quienes quedaron fuera por diferencias mínimas en sus puntajes.
No solo fue la inteligencia artificial
Las primeras versiones centraron la polémica en el posible uso de herramientas de inteligencia artificial para resolver el examen. Sin embargo, los especialistas consideran que las anomalías pudieron involucrar una combinación de factores mucho más amplia.
Entre las hipótesis se encuentran la filtración de reactivos entre las distintas jornadas de aplicación, el uso de teléfonos celulares fuera del alcance de la cámara, la intervención de terceras personas, fallas en la plataforma y hasta un posible acceso ilegal al sistema.
La prueba se aplicó durante tres fines de semana: 23 y 24 de mayo, 30 y 31 de mayo, y 6 y 7 de junio. Para la investigadora Alma Maldonado, ese calendario abrió la posibilidad de que algunas preguntas circularan antes de que todos los aspirantes presentaran el examen.
Otra debilidad estuvo en el modelo de vigilancia. La plataforma observaba principalmente el rostro del estudiante mediante una cámara frontal, pero dejaba puntos ciegos en los que podían colocarse dispositivos, apuntes o personas fuera del cuadro.
El especialista en evaluación educativa Eduardo Backhoff ha advertido que este tipo de supervisión remota sigue siendo limitada, aun cuando utiliza algoritmos para identificar movimientos, voces o conductas inusuales.
También se reportó la cancelación de pruebas por ruidos ambientales, una medida cuestionada por aspirantes que presentaron el examen desde viviendas ubicadas en entornos urbanos donde no siempre podían garantizar silencio absoluto.
Los números que despertaron sospechas
Las dudas aumentaron cuando especialistas compararon los resultados de 2026 con los registros históricos de la Universidad. Uno de los datos más llamativos fue el número de exámenes perfectos. En procesos anteriores se registraban aproximadamente tres aspirantes con 120 aciertos; este año la cifra habría aumentado a 16.
Al mismo tiempo, crecieron los casos de personas con apenas uno o dos aciertos. Para algunos investigadores, este comportamiento también merece revisión, pues una posible explicación es que determinadas personas ingresaran a la plataforma únicamente para copiar o transmitir reactivos.
Los análisis también detectaron aumentos atípicos en los resultados de carreras altamente demandadas como medicina, actuaría e ingeniería aeroespacial.
Backhoff descartó que el cambio se explique únicamente porque el examen haya sido más sencillo o porque toda la generación llegara mejor preparada.
De acuerdo con su análisis, una variación considerable en una población cercana a los 159 mil participantes requeriría que un número amplio de aspirantes hubiera tenido acceso a información, apoyo externo o mecanismos no permitidos. No bastaría con unos cuantos casos aislados para alterar de manera significativa los resultados generales.
El contrato también está bajo la lupa
La crisis no solo alcanza a los aspirantes. También abrió cuestionamientos sobre Territorium Life, empresa contratada por la UNAM para aplicar y supervisar el examen. El contrato establecía un pago mínimo de 40.7 millones de pesos y un máximo de 101.7 millones, dependiendo de los servicios utilizados y el número de participantes.
Entre sus obligaciones, la compañía debía garantizar vigilancia efectiva y en tiempo real, incorporar algoritmos de inteligencia artificial para detectar conductas prohibidas y generar alertas ante situaciones como:
- Presencia de terceras personas.
- Uso de teléfonos, audífonos o cámaras.
- Conexión de pantallas adicionales.
- Ausencia injustificada del aspirante.
- Movimientos o comportamientos sospechosos.
Sin embargo, el mismo contrato permitía una proporción máxima de un supervisor por cada 150 aspirantes, una carga que ha generado dudas sobre la posibilidad real de atender oportunamente las alertas de miles de pruebas simultáneas.
La plataforma también debía conservar el 100% de las evidencias generadas durante el proceso, incluidos videos, fotografías, audios y registros automáticos de las alertas. Esos archivos serán fundamentales para que la Comisión Técnica determine si las irregularidades fueron casos individuales, fallas generalizadas del sistema o parte de una operación organizada.
Videos, audios y evidencias debían conservarse completos
El anexo técnico exigía que los supervisores pudieran consultar rápidamente los materiales capturados durante cada examen.
La empresa debía proporcionar tableros de control, reportes detallados y acceso a imágenes, videograbaciones y audios. Además, el sistema debía reproducir cualquier evidencia en un plazo no mayor a dos segundos dentro de la plataforma.
En caso de que esos registros no existan, estén incompletos o no permitan reconstruir lo ocurrido, la UNAM tendría dificultades para distinguir a quienes realizaron la prueba de manera honesta de quienes utilizaron mecanismos fraudulentos.
La ausencia de evidencia también complicaría una decisión selectiva. Sin pruebas individualizadas, la Universidad tendría que elegir entre validar un proceso bajo sospecha o repetir la evaluación para todos, incluidos los aspirantes que cumplieron las reglas.
La empresa podría enfrentar una sanción millonaria
El contrato obliga a Territorium Life a mantener una garantía equivalente al 10% de su valor máximo, es decir, alrededor de 10.1 millones de pesos.
La Universidad podría hacer efectiva esa fianza si demuestra que la compañía incumplió las condiciones acordadas.
El documento también responsabiliza a la empresa por daños y perjuicios ocasionados a la UNAM o a terceros cuando existan negligencia, omisiones, dolo o mala fe en la ejecución del servicio.
Incluso contempla la posibilidad de rescindir administrativamente el contrato si la compañía no realizó los trabajos comprometidos.
Territorium ha sostenido que su plataforma operó conforme a lo previsto y solicitó a la Universidad revisar técnicamente el funcionamiento del sistema antes de atribuirle responsabilidad.
¿Hubo corrupción?
El investigador Héctor Hernández Bringas, integrante de la comunidad académica de la UNAM, planteó que la revisión no debe limitarse a los errores tecnológicos.
“Hubo fallas en el software utilizado, aunque la empresa ahora dice que no; hubo fallas de supervisión y de control por parte de los responsables en la Universidad, sin descartar hechos de corrupción”.
El señalamiento abre una línea más delicada: la posible existencia de personas o grupos que cobraron a aspirantes a cambio de respuestas, asesoría durante la prueba o acceso anticipado a los reactivos.
Expertos han advertido que alrededor de los exámenes de alta demanda existe un mercado dispuesto a cobrar entre 5 mil y 20 mil pesos por supuestas garantías de ingreso.
La UNAM ya había alertado desde el 6 de julio sobre personas y empresas que ofrecieron servicios fraudulentos y pudieron engañar a aspirantes y familias. No obstante, todavía debe determinarse si esos ofrecimientos tuvieron acceso real al examen o si se limitaron a estafas sin relación con la plataforma.
Otra hipótesis es un posible hackeo o filtración interna, aunque hasta ahora la Universidad no ha presentado públicamente pruebas concluyentes que permitan confirmar alguna de estas posibilidades.
¿Se repetirá el examen?
Hernández Bringas considera que la salida más viable sería aplicar nuevamente la prueba de manera presencial. El académico reconoció que la decisión implicaría dificultades logísticas, pues la UNAM tendría que conseguir sedes, contratar personal, preparar materiales, establecer controles y coordinar la participación de decenas de miles de jóvenes.
La Universidad tampoco puede organizar un proceso de esta magnitud de un día para otro. El examen requiere meses de preparación y el calendario escolar ya está encima.
Por ahora, la repetición de la prueba es únicamente una posibilidad. La UNAM no ha tomado una decisión definitiva.
La Comisión Técnica, integrada por 16 especialistas, analiza los resultados, la operación de la plataforma, los mecanismos de vigilancia y las evidencias disponibles. Rectoría anunció que presentará conclusiones durante esta semana.
Entre las opciones se encuentran:
Validar todos los resultados.
Cancelar únicamente pruebas con irregularidades demostrables.
Repetir el examen a determinados aspirantes.
Anular el proceso completo y aplicar una nueva evaluación presencial.
Cualquiera de estas decisiones tendrá consecuencias académicas, jurídicas y políticas.
Los seleccionados rechazan perder su lugar
Aspirantes que obtuvieron los puntajes necesarios para ingresar se manifestaron frente a Rectoría para exigir que la Universidad respete sus resultados.
Con mensajes como “118 aciertos no fue suerte, fue esfuerzo”, los jóvenes defendieron los meses de preparación y rechazaron que las sospechas sobre otros participantes invaliden automáticamente su desempeño.
Algunos aseguran que cumplieron estrictamente las instrucciones: despejaron sus habitaciones, pidieron a sus familiares salir de casa y permanecieron frente a la cámara durante toda la prueba.
“No tengo que probar otra vez que me merezco ese lugar”, expresó uno de los seleccionados durante la protesta.
Otros aspirantes aceptan que una evaluación presencial podría ofrecer mayor certeza, aunque temen no repetir el mismo resultado o perder la oportunidad de ingresar por un problema que atribuyen a la planeación institucional.
Sheinbaum ofrece apoyo, pero deja la decisión a la UNAM
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Universidad resolver el caso con rapidez para proteger su prestigio y dar certidumbre a los jóvenes.
La mandataria evitó atribuir las irregularidades a una mala intención de las autoridades universitarias. Consideró que el problema pudo surgir porque la institución aplicó una nueva tecnología sin establecer controles suficientes frente a posibles trampas.
Sheinbaum recordó que la UNAM es autónoma y que corresponde a sus autoridades definir el futuro del concurso. No obstante, ofreció el apoyo del Gobierno federal si la Universidad lo solicita.
También señaló que, si la investigación detecta un fraude cometido por la empresa o una operación de mayor alcance, las instituciones de procuración de justicia podrían intervenir, incluida la Fiscalía General de la República.
Una decisión que afectará a más de 158 mil jóvenes
En el concurso de ingreso participaron 158 mil 712 aspirantes. Alrededor de 22 mil consiguieron un lugar mediante el examen, mientras más de 135 mil quedaron fuera. Esto significa que cerca del 87 % de los participantes no obtuvo admisión.
La posible anulación podría beneficiar a quienes no alcanzaron un lugar y consideran que compitieron en condiciones desiguales. Pero también afectaría a miles de seleccionados que sostienen haber aprobado honestamente.
Las inscripciones de nuevo ingreso permanecen detenidas desde el 24 de julio. Los estudiantes todavía no saben si podrán entregar documentos, elegir grupos o iniciar clases.
El ciclo escolar estaba previsto para comenzar el 10 de agosto, por lo que cada día reduce el margen para organizar una nueva evaluación sin alterar el semestre.
La decisión de la UNAM no solo definirá el futuro inmediato de 158 mil aspirantes y sus familias. También establecerá un precedente sobre los límites de la supervisión remota, el uso de inteligencia artificial y la responsabilidad de las universidades cuando trasladan procesos de alta exigencia académica a plataformas privadas.
Legisladores cierran filas para que la UNAM esclarezca las irregularidades
Por su parte, los legisladores Rubén Moreira, Arturo Ávila y Reginaldo Sandoval Flores hicieron un llamado a la UNAM para que esclarezca irregularidades en examen de admisión; piden respetar su autonomía y garantizar transparencia.
Moreira señaló que se debe respetar la autonomía de los Universitarios y señaló que espera que los universitarios resuelvan la situación pronto.
«Creo que hay que darle todas las garantías a los futuros estudiantes, a la comunidad estudiantil, que estas pruebas no se llevan a cabo con procedimientos fraudulentos, con venta de exámenes», dijo Ávila.
Sandoval Flores pidió a la UNAM «ponerse las pilas y avanzar». «No puede ser que no tenga la capacidad. Yo ahí lo más delicado y peligroso que observaría sería que vía la contratación de la empresa hubiera cosas de corrupción».