La construcción enfrenta una reducción tras el ciclo de grandes obras federales, mientras desarrolladores y empresas deben sortear requisitos de propiedad, uso de suelo y autorizaciones
Quintana Roo mantiene demanda de vivienda, infraestructura, hoteles y desarrollos inmobiliarios, pero la actividad constructiva enfrenta una reducción después del ciclo de grandes obras federales. Al mismo tiempo, los proyectos deben acreditar certeza sobre la propiedad de la tierra, el uso de suelo y las autorizaciones necesarias para convertir una inversión en obra.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) reporta que alrededor de 60% de sus afiliados ha obtenido alguna licitación de obra pública estatal durante 2026. El organismo también ha señalado que la actividad del sector se encuentra aproximadamente 35% por debajo del nivel registrado durante el auge de las obras vinculadas con el Tren Maya, una estimación empresarial que refleja la pérdida de ese volumen extraordinario de contratación.
El ajuste posterior a ese ciclo ya había sido identificado por el propio Gobierno estatal. El Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de Quintana Roo señala que las grandes obras federales, entre ellas el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum y el Puente de la Laguna Nichupté, impulsaron fuertemente la construcción durante 2023 y el primer semestre de 2024, pero que su conclusión derivó en una desaceleración de la industria.
Desarrollos irregulares complican la certeza sobre la inversión
A la menor disponibilidad de obra se suma otro frente: proyectos inmobiliarios que no cumplen con las condiciones necesarias para desarrollarse. El Gobierno de Quintana Roo identificó 295 desarrollos que se promocionaban, publicitaban o comercializaban presuntamente sin permisos o licencias municipales. De ese universo, 95 fueron supervisados y presentaron irregularidades, de acuerdo con el registro gubernamental.
El dato no significa que los 295 desarrollos hayan sido clausurados. Se trata de un universo de proyectos identificados por posibles incumplimientos, mientras que las acciones administrativas corresponden a procedimientos y cortes distintos.
La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) también ha intensificado las inspecciones sobre obras y desarrollos. Durante 2025 reportó procedimientos administrativos, clausuras preventivas y sanciones relacionados con proyectos que no cumplían con las disposiciones aplicables. Tulum, Playa del Carmen y Benito Juárez aparecen entre los municipios con mayor número de expedientes en los reportes de la dependencia.
Para una empresa constructora, el problema no termina en conseguir capital o demanda. Antes de iniciar una obra debe existir certeza sobre quién posee el predio, qué uso de suelo tiene, qué puede construirse, qué autorizaciones requiere y si el proyecto es compatible con los instrumentos de ordenamiento territorial.
El marco urbano también está cambiando
Durante 2026, el Congreso de Quintana Roo aprobó modificaciones a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como a la Ley de Acciones Urbanísticas y otras disposiciones relacionadas con vivienda y desarrollo urbano.
Las reformas actualizan reglas aplicables a acciones como fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y conjuntos urbanos, además de establecer mecanismos de control y verificación.
El objetivo institucional es ordenar el crecimiento, pero para el sector privado el cambio implica también adaptarse a un marco regulatorio en evolución. La certeza jurídica se convierte así en una condición previa para determinar si un proyecto puede avanzar y bajo qué características.
El contraste deja una pregunta para la industria: si Quintana Roo conserva demanda de vivienda, infraestructura y nuevos desarrollos, ¿cuánto de esa demanda puede convertirse efectivamente en obra? La reducción posterior al ciclo del Tren Maya explica una parte de la menor actividad, mientras que la irregularidad de algunos proyectos y los requisitos de propiedad, ordenamiento y permisos agregan otra variable al comportamiento de la inversión.
Para las constructoras locales, el desafío no se limita a recuperar el volumen de obra perdido con las grandes inversiones federales. También está en que los nuevos proyectos privados lleguen a una condición jurídica, territorial y administrativa que permita ejecutarlos, generar empleo y activar nuevamente la cadena de proveedores de la construcción.