La discusión sobre acciones afirmativas para personas con discapacidad terminó empatada 4-4 en la Suprema Corte; el nuevo esquema de diputaciones plurinominales ya fue validado, pero una parte del expediente electoral de Quintana Roo sigue abierta
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya resolvió una parte importante de la reforma electoral de Quintana Roo, pero todavía falta cerrar un punto: determinar si el Congreso estatal dejó un vacío legal al no establecer acciones afirmativas para garantizar la participación política de personas con discapacidad.
El tema forma parte de la Acción de Inconstitucionalidad 78/2026, promovida por Movimiento Ciudadano contra el Decreto 257. Durante la sesión del 22 de septiembre, cuatro integrantes de la Corte votaron a favor de reconocer la omisión legislativa y cuatro lo hicieron en contra.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf estuvo ausente, por lo que este apartado del expediente quedó sin una definición final.
La Corte ya resolvió el tema de los plurinominales
Aunque una parte del caso sigue abierta, esto no significa que toda la reforma electoral esté pendiente.
La SCJN ya validó el cambio al sistema para integrar las diputaciones de representación proporcional en Quintana Roo.
La reforma eliminó el mecanismo mediante el cual cinco candidaturas que perdían sus distritos podían llegar al Congreso por haber obtenido los porcentajes más altos de votación. En su lugar, se establecieron listas de diez candidaturas registradas directamente por los partidos políticos.
Los ocho integrantes presentes de la Corte respaldaron este cambio. El argumento central fue que el Congreso de Quintana Roo tiene margen para definir cómo funciona su sistema de representación proporcional, siempre que se mantengan las condiciones constitucionales para que las distintas fuerzas políticas puedan acceder al Congreso.
La Corte también rechazó el argumento de Movimiento Ciudadano de que la reforma debía someterse previamente a consulta de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Esos dos puntos, por tanto, ya fueron resueltos.
El 4-4 que mantiene abierto el expediente
La parte que continúa pendiente tiene que ver con las acciones afirmativas electorales.
Movimiento Ciudadano había señalado que la reforma no incluyó medidas específicas para facilitar la participación política de jóvenes, personas con discapacidad y personas de la comunidad LGBT+.
El proyecto presentado por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García planteaba inicialmente reconocer una omisión del Congreso respecto de esos grupos.
Sin embargo, durante la discusión el planteamiento fue modificado y la votación se concentró en las personas con discapacidad.
Ahí ocurrió el empate.
Arístides Rodrigo Guerrero García, Hugo Aguilar Ortiz, Yasmín Esquivel Mossa y Sara Irene Herrerías Guerra votaron a favor de reconocer la omisión.
Irving Espinosa Betanzo, María Estela Ríos González, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Azael Figueroa Mejía votaron en contra.
Con cuatro votos de cada lado y la ausencia de Loretta Ortiz, la discusión quedó sin concluir.
¿Qué está discutiendo realmente la Suprema Corte?
El punto puede resumirse en una pregunta: ¿el Congreso de Quintana Roo está obligado a establecer medidas específicas para facilitar que las personas con discapacidad puedan acceder a candidaturas y cargos de elección popular?
Una parte de la Corte considera que las obligaciones constitucionales y los derechos reconocidos a las personas con discapacidad justifican que existan mecanismos que garanticen una participación política efectiva.
La otra sostiene que no existe un mandato suficientemente específico que obligue al Congreso estatal a establecer determinadas cuotas o acciones afirmativas y que corresponde al Poder Legislativo definir ese tipo de mecanismos.
Por ahora, la discusión no consiste en decidir cuántas candidaturas deberían reservarse ni qué lugares tendrían que ocupar.
Primero debe resolverse si jurídicamente existe una omisión del Congreso.
El proyecto apunta hacia 2030, no directamente a 2027
Este detalle es importante porque evita confundir el alcance de la resolución con las elecciones de 2027.
El proyecto sometido a consideración de la Corte plantea que, si finalmente se reconoce la omisión, el Congreso de Quintana Roo tendría que legislar sobre acciones afirmativas para personas con discapacidad y realizar previamente una consulta a este sector.
La propuesta establece como límite hacerlo antes de la veda legislativa correspondiente al proceso electoral local de 2030.
Por ello, con el proyecto actualmente discutido no puede afirmarse que este punto vaya a modificar directamente las candidaturas o las reglas de las elecciones de 2027.
¿Qué sigue para la reforma electoral de Quintana Roo?
La Acción de Inconstitucionalidad 78/2026 deberá regresar al Pleno para resolver el apartado que quedó empatado.
La participación de Loretta Ortiz podría modificar el resultado numérico, pero también permanece una discusión jurídica sobre la mayoría necesaria para declarar una omisión legislativa de este tipo.
El panorama, hasta ahora, puede dividirse claramente: el nuevo sistema de diputaciones plurinominales ya fue validado; el planteamiento sobre consulta indígena fue rechazado; y la discusión sobre acciones afirmativas para personas con discapacidad permanece abierta.
Lo que falta por resolver ya no es cómo se repartirán las diputaciones de representación proporcional en Quintana Roo, sino si el Congreso estatal tiene una obligación constitucional de establecer mecanismos específicos para garantizar la participación político-electoral de las personas con discapacidad y, en caso de que la Corte determine que sí, qué deberá hacer para cumplirla.